Como un instrumento que busca coartar las libertades públicas de la ciudadanía y desarticular los movimientos sociales fue catalogado el proyecto de “Resguardo del Orden Público”, que fue aprobado a días de la navidad en la Cámara Baja y que establece sanciones para quienes convoquen a marchas o tomas, aunque sean pacíficas.
La diputada PPD, Cristina Girardi, señaló que esta aprobación era casi natural, ya que en la comisión hay una mayoría oficialista, dispuesta a apoyar al Gobierno en su intento de criminalizar la protesta social, y declaró que “disfraza la represión hacia los movimientos sociales. Trata de poner en el mismo orden actos delictivos con actos de protesta social, los que tienen que ver con temas políticos y no con delincuencia. Es algo muy peligroso para la democracia”.
Girardi advirtió que esta ley busca legitimar la disposición de las autoridades de poner a los Carabineros y la represión por delante de temas cuya respuesta debe darse en el ámbito político, no en el judicial. Además, afirmó que la ley debe pasar ahora a Sala antes de ser despachada al Senado.
Por su parte, el diputado Sergio Aguiló, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, llamó a los ciudadanos a no alarmarse, ya que está convencido de que el proyecto será rechazado en el senado, y también criticó la iniciativa.
“Chile tiene suficientes leyes restrictivas respecto a seguridad y orden público, muchas de las que salieron en dictadura. Son muchas normas muy drásticas como para sumar leyes más restrictivas, algunas de las cuales son inconstitucionales y violan tratados internacionales que Chile ha suscrito”, declaró.
Dentro de estas se encuentra la Ley Antiterrorista, la Ley de Seguridad del Estado y el decreto de ley que obliga a solicitar autorización para movilizarse. Para Aguiló, esta ley viene a sumarse a un conjunto de normas que buscan que no se repita el escenario de movilizaciones estudiantiles del año 2011.
Sobre esto se refirió, José Soto, Presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, e indicó que “refleja las dos caras con las que el Gobierno se ha enfrentado a los estudiantes. Por un lado dice escuchar, y por otro lado condena la movilización que el propio Presidente ha catalogado de hermosa y noble. ¿De qué forma el Gobierno quiere dialogar si la única forma de hacernos escuchar fue con las manifestaciones?”.
“Este año hemos recibido prácticamente 300 bombas lacrimógenas al interior del Liceo, la mayoría de ellas lanzadas sin provocación alguna en medio de manifestaciones pacíficas”, afirmó el dirigente, y advirtió que de continuar esta actitud, lo único que va a provocar es más rabia por parte de los estudiantes secundarios, los que, indicó, continuarán la lucha por una educación gratuita y de calidad durante el 2012.
Como un instrumento que busca coartar las libertades públicas de la ciudadanía y desarticular los movimientos sociales fue catalogado el proyecto de “Resguardo del Orden Público”, que fue aprobado a días de la navidad en la Cámara Baja y que establece sanciones para quienes convoquen a marchas o tomas, aunque sean pacíficas.
La diputada PPD, Cristina Girardi, señaló que esta aprobación era casi natural, ya que en la comisión hay una mayoría oficialista, dispuesta a apoyar al Gobierno en su intento de criminalizar la protesta social, y declaró que “disfraza la represión hacia los movimientos sociales. Trata de poner en el mismo orden actos delictivos con actos de protesta social, los que tienen que ver con temas políticos y no con delincuencia. Es algo muy peligroso para la democracia”.
Girardi advirtió que esta ley busca legitimar la disposición de las autoridades de poner a los Carabineros y la represión por delante de temas cuya respuesta debe darse en el ámbito político, no en el judicial. Además, afirmó que la ley debe pasar ahora a Sala antes de ser despachada al Senado.
Por su parte, el diputado Sergio Aguiló, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, llamó a los ciudadanos a no alarmarse, ya que está convencido de que el proyecto será rechazado en el senado, y también criticó la iniciativa.
“Chile tiene suficientes leyes restrictivas respecto a seguridad y orden público, muchas de las que salieron en dictadura. Son muchas normas muy drásticas como para sumar leyes más restrictivas, algunas de las cuales son inconstitucionales y violan tratados internacionales que Chile ha suscrito”, declaró.
Dentro de estas se encuentra la Ley Antiterrorista, la Ley de Seguridad del Estado y el decreto de ley que obliga a solicitar autorización para movilizarse. Para Aguiló, esta ley viene a sumarse a un conjunto de normas que buscan que no se repita el escenario de movilizaciones estudiantiles del año 2011.
Sobre esto se refirió, José Soto, Presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, e indicó que “refleja las dos caras con las que el Gobierno se ha enfrentado a los estudiantes. Por un lado dice escuchar, y por otro lado condena la movilización que el propio Presidente ha catalogado de hermosa y noble. ¿De qué forma el Gobierno quiere dialogar si la única forma de hacernos escuchar fue con las manifestaciones?”.
“Este año hemos recibido prácticamente 300 bombas lacrimógenas al interior del Liceo, la mayoría de ellas lanzadas sin provocación alguna en medio de manifestaciones pacíficas”, afirmó el dirigente, y advirtió que de continuar esta actitud, lo único que va a provocar es más rabia por parte de los estudiantes secundarios, los que, indicó, continuarán la lucha por una educación gratuita y de calidad durante el 2012.
Como un instrumento que busca coartar las libertades públicas de la ciudadanía y desarticular los movimientos sociales fue catalogado el proyecto de “Resguardo del Orden Público”, que fue aprobado a días de la navidad en la Cámara Baja y que establece sanciones para quienes convoquen a marchas o tomas, aunque sean pacíficas.
La diputada PPD, Cristina Girardi, señaló que esta aprobación era casi natural, ya que en la comisión hay una mayoría oficialista, dispuesta a apoyar al Gobierno en su intento de criminalizar la protesta social, y declaró que “disfraza la represión hacia los movimientos sociales. Trata de poner en el mismo orden actos delictivos con actos de protesta social, los que tienen que ver con temas políticos y no con delincuencia. Es algo muy peligroso para la democracia”.
Girardi advirtió que esta ley busca legitimar la disposición de las autoridades de poner a los Carabineros y la represión por delante de temas cuya respuesta debe darse en el ámbito político, no en el judicial. Además, afirmó que la ley debe pasar ahora a Sala antes de ser despachada al Senado.
Por su parte, el diputado Sergio Aguiló, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, llamó a los ciudadanos a no alarmarse, ya que está convencido de que el proyecto será rechazado en el senado, y también criticó la iniciativa.
“Chile tiene suficientes leyes restrictivas respecto a seguridad y orden público, muchas de las que salieron en dictadura. Son muchas normas muy drásticas como para sumar leyes más restrictivas, algunas de las cuales son inconstitucionales y violan tratados internacionales que Chile ha suscrito”, declaró.
Dentro de estas se encuentra la Ley Antiterrorista, la Ley de Seguridad del Estado y el decreto de ley que obliga a solicitar autorización para movilizarse. Para Aguiló, esta ley viene a sumarse a un conjunto de normas que buscan que no se repita el escenario de movilizaciones estudiantiles del año 2011.
Sobre esto se refirió, José Soto, Presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, e indicó que “refleja las dos caras con las que el Gobierno se ha enfrentado a los estudiantes. Por un lado dice escuchar, y por otro lado condena la movilización que el propio Presidente ha catalogado de hermosa y noble. ¿De qué forma el Gobierno quiere dialogar si la única forma de hacernos escuchar fue con las manifestaciones?”.
“Este año hemos recibido prácticamente 300 bombas lacrimógenas al interior del Liceo, la mayoría de ellas lanzadas sin provocación alguna en medio de manifestaciones pacíficas”, afirmó el dirigente, y advirtió que de continuar esta actitud, lo único que va a provocar es más rabia por parte de los estudiantes secundarios, los que, indicó, continuarán la lucha por una educación gratuita y de calidad durante el 2012.
