La semana pasada la Corte Suprema ratificó la condena de tres años y un día de presidio remitido para el cabo Walter Ramírez, quien mató de un disparo al joven mapuche Matías Catrileo en Vilcún, región de la Araucanía, en enero de 2008.
Su madre, Mónica Quezada, y su hermana, Catalinea Catrileo, anunciaron que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar una condena por homicidio que no implica ni un día de cárcel, y que emprenderán acciones civiles contra el Estado para indemnizar a su familia.
Frente a esto, el Partido Socialista solicitó que el Estado “repare debidamente a los familiares” y que el Alto Mando de Carabineros instruya inmediatamente la baja del cabo.
Además, el PS manifestó, a través de un comunicado, que “la ratificación de la condena del cabo Walter Ramírez viene en confirma el delito de homicidio cometido contra el joven mapuche Matías Catrileo Quezada (…) Ninguna acción de protesta social o reivindicatoria de derechos puede justificar, de manera alguna, los abusos y violencia contra las personas cometidas por miembros de la policía”.
Los socialistas afirmaron también que esta condena confirma “la denuncia del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas efectuada en 2009 respecto de los abusos y violencia contra personas indígenas cometidas por miembros de la policía”.
La semana pasada la Corte Suprema ratificó la condena de tres años y un día de presidio remitido para el cabo Walter Ramírez, quien mató de un disparo al joven mapuche Matías Catrileo en Vilcún, región de la Araucanía, en enero de 2008.
Su madre, Mónica Quezada, y su hermana, Catalinea Catrileo, anunciaron que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar una condena por homicidio que no implica ni un día de cárcel, y que emprenderán acciones civiles contra el Estado para indemnizar a su familia.
Frente a esto, el Partido Socialista solicitó que el Estado “repare debidamente a los familiares” y que el Alto Mando de Carabineros instruya inmediatamente la baja del cabo.
Además, el PS manifestó, a través de un comunicado, que “la ratificación de la condena del cabo Walter Ramírez viene en confirma el delito de homicidio cometido contra el joven mapuche Matías Catrileo Quezada (…) Ninguna acción de protesta social o reivindicatoria de derechos puede justificar, de manera alguna, los abusos y violencia contra las personas cometidas por miembros de la policía”.
Los socialistas afirmaron también que esta condena confirma “la denuncia del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas efectuada en 2009 respecto de los abusos y violencia contra personas indígenas cometidas por miembros de la policía”.
La semana pasada la Corte Suprema ratificó la condena de tres años y un día de presidio remitido para el cabo Walter Ramírez, quien mató de un disparo al joven mapuche Matías Catrileo en Vilcún, región de la Araucanía, en enero de 2008.
Su madre, Mónica Quezada, y su hermana, Catalinea Catrileo, anunciaron que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar una condena por homicidio que no implica ni un día de cárcel, y que emprenderán acciones civiles contra el Estado para indemnizar a su familia.
Frente a esto, el Partido Socialista solicitó que el Estado “repare debidamente a los familiares” y que el Alto Mando de Carabineros instruya inmediatamente la baja del cabo.
Además, el PS manifestó, a través de un comunicado, que “la ratificación de la condena del cabo Walter Ramírez viene en confirma el delito de homicidio cometido contra el joven mapuche Matías Catrileo Quezada (…) Ninguna acción de protesta social o reivindicatoria de derechos puede justificar, de manera alguna, los abusos y violencia contra las personas cometidas por miembros de la policía”.
Los socialistas afirmaron también que esta condena confirma “la denuncia del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas efectuada en 2009 respecto de los abusos y violencia contra personas indígenas cometidas por miembros de la policía”.
