Funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano llegaron hasta la Corte de Apelaciones y Contraloría para denunciar despidos injustificados y acusar a la autoridad del organismo por no respetar normativa legal.
Los trabajadores de la repartición estatal reclaman que ésta despidió a gente en lista uno de excelencia, sin reconocer las instancias de negociación sindical ni el sistema de calificaciones establecido por la ley.
Respecto de la desvinculación de trabajadores, la vicepresidenta del sindicato de funcionarios, Carolina Zamudio señaló que “son 27 despedidos que ya están notificados por lo tanto terminan de trabajar este 30 de diciembre, todos en lista 1 de excelencia. El problema es que estas autoridades, incluso lo dicen abiertamente, no reconocen ningún sistema de calificación. En un primer momento cuando fueron las pre calificaciones dieron órdenes a las distintas jefaturas para que calificarán mal a los funcionarios, como eso no dio resultado, ahora les importa bien poco el tema de las calificaciones”.
Debido a esta situación en que habrían presionado a las jefaturas intermedias para elaborar el listado de despedidos por antigüedad y participación sindical, el gremio presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Además, realizó una presentación formal en Contraloría a fin de que el organismo fiscalizador se pronuncie por lo que calificaron como “graves irregularidades”.
“Vamos a ir a la Contraloría a hacer una presentación argumentando que el director de Serviu Metropolitano tampoco cumplió el reglamento general de calificaciones, entre otras cosas que el proceso de calificaciones se encuentra viciado producto del retraso de la entrega de los funcionarios que él tiene a su cargo”, explicó la dirigentea
A estos despidos ya notificados a cada uno de los involucrados y que se harían efectivos a contar de hoy 30 de diciembre, se suma al largo listado de desvinculaciones en el sector público, que ya sobrepasa las mil 200 y que, como ha denunciado la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, tendrían razones políticas de fondo.
Funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano llegaron hasta la Corte de Apelaciones y Contraloría para denunciar despidos injustificados y acusar a la autoridad del organismo por no respetar normativa legal.
Los trabajadores de la repartición estatal reclaman que ésta despidió a gente en lista uno de excelencia, sin reconocer las instancias de negociación sindical ni el sistema de calificaciones establecido por la ley.
Respecto de la desvinculación de trabajadores, la vicepresidenta del sindicato de funcionarios, Carolina Zamudio señaló que “son 27 despedidos que ya están notificados por lo tanto terminan de trabajar este 30 de diciembre, todos en lista 1 de excelencia. El problema es que estas autoridades, incluso lo dicen abiertamente, no reconocen ningún sistema de calificación. En un primer momento cuando fueron las pre calificaciones dieron órdenes a las distintas jefaturas para que calificarán mal a los funcionarios, como eso no dio resultado, ahora les importa bien poco el tema de las calificaciones”.
Debido a esta situación en que habrían presionado a las jefaturas intermedias para elaborar el listado de despedidos por antigüedad y participación sindical, el gremio presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Además, realizó una presentación formal en Contraloría a fin de que el organismo fiscalizador se pronuncie por lo que calificaron como “graves irregularidades”.
“Vamos a ir a la Contraloría a hacer una presentación argumentando que el director de Serviu Metropolitano tampoco cumplió el reglamento general de calificaciones, entre otras cosas que el proceso de calificaciones se encuentra viciado producto del retraso de la entrega de los funcionarios que él tiene a su cargo”, explicó la dirigentea
A estos despidos ya notificados a cada uno de los involucrados y que se harían efectivos a contar de hoy 30 de diciembre, se suma al largo listado de desvinculaciones en el sector público, que ya sobrepasa las mil 200 y que, como ha denunciado la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, tendrían razones políticas de fondo.
Funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano llegaron hasta la Corte de Apelaciones y Contraloría para denunciar despidos injustificados y acusar a la autoridad del organismo por no respetar normativa legal.
Los trabajadores de la repartición estatal reclaman que ésta despidió a gente en lista uno de excelencia, sin reconocer las instancias de negociación sindical ni el sistema de calificaciones establecido por la ley.
Respecto de la desvinculación de trabajadores, la vicepresidenta del sindicato de funcionarios, Carolina Zamudio señaló que “son 27 despedidos que ya están notificados por lo tanto terminan de trabajar este 30 de diciembre, todos en lista 1 de excelencia. El problema es que estas autoridades, incluso lo dicen abiertamente, no reconocen ningún sistema de calificación. En un primer momento cuando fueron las pre calificaciones dieron órdenes a las distintas jefaturas para que calificarán mal a los funcionarios, como eso no dio resultado, ahora les importa bien poco el tema de las calificaciones”.
Debido a esta situación en que habrían presionado a las jefaturas intermedias para elaborar el listado de despedidos por antigüedad y participación sindical, el gremio presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Además, realizó una presentación formal en Contraloría a fin de que el organismo fiscalizador se pronuncie por lo que calificaron como “graves irregularidades”.
“Vamos a ir a la Contraloría a hacer una presentación argumentando que el director de Serviu Metropolitano tampoco cumplió el reglamento general de calificaciones, entre otras cosas que el proceso de calificaciones se encuentra viciado producto del retraso de la entrega de los funcionarios que él tiene a su cargo”, explicó la dirigentea
A estos despidos ya notificados a cada uno de los involucrados y que se harían efectivos a contar de hoy 30 de diciembre, se suma al largo listado de desvinculaciones en el sector público, que ya sobrepasa las mil 200 y que, como ha denunciado la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, tendrían razones políticas de fondo.
