Actualmente 204.562 familias chilenas viven en una mediaagua. Si bien se sabe que fue el terremoto del 27 de febrero del 2010 el que engrosó este número, todo indica que aún no se entregan soluciones reales para las familias que lo necesitan.
Según creen los expertos, la meta del ministerio de Vivienda y Urbanismo de construir 110 mil viviendas y reparar varias decenas más durante este año está lejos de cumplirse, ante los resultados experimentados en los años anteriores.
Ricardo Tapia, académico e investigador del Observatorio de la Vivienda de la Universidad de Chile cuestiona que la mayor cantidad de beneficios habitacionales actuales este ligado al mercado inmobiliario y la banca.
“Es muy difícil que se logren las metas de construir esa cantidad de viviendas por lo que significan los tiempos de construcción, porque las inmobiliarias que construyan estas viviendas consigan terrenos aptos para edificar en un valor tal, que el precio final de la casa sea financiado por el pago de los subsidios. el problema es que el crédito hipotecario lo regula la banca privada y todavía no se sabe si el 100% del universo de los damnificados va a poder acceder a estos créditos hipotecarios”, explicó Tapia
Según información del Minvu los actuales subsidios habitacionales disponibles en el Serviu apuntan a dos ejes básicamente: primero ayudar a la construcción de una vivienda en el sitio de una persona afectada por el terremoto y dos comprar una casa o departamento con una ayuda de entre 100 y 600 UF, dependiendo del valor de la vivienda, el tramo al que se postula y la región en donde se pretende vivir.
Para, Alexis Parada, representante del Movimiento Pueblo sin Techo estos beneficios no ayudan verdaderamente a la población que lo necesita.
“Muchas familias no pueden salir del problema del allegamiento porque no hay condiciones reales para que puedan postular al subsidio, por lo tanto el tema de los campamentos es un problema endémico. Va a continuar y ningún Gobierno va a ser capaz de terminar con ellos mientras no hayan cambios de fondo en la política habitacional”, enfatizó el dirigente.
Asimismo Parada cuestiona el actual sistema de postulación para el subsidio habitacional, el cual se basa principalmente en el ahorro de cada familia y en la Ficha de Protección Social, medición que el dirigente asegura “es un mal indicador, que sólo está aumentando la cantidad de deudores habitacionales”.
“Ellos les llaman sectores emergentes y los sectores emergentes son los que tienen ocho mil 501 punto hacia arriba en la Ficha de Protección Social. Hoy la Ficha está saltando, los puntajes están subiendo, por lo tanto la categoría de emergentes muchos de ellos. Han colocado mucho énfasis en el Decreto Supremo 1 y lo que están haciendo es construir una nueva bolsa de deudores que en un año y medio o dos años esa bolsa de deudores va a ser impresionante”, detalló Parada.
Las críticas apuntan a la eliminación del antes conocido como subsidio Solidario de Tramo I, que permitía comprar una vivienda sin deuda para las personas con menos de 8 mil puntos en la Ficha de Protección Social, con un monto máximo de 14 millones de pesos. Los subsidios actuales, que según las autoridades son dirigidos para la clase media, piden 30 UF de ahorro por cada familia y entregan hasta 600 UF para comprar una vivienda de hasta 1000, obligando al interesado en pedir un crédito hipotecario si el valor del inmueble es mayor a 10 millones de pesos.
Los otros subsidios que están disponibles se mantienen básicamente igual que en la administración anterior, van entre 100 y 300 UF y se pueden comprar viviendas de hasta 40 millones de pesos. Tramos que evidentemente no son para los sectores más pobres del país.
Actualmente 204.562 familias chilenas viven en una mediaagua. Si bien se sabe que fue el terremoto del 27 de febrero del 2010 el que engrosó este número, todo indica que aún no se entregan soluciones reales para las familias que lo necesitan.
Según creen los expertos, la meta del ministerio de Vivienda y Urbanismo de construir 110 mil viviendas y reparar varias decenas más durante este año está lejos de cumplirse, ante los resultados experimentados en los años anteriores.
Ricardo Tapia, académico e investigador del Observatorio de la Vivienda de la Universidad de Chile cuestiona que la mayor cantidad de beneficios habitacionales actuales este ligado al mercado inmobiliario y la banca.
“Es muy difícil que se logren las metas de construir esa cantidad de viviendas por lo que significan los tiempos de construcción, porque las inmobiliarias que construyan estas viviendas consigan terrenos aptos para edificar en un valor tal, que el precio final de la casa sea financiado por el pago de los subsidios. el problema es que el crédito hipotecario lo regula la banca privada y todavía no se sabe si el 100% del universo de los damnificados va a poder acceder a estos créditos hipotecarios”, explicó Tapia
Según información del Minvu los actuales subsidios habitacionales disponibles en el Serviu apuntan a dos ejes básicamente: primero ayudar a la construcción de una vivienda en el sitio de una persona afectada por el terremoto y dos comprar una casa o departamento con una ayuda de entre 100 y 600 UF, dependiendo del valor de la vivienda, el tramo al que se postula y la región en donde se pretende vivir.
Para, Alexis Parada, representante del Movimiento Pueblo sin Techo estos beneficios no ayudan verdaderamente a la población que lo necesita.
“Muchas familias no pueden salir del problema del allegamiento porque no hay condiciones reales para que puedan postular al subsidio, por lo tanto el tema de los campamentos es un problema endémico. Va a continuar y ningún Gobierno va a ser capaz de terminar con ellos mientras no hayan cambios de fondo en la política habitacional”, enfatizó el dirigente.
Asimismo Parada cuestiona el actual sistema de postulación para el subsidio habitacional, el cual se basa principalmente en el ahorro de cada familia y en la Ficha de Protección Social, medición que el dirigente asegura “es un mal indicador, que sólo está aumentando la cantidad de deudores habitacionales”.
“Ellos les llaman sectores emergentes y los sectores emergentes son los que tienen ocho mil 501 punto hacia arriba en la Ficha de Protección Social. Hoy la Ficha está saltando, los puntajes están subiendo, por lo tanto la categoría de emergentes muchos de ellos. Han colocado mucho énfasis en el Decreto Supremo 1 y lo que están haciendo es construir una nueva bolsa de deudores que en un año y medio o dos años esa bolsa de deudores va a ser impresionante”, detalló Parada.
Las críticas apuntan a la eliminación del antes conocido como subsidio Solidario de Tramo I, que permitía comprar una vivienda sin deuda para las personas con menos de 8 mil puntos en la Ficha de Protección Social, con un monto máximo de 14 millones de pesos. Los subsidios actuales, que según las autoridades son dirigidos para la clase media, piden 30 UF de ahorro por cada familia y entregan hasta 600 UF para comprar una vivienda de hasta 1000, obligando al interesado en pedir un crédito hipotecario si el valor del inmueble es mayor a 10 millones de pesos.
Los otros subsidios que están disponibles se mantienen básicamente igual que en la administración anterior, van entre 100 y 300 UF y se pueden comprar viviendas de hasta 40 millones de pesos. Tramos que evidentemente no son para los sectores más pobres del país.
Actualmente 204.562 familias chilenas viven en una mediaagua. Si bien se sabe que fue el terremoto del 27 de febrero del 2010 el que engrosó este número, todo indica que aún no se entregan soluciones reales para las familias que lo necesitan.
Según creen los expertos, la meta del ministerio de Vivienda y Urbanismo de construir 110 mil viviendas y reparar varias decenas más durante este año está lejos de cumplirse, ante los resultados experimentados en los años anteriores.
Ricardo Tapia, académico e investigador del Observatorio de la Vivienda de la Universidad de Chile cuestiona que la mayor cantidad de beneficios habitacionales actuales este ligado al mercado inmobiliario y la banca.
“Es muy difícil que se logren las metas de construir esa cantidad de viviendas por lo que significan los tiempos de construcción, porque las inmobiliarias que construyan estas viviendas consigan terrenos aptos para edificar en un valor tal, que el precio final de la casa sea financiado por el pago de los subsidios. el problema es que el crédito hipotecario lo regula la banca privada y todavía no se sabe si el 100% del universo de los damnificados va a poder acceder a estos créditos hipotecarios”, explicó Tapia
Según información del Minvu los actuales subsidios habitacionales disponibles en el Serviu apuntan a dos ejes básicamente: primero ayudar a la construcción de una vivienda en el sitio de una persona afectada por el terremoto y dos comprar una casa o departamento con una ayuda de entre 100 y 600 UF, dependiendo del valor de la vivienda, el tramo al que se postula y la región en donde se pretende vivir.
Para, Alexis Parada, representante del Movimiento Pueblo sin Techo estos beneficios no ayudan verdaderamente a la población que lo necesita.
“Muchas familias no pueden salir del problema del allegamiento porque no hay condiciones reales para que puedan postular al subsidio, por lo tanto el tema de los campamentos es un problema endémico. Va a continuar y ningún Gobierno va a ser capaz de terminar con ellos mientras no hayan cambios de fondo en la política habitacional”, enfatizó el dirigente.
Asimismo Parada cuestiona el actual sistema de postulación para el subsidio habitacional, el cual se basa principalmente en el ahorro de cada familia y en la Ficha de Protección Social, medición que el dirigente asegura “es un mal indicador, que sólo está aumentando la cantidad de deudores habitacionales”.
“Ellos les llaman sectores emergentes y los sectores emergentes son los que tienen ocho mil 501 punto hacia arriba en la Ficha de Protección Social. Hoy la Ficha está saltando, los puntajes están subiendo, por lo tanto la categoría de emergentes muchos de ellos. Han colocado mucho énfasis en el Decreto Supremo 1 y lo que están haciendo es construir una nueva bolsa de deudores que en un año y medio o dos años esa bolsa de deudores va a ser impresionante”, detalló Parada.
Las críticas apuntan a la eliminación del antes conocido como subsidio Solidario de Tramo I, que permitía comprar una vivienda sin deuda para las personas con menos de 8 mil puntos en la Ficha de Protección Social, con un monto máximo de 14 millones de pesos. Los subsidios actuales, que según las autoridades son dirigidos para la clase media, piden 30 UF de ahorro por cada familia y entregan hasta 600 UF para comprar una vivienda de hasta 1000, obligando al interesado en pedir un crédito hipotecario si el valor del inmueble es mayor a 10 millones de pesos.
Los otros subsidios que están disponibles se mantienen básicamente igual que en la administración anterior, van entre 100 y 300 UF y se pueden comprar viviendas de hasta 40 millones de pesos. Tramos que evidentemente no son para los sectores más pobres del país.
