El gobierno de Sebastián Piñera ha estado marcado por los llamados ‘conflictos de intereses’: las autoridades de confianza del Presidente tuvieron entre sus seleccionados algunos conspicuos miembros del mundo empresarial vinculados sectorialmente a los cargos a los que llegaban, pasando de un lado al otro del mesón, mientras se conservaba un pie en el mundo original. Ruiz Tagle, máxima autoridad deportiva, propietario de una Sociedad Anónima Deportiva; Joaquín Lavín, Ministro de Educación, propietario de una importante universidad privada; el intendente Galilea en el Maule, nombrado con posterioridad al hecho que su constructora había realizado las obras de desplomadas viviendas en la región y, por tanto, teniendo que defender a los ciudadanos de sí mismo. Son estos ejemplos algunos de los que nos hablan de conflictos de intereses directos (hay además decenas de conflictos indirectos acreditados y sospechas las hay aún más). Por supuesto, el premio al respecto lo tenía, hasta ahora, el mismísimo Presidente de la República, pletórico en conflictos entre sus intereses privados y sus obligaciones públicas, logrando precios increíbles en sus empresas al venderlas desde su cargo (por poner un ejemplo, Chilevisión costó tres veces más que Canal 13 y diez veces más que Mega). De cualquier modo, el término correcto sería “armonía de intereses”, ya que no cabe duda que ha existido una perfecta sinergia entre los cargos y las oportunidades de satisfacer desde ellos el interés personal. Todo esto sin contar los innumerables conflictos potenciales o los claramente sospechosos pasos de personas al mundo público con posterior retorno al privado, manteniendo siempre la propiedad no obstante los anuncios en contrario.
La “armonía de intereses” (que mi cargo y mis empresas se convengan) ha sido significativa y su carácter lesivo, al desajustar el interés público, es evidente. Los casos relatados, en todo caso, son insignificantes en número al enorme volumen visto en otros cargos y a las confusas marañas que relacionan de modo indirecto a las autoridades con el mundo empresarial, el que a su vez, por sus altos grados de integración vertical (participación en distintas industrias relacionadas), permite generar rendimientos en cadena desde una industria a otra, sin vínculo visible a ojos del ciudadano común.
Sin embargo, se debe reconocer que aunque los ‘conflictos de intereses’ han sido impresentables, también ha sido valiente este gobierno al explicitarlos tanto. El gobierno de Piñera quiso dejar en claro que era éste un gobierno de empresarios antes que un simple gobierno de derecha, fue esa su apuesta. No estaban los tecnócratas, no estaban los políticos, estaban los empresarios por todos los sitios de palacio. Era inevitable así la armonía de intereses entre las carteras ministeriales y otros cargos respecto a los negocios personalmente en juego. Por esto, si se pretendía legitimar que el interés del empresario es idéntico al de la sociedad, Piñera habría apostado en la dirección correcta… siempre y cuando funcionara, claro está.
Pero no funcionó. Los conflictos de intereses demostraron ser una carga insufrible para la ciudadanía y la caída de la legitimidad del empresariado (y del modelo) precipitó las cosas, generando una mirada de desconfianza profunda de parte de la ciudadanía hacia los entronques políticos-económicos. No obstante, una epifanía había revelado un nombre a Piñera: el nuevo Ministro de Agricultura debía ser Luis Mayol, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, entidad que describe su filosofía como la “unión mediante organizaciones gremiales que velen por sus intereses y planteen una postura ante el Estado”. Esta entidad se piensa a sí misma enfrentando el Estado para defender sus posiciones gremiales. Por tanto, el tránsito al Estado de modo directo de su presidente debe ser leído como una concesión ilimitada del gobierno y del Estado de Chile a un sector.
El año 2011 hubo intensas movilizaciones de los agricultores, apoyados por la derecha más dura. Pidieron estabilizar el precio del dólar, generar regulaciones a favor de la producción nacional y específicamente Luis Mayol, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura hasta el 29 de diciembre de 2011, dijo a La Tercera que su propuesta era eliminar el pago de indemnizaciones a los trabajadores del agro y “establecer un buen seguro de cesantía que se junte en el tiempo, como una especie de cuenta (de ahorro) cosa que no afecte al término laboral entre trabajador y empleador”. Es decir, el señor Mayol sugería un sistema de autoindemnización, donde el mismo trabajador juntaba el dinero que usaría para cuando fuese despedido. Resulta difícil ser más creativo… y más bajo.
De cualquier modo, si parecía que la sorpresa no tenía más espacio, debemos notar que el mismo día de su nombramiento, Luis Mayol figuraba en la página del Ministerio de Energía con la siguiente noticia: “El acuerdo, firmado por el Ministro (S) de Energía, Sergio del Campo, y el Presidente de la SNA, Luis Mayol, comprende el traspaso de $179.649.000 para incentivar el uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), en los establecimientos de educación de la SNA.” Traduzcamos el texto a un lenguaje menos elusivo: la SNA recibía fondos públicos desde el gobierno, siendo el firmante de la parte privada receptora un flamante ministro del gobierno, nominado ese mismo día. En un mismo día, la Sociedad Nacional de Agricultura recibía fondos, un ministerio y la complacencia de La Moneda; todo eso había tomado la forma de ministro.
El nombramiento de Luis Mayol como Ministro de Agricultura revela no sólo la prescindencia de las autoridades políticas actuales de Chile respecto a las normas básicas de equilibrios de poderes, democracia y respeto a la institucionalidad; sino además el afán de provocación que los inunda. Para defender los intereses del agro, para satisfacer a la SNA, para aliarse con la derecha más dura y tradicional, para dar una señal al latifundio y su poder histórico, no era necesario ser obsceno, no era necesario instalar directamente al Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Los pecados iniciales (no respetar equilibrios, no creer en la democracia, no respetar la institucionalidad) revelan un afán de poder desmesurado y un tráfico de influencias que lesiona el futuro de Chile. Pero no respetar las formas revela algo que, sin ser peor en lo político que lo anterior, es peor en lo profundo del alma: el desprecio por los ciudadanos, el desinterés por ocultar las trampas, la obscenidad de transformar lo implícito en explícito.
Los conflictos de intereses, desde el inicio del 2012, han dado un paso más allá de lo que el 2010 y el 2011 nos mostraron: hemos terminado el camino que va desde la indecencia a la pornografía. Los intereses privados están desnudos y se pasean triunfantes y sin elegancia por La Moneda, mientras sus obscenidades se transmiten por televisión y sus deseos se cumplen en forma de cargos y políticas.
Alberto Mayol, sociólogo y académico Universidad de Chile
