Siete de cada diez habitantes de las comunas de Cerro Navia, Independencia, Renca, Peñalolén, Quinta Normal y El Bosque se sienten inseguros, según la novena encuesta anual “Percepción de la Población Pobre de Santiago sobre Seguridad Ciudadana” de la Universidad Católica Silva Henríquez.

Este 71 por ciento se sensación de inseguridad entre las personas de menores recursos representa un aumento de nueve puntos porcentuales respecto del año pasado y el tercer resultado más alto de los últimos nueve años.

Las razones de este importante incremento no se encuentran solamente en los mayores índices de delincuencia a nivel nacional, explica el autor del estudio, Marcelo Yáñez, sino que se relacionan con la percepción que las personas tienen de su entorno en términos de seguridad, idea que se genera a partir de la experiencia de sus cercanos y de lo que transmiten los medios de comunicación.

“Las razones de esta percepción, muy superior también a la tasa de victimización, que según el estudio es cercana al 41 por ciento, tiene que ver con situaciones bien concretas. Por una parte, un 40 por ciento de la gente consultada en forma directa o un familiar se han sentido afectadas por algún hecho que vulnera su seguridad, generalmente asaltos a las personas y robos a sus casas, y eso genera una sensación de inseguridad muy fuerte y que es persistente en el tiempo, puede durar un año o dos, todo eso va generando un resabio importante en la sensación de inseguridad. Hay un proceso de construcción de imágenes sociales a través de la experiencia de otras personas y de lo que comunican los propios medios que van contribuyendo a generar esta situación de inseguridad”, aclara el investigador.

Es por eso que esta encuesta, dice Yáñez, establece como victimización no sólo cuando una persona ha sido objeto de un delito, también cuando sus cercanos lo fueron.

La encuesta, realizada en noviembre pasado, también pregunta sobre la responsabilidad en el control delincuencia, cómo los califican y qué funciones debe tener cada entidad. Precisamente los temas que han mantenido en disputa al ministro del Interior con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Y más allá de las declaraciones cruzadas en la prensa y las polémicas levantadas sobre este tema, la opinión de las personas más vulnerables económicamente de Santiago parece salomónica: es responsabilidad del Estado en su conjunto.

“Nosotros hacemos la distinción de la percepción de la gente de la discusión pública que ha estado asociada a tratar de distinguir entre prevención, persecución y sanciones derivadas de la acción de la justicia. Para la gente el tema de la seguridad está vinculado a la cadena completa, por lo tanto, el mayor nivel de seguridad tienen que ver con si el Gobierno toma medidas concretas, como disponer de una mayor cantidad de carabineros, recursos, tribunales”, indica el investigador de la UCSH.

Y en el análisis desagregado del comportamiento de las instituciones ninguna pasa la prueba. Un 39,7 por ciento piensa que es responsabilidad de Carabineros de Chile, aunque es la institución que resulta mejor evaluada en el combate a la delincuencia. En tanto, un 29,3 por ciento cree que es una tarea que atañe a las municipalidades y sólo un 25,5 por ciento responsabiliza a los tribunales de justicia.

Sin embargo, en su relación directa con las instituciones las personas se sienten discriminadas, o bien, desilusionadas.

Un 85,1 por ciento cree que “hay poco apoyo estatal para que las familias pobres obtengan mayor seguridad”, tendencia que se mantiene desde el año 2003, mientras que un 58,6 por ciento no cree que Carabineros y la Policía de Investigaciones preste igual atención a la seguridad de los sectores acomodados y de menores recursos.

En este sentido, casi el 80 por ciento de los habitantes de estas comunas de la capital cree que es más seguro vivir en Las Condes y en Vitacura. Idea que se contradice con los índices de la Subsecretaría de Seguridad Pública que señalan que estas comunas han sufrido un mayor aumento de la delincuencia que otras más pobres, salvo Cerro Navia, que lidera todos los rankings capitalinos en esta materia.

Pero el problema no termina ahí. La mitad de las víctimas de delitos encuestadas hicieron la denuncia correspondiente, pero un 68 por ciento de ellos no obtuvo una respuesta satisfactoria. “Es más, dentro de las personas que no acudieron a ninguna parte, una de las principales razones para no hacerlo es la pérdida de credibilidad en el sistema. En definitiva, lo que ellos están diciendo es que tienen una mayor percepción de inseguridad derivado de que las policías no están cumpliendo su función o la que ellos creen que deberían hacer”, agrega Yáñez.

Idea que se agudiza en las fiscalías, cuando las causas son archivadas por falta de antecedentes, lo que ocurre generalmente con delitos de menor connotación social como hurtos o robos, precisamente la mayoría de los que afectan a este segmento de la población. “Entonces demandan que haya leyes más drásticas, que se apliquen las leyes y que los tribunales sean más eficientes”, dice el académico.

Sin embargo, las personas parecen lejanas a la disputa mediática entre los poderes del Estado a la hora de evaluar su calidad de vida. Marcelo Yáñez afirma que “para la gente pobre la discusión respecto de quién es la responsabilidad de la prevención, persecución y sanción pareciera ser que no le es muy relevante porque para ella lo que le es relevante es que en lo cotidiano enfrentan una percepción de inseguridad que los hace sentir vulnerables y lo que demandan es un conjunto de medidas que involucran a todos los actores. Porque el conjunto del funcionamiento de los órganos del Estado, según la gente entrevistada, es lo que permitiría reducir la sensación de inseguridad”.

40 por ciento de pobres

Una de las particularidades de este estudio es que se enfoca en las comunas de menores recursos de Santiago, sectores que generalmente no se incluyen en los sondeos de opinión masivos porque se hacen por teléfono, o bien, porque hay lugares que podrían ser riesgosos para los encuestadores.

Sin embargo, para la Escuela de Administración y Economía de la  UCSH la línea de la pobreza se encuentra mucho más arriba que la oficial. Según explican, luego de consultarle a los propios encuestados, el 2003, acerca de sus necesidades básicas y de comparar estudios sobre la medición de la pobreza como los de la Fundación Terram, llegaron a la conclusión que son pobres las personas que tienen un ingreso de $158.000 mensuales por cada miembro de la familia, mientras que alguien que vive solo requiere $237.000 para no estar en este grupo.

Con esto, el porcentaje de pobreza en la Región Metropolitana sería de un 40 a un 45 por ciento, muy lejano al 15 por ciento oficial. Cifra que coincide además con los destinatarios de las políticas públicas que, por general, están enfocadas en los dos últimos quintiles.

La encuesta fue aplicada en hogares de 372 personas pobres y tiene 99,7 por ciento de nivel de confianza y un 4,1 por ciento de error muestral estimado.