Querellantes piden formalizar a ministros por muertes del 27/F
El abogado querellante en la investigación por las víctimas del terremoto y maremoto de febrero del 2010, Raúl Meza, insistió en que las responsabilidades penales sobre este caso apuntan a autoridades políticas de alta jerarquía de la época, impresión compartida por sectores del oficialismo.
Miércoles 18 de enero 2012 20:44 hrs.
El diputado de la UDI, Pedro Pablo Álvarez Salamanca, quien el 2010 presentó una querella contra quienes resulten responsables por las consecuencias del terremoto y maremoto del 27 de febrero, aseveró que las autoridades de entonces “no prestaron la debida cooperación a la ciudadanía ante la catástrofe”.
Esto se suma a las declaraciones del abogado Raúl Meza, quien planteó que las responsabilidades penales de este caso no pueden llegar sólo a mandos técnicos, ya que se trata de autoridades con el mando supremo de la Nación, según expuso.
“Estas autoridades tomaron decisiones en el mando supremo de la Nación, entonces la responsabilidad penal necesariamente debe extenderse a estas autoridades de Gobierno. Esperamos que las formalizaciones sean por cuasidelito de homicidio múltiple, y además por denegación de auxilio”, sostuvo el abogado.
De esta manera, tanto Meza como Álvarez Salamanca aseguraron que las formalizaciones que ayer anunció la fiscal a cargo, Solange Huerta, y que se harían en el mes de febrero, se debería incluir a los ex ministros del Interior, Edmundo Pérez-Yoma; de Defensa, Francisco Vidal; y al ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende.
Así lo explicó el abogado que lleva esta querella a nombre de parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional, Carlos Fairlie, quien agregó que quienes serían formalizados podrían hasta quedar inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
Fairlie apuntó que “el comité de emergencia que se formó el 27 de febrero congregó a las autoridades máximas del país. Entonces no puede asumir una autoridad inferior asumir una responsabilidad que le corresponde a los ministros, entonces que se diga que no se formalizará a los entes superiores es algo subjetivo que deberán definir los tribunales, un hecho discutible”.
Otro aspecto en que se coincide es que el cargo en la formalización podría ser el de denegación de auxilio, aunque Meza también plantea que se podría formalizar por cuasi delito de homicidio múltiple, y subrayó que “esperamos que la formalizaciones sean por cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio, ya que consta en la investigación que las autoridades fueron requeridas de información por parte de la población, quienes entregaron información equivocada que deriva en consecuencias fatales”.
El abogado espera que la fiscal Solange Huerta formalice cargos a quienes en la investigación han declarado como imputados, así como también que se remita a la justicia militar los antecedentes relacionados con el posible incumplimiento de deberes militares del Director y del jefe de turno del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).
El diputado de la UDI, Pedro Pablo Álvarez Salamanca, quien el 2010 presentó una querella contra quienes resulten responsables por las consecuencias del terremoto y maremoto del 27 de febrero, aseveró que las autoridades de entonces “no prestaron la debida cooperación a la ciudadanía ante la catástrofe”.
Esto se suma a las declaraciones del abogado Raúl Meza, quien planteó que las responsabilidades penales de este caso no pueden llegar sólo a mandos técnicos, ya que se trata de autoridades con el mando supremo de la Nación, según expuso.
“Estas autoridades tomaron decisiones en el mando supremo de la Nación, entonces la responsabilidad penal necesariamente debe extenderse a estas autoridades de Gobierno. Esperamos que las formalizaciones sean por cuasidelito de homicidio múltiple, y además por denegación de auxilio”, sostuvo el abogado.
De esta manera, tanto Meza como Álvarez Salamanca aseguraron que las formalizaciones que ayer anunció la fiscal a cargo, Solange Huerta, y que se harían en el mes de febrero, se debería incluir a los ex ministros del Interior, Edmundo Pérez-Yoma; de Defensa, Francisco Vidal; y al ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende.
Así lo explicó el abogado que lleva esta querella a nombre de parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional, Carlos Fairlie, quien agregó que quienes serían formalizados podrían hasta quedar inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
Fairlie apuntó que “el comité de emergencia que se formó el 27 de febrero congregó a las autoridades máximas del país. Entonces no puede asumir una autoridad inferior asumir una responsabilidad que le corresponde a los ministros, entonces que se diga que no se formalizará a los entes superiores es algo subjetivo que deberán definir los tribunales, un hecho discutible”.
Otro aspecto en que se coincide es que el cargo en la formalización podría ser el de denegación de auxilio, aunque Meza también plantea que se podría formalizar por cuasi delito de homicidio múltiple, y subrayó que “esperamos que la formalizaciones sean por cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio, ya que consta en la investigación que las autoridades fueron requeridas de información por parte de la población, quienes entregaron información equivocada que deriva en consecuencias fatales”.
El abogado espera que la fiscal Solange Huerta formalice cargos a quienes en la investigación han declarado como imputados, así como también que se remita a la justicia militar los antecedentes relacionados con el posible incumplimiento de deberes militares del Director y del jefe de turno del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).
El diputado de la UDI, Pedro Pablo Álvarez Salamanca, quien el 2010 presentó una querella contra quienes resulten responsables por las consecuencias del terremoto y maremoto del 27 de febrero, aseveró que las autoridades de entonces “no prestaron la debida cooperación a la ciudadanía ante la catástrofe”.
Esto se suma a las declaraciones del abogado Raúl Meza, quien planteó que las responsabilidades penales de este caso no pueden llegar sólo a mandos técnicos, ya que se trata de autoridades con el mando supremo de la Nación, según expuso.
“Estas autoridades tomaron decisiones en el mando supremo de la Nación, entonces la responsabilidad penal necesariamente debe extenderse a estas autoridades de Gobierno. Esperamos que las formalizaciones sean por cuasidelito de homicidio múltiple, y además por denegación de auxilio”, sostuvo el abogado.
De esta manera, tanto Meza como Álvarez Salamanca aseguraron que las formalizaciones que ayer anunció la fiscal a cargo, Solange Huerta, y que se harían en el mes de febrero, se debería incluir a los ex ministros del Interior, Edmundo Pérez-Yoma; de Defensa, Francisco Vidal; y al ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende.
Así lo explicó el abogado que lleva esta querella a nombre de parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional, Carlos Fairlie, quien agregó que quienes serían formalizados podrían hasta quedar inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
Fairlie apuntó que “el comité de emergencia que se formó el 27 de febrero congregó a las autoridades máximas del país. Entonces no puede asumir una autoridad inferior asumir una responsabilidad que le corresponde a los ministros, entonces que se diga que no se formalizará a los entes superiores es algo subjetivo que deberán definir los tribunales, un hecho discutible”.
Otro aspecto en que se coincide es que el cargo en la formalización podría ser el de denegación de auxilio, aunque Meza también plantea que se podría formalizar por cuasi delito de homicidio múltiple, y subrayó que “esperamos que la formalizaciones sean por cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio, ya que consta en la investigación que las autoridades fueron requeridas de información por parte de la población, quienes entregaron información equivocada que deriva en consecuencias fatales”.
El abogado espera que la fiscal Solange Huerta formalice cargos a quienes en la investigación han declarado como imputados, así como también que se remita a la justicia militar los antecedentes relacionados con el posible incumplimiento de deberes militares del Director y del jefe de turno del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).
