Su solidaridad con los familiares de los trabajadores muertos en la tragedia de Carahue, con los brigadistas y trabajadores de la Conaf, expresaron los presidentes de los partidos de la Concertación, quienes apuntaron a una fuerte improvisación y falta de medidas anticipatorias del Gobierno.

Además, criticaron con fuerza la imprudencia de las autoridades al exponer públicamente una tesis de atentado terrorista, culpando a las comunidades mapuche sin pruebas.

En este sentido, señalaron que  los dichos del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, son sólo la cosecha de una actitud confrontacional por parte del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

El vocero del conglomerado, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, dijo que “si hay indicios de acciones provocadas, estos antecedentes deben ser entregados al Ministerio Público, que por mandato legal, son los llamados a investigar estos hechos”.

El diputado socialista consideró que “especialmente imprudente y apresurado ha sido el ministro en sus palabras, al adjudicar a priori y al voleo, la comisión de estos hechos”.

“En síntesis, queremos señalar que el Gobierno está utilizando para fines políticos la ley Antiterrorista, no está garantizando la paz social en Chile y amenaza con la ley Antiterrorista solo con un objetivo de carácter político”, agregó.

Andrade hizo un llamado al Parlamento a utilizar todas sus atribuciones para fiscalizar esta situación y a evidenciar también la improvisación del Gobierno en la estrategia país, revelando la falta de preparación de los brigadistas y la falta de recursos de la institución.

“El ministro de Educación tiene que tomar cartas en cancelaciones de matrículas en Providencia”

En el encuentro también se trató la situación de los alumnos de Providencia que estarían siendo criminalizados por su participación en las tomas y movilizaciones de 2011.

La presidenta del PPD, Carolina Tohá, afirmó que esto es una persecución completamente ilegal: “Ya hay cuarenta alumnos y alumnas a los que, con distintas excusas, no se les renueva la matrícula o se les expulsa. Como presidentes de partidos, vamos a plantearle al Mineduc y al ministro Harald Beyer que esto es una situación que no se puede aceptar. El ministro tiene que tomar cartas en el asunto: hay una ley que se está vulnerando y hay un compromiso de la autoridad, que no iba a haber este tipo de persecución”, declaró.

Carolina Tohá sostuvo que “los niños y jóvenes que están siendo sancionados fueron parte de un amplísimo movimiento y es totalmente injusto que algunos de ellos tengan que sufrir sanciones de este tipo, sobre todo cuando se está vulnerando una ley”.

Felipe Pizarro, coordinador general de Apodérate, organizaciones de padres y apoderados, expuso esta situación ante los presidentes de partidos y dio cuenta de situaciones sumamente irregulares: “Ha habido casos dramáticos. A una alumna de octavo básico que en medio de una reunión de alumnas del Carmela Carvajal, porque aplaude y grita a favor de sus compañeras, se le cancela la matrícula. Hemos llegado a niveles de ridiculez por parte del alcalde de Providencia, que no tienen parangón en la historia”, dijo.

Pizarro añadió que esta semana los casos de Providencia podrían duplicarse, ya que el proceso de matrícula no ha terminado. Aún falta el Liceo Lastarria, el Alessandri y el Tajamar, y advirtió que esto también está ocurriendo en comunas como Ñuñoa y Santiago. También se han registrado algunos casos en regiones.

Frente a esto, los jóvenes presentarán acciones legales para frenar la aplicación de estas políticas las que consideran “a todas luces abusivas”.