Por falta de documentos, por carecer de una argumentación jurídica coherente y clara y por presentar ideas contradictorias, el Tribunal Constitucional rechazó acoger a tramitación el requerimiento en contra de la Ley Antidiscriminación presentado por 33 parlamentarios de la UDI, nueve RN, dos independientes y un DC.

Para el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, esta decisión representa “una gran, contundente y humillante derrota para quienes se oponen a la igualdad social”.

“Esta resolución viene a demostrar que los opositores a incluir a la diversidad sexual en la ley contra la discriminación actúan en forma  desesperada, a la rápida, donde poco importa hacer valer los principios constitucionales, sino que sólo imponer una ideología del odio”, señaló Jiménez.

El presidente del Movilh anunció que si los parlamentarios no desisten de sus acciones en contra de esta ley, junto a “junto a 52 congresistas de todos los partidos, a excepción de la UDI, ya tenemos listo nuestro escrito para presentar al TC y enfrentar con argumentos esta odiosidad”.

El requerimiento fue rechazado por ocho votos – del presidente del TC  Raúl Bertelsen y de    los ministros Hernán Vodanovic, Marisol Peña, Enrique Navarro, Francisco Fernández, Carlos Carmona, José Antonio Viera Gallo,  Gonzalo García. En contra de la esta determinación estuvieron  los ministros Iván Aróstica y Marcelo Venegas.

Una de las razones para rechazar este requerimiento fue que no cumplió con formalidades como adjuntar el Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación “en su actual texto y estado de tramitación”.

Asimismo, los ministros Carmona y García se mostraron en contra de su tramitación porque no se presentaron antecedentes que demuestren que durante su discusión en el Congreso hubo discrepancia acerca de su constitucionalidad.

“Las objeciones constitucionales, las dudas que se produzcan, deben quedar de manifiestos, deliberaciones, sesiones y actas respectivas (..)  Si tal hecho no se ha producido, habrá certeza que la cuestión no se presentó y que, consiguientemente, no habrá base alguna para que exista un requerimiento ante el Tribunal Constitucional”, sostuvieron.

Añadieron que el requerimiento no es “un instrumento para suscitar, promover o fabricar nuevos conflictos, sino que un procedimiento para resolver aquellos que ya existen y de respecto de los cuales han fracasado las instancias de conciliación jurídica o política de que dispone el legislador”.

Al mismo tiempo, los ministros indicaron que la presentación incluye en sí misma dos requerimientos, ya que señala que la ley contra la discriminación modifica la Constitución y, por otro, que la interpreta, lo que es contradictorio.

“No es posible alegar vicios constitucionales que son inconciliables”, sostuvieron.

En la misma línea, Fernández lo rechazó  “por no contener una argumentación jurídica clara y coherente que lo sustente”.

Cabe recordar que este requerimiento fue iniciativa del diputado UDI Gonzalo Arenas y buscaba impugnar el artículo dos del proyecto, que prohíbe la discriminación por motivos raciales, ideológicos, de orientación sexual, identidad de género, estado civil o discapacidad.

Para los 45 parlamentarios esto atenta contra la igualdad ante la ley, al dar una connotación especial a esos tipos de discriminación. Pero el argumento de fondo dice relación con el temor de algunos sectores más conservadores de abrir la puerta a un eventual matrimonio homosexual a través de esta ley.