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Mariano Rajoy asume como presidente de una España que intenta superar la crisis

El nuevo Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prestó juramento este miércoles ante el rey Juan Carlos I, al que después transmitirá su secreto mejor guardado, la composición del Ejecutivo que acometerá sus medidas de austeridad contra la crisis.

Radio Nederland

  Miércoles 21 de diciembre 2011 15:48 hrs. 
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“Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de Gobierno con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”, proclamó Rajoy con una mano sobre la Constitución y la otra sobre la Biblia.

El líder del Partido Popular, de 56 años, reemplaza así al socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de 51, que gobernaba desde 2004 y cuyo partido sufrió un grave revés electoral, penalizado por los votantes debido a unas impopulares medidas de rigor que no lograron sacar a España de la crisis.

Considerando que nuevas “reformas son tan necesarias como urgentes”, Rajoy aseguró el lunes que las grandes prioridades de su Gobierno serán “estimular el crecimiento y la creación de empleo” en un país con casi cinco millones de desempleados (21,52%) y bajo la amenaza de una nueva recesión.

“El Gobierno que forme no descansará hasta alcanzar este objetivo fundamental”, enfatizó durante su debate de investidura, en el que desveló un programa de austeridad y reformas destinado a tranquilizar los mercados.

El próximo paso que dará el nuevo jefe del Ejecutivo es anunciar por la tarde al rey, y posteriormente a la opinión pública, la composición de su Gobierno, un secreto del que nada se ha filtrado hasta ahora y que genera gran expectación.

El nuevo Ejecutivo entrará en funciones el jueves y el viernes celebrará su primer consejo de ministros, aunque será el siguiente, el del 30 de diciembre, el que tome las primeras “medidas urgentes en materia presupuestaria” anunciadas por Rajoy el lunes.

La identidad del ministro de Economía es aguardada con particular interés, sobre todo por los inversores, en un país que en las últimas semanas se encontró en primera línea de la crisis de la deuda en la Eurozona.

Entre los nombres que circulan figuran los de Cristóbal Montoro, coordinador económico del Partido Popular (PP); Luis de Guindos, ex secretario de Estado de Economía; Manuel Gonzalez Páramo, miembro del directorio del Banco Central Europeo (BCE); y Rodrigo Rato, ex director general del Fondo Monetario Internacional y actual presidente de la unión de cajas de ahorro Bankia.

El elegido tendrá la dura tarea de combinar rigor y reformas, en un momento en que España, doblemente castigada por la crisis y por el estallido de la burbuja inmobiliaria, volverá a caer probablemente en recesión a inicios de 2012, padeciendo ya una tasa de desempleo récord en la Unión Europea.

En el debate de investidura ante el Parlamento, Rajoy anunció nuevos recortes en el sector público en 2012, por valor al menos de 16.500 millones de euros, para intentar contener el déficit.

Y adelantó que podría no alcanzarse el objetivo del gobierno saliente de reducir el déficit público a un 6% del PIB en 2011, después de haber registrado un 11,1% en 2009 y un 9,3% en 2010. De ser así, Rajoy ya adelantó que prevé recortes adicionales, de 10.000 millones de euros más si el déficit alcanza finalmente el 7%.

Pese a que los mercados reaccionaron positivamente a este anuncio y el martes concedieron al Tesoro español una baja tasa de interés para sus emisiones de deuda a tres (1,735%) y seis meses (2,435%), la inquietud persiste.

Así lo demuestra un anuncio de la agencia de calificación Fitch, que el miércoles colocó en “vigilancia negativa” las notas de 14 comunidades autónomas, provincias y ciudades españoles, después de haber hecho lo mismo el 16 de diciembre con seis países de la Eurozona, entre ellos España, actualmente clasificada en “AA-” (cuarta mejor nota en una escala de 20).

Antes de acabar el año, el Consejo de Ministros aprobará la prolongación del actual presupuesto y en enero el Parlamento votará una ley de estabilidad presupuestaria para fijar los límites, a partir de 2020, de la deuda pública (60% del PIB) y el déficit estructural (0,40% del PIB).

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