Respondiendo a la orden de la Corte de Apelaciones de Santiago de explicar los fundamentos que tuvo para responsabilizar a mapuches de la Coordinadora Arauco Malleco de los incendios forestales que afectaron al sur del país, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, entregó un escrito esta madrugada donde atribuye la interpretación de sus palabras a una “transcripción incompleta” de sus declaraciones y no entrega antecedentes que permitan inculpar a los mapuches en los hechos.

“Los hechos que acusa el recurrente no son efectivos, por cuanto se han transcrito pasajes inexactos e incompletos de mis declaraciones, que de modo alguno importan declaración de responsabilidad a personas, no violan el principio de inocencia ni amenazan la libertad personal o seguridad individual de los recurrentes”, se defiende Hinzpeter.

El texto, de seis páginas, contiene notas de prensa donde se consignan las declaraciones del jefe de gabinete en los primeros días de enero sobre el origen de los incendios, que costaron la vida a siete brigadistas en Carahue.

Sin embargo, la defensa, compuesta por siete abogados del ministerio del Interior, se basó en la tergiversación de los dichos de Hinzpeter y no en entregar los antecedentes que permitan respaldar acusaciones en contra de los mapuches, como lo había solicitado en principio el tribunal de alzada.

“Cumplo con precisar que no he ordenado ni solicitado -ni correspondería un proceder de tal naturaleza- investigación alguna en contra de las comunidades mapuche, como tampoco he presentado querellas en contra de dichas comunidades. No poseo atribuciones para dirigir investigaciones ni efectuar diligencias como las que enumeran los recurrentes, ya que una actuación de este tipo desbordaría por completo las prerrogativas constitucionales establecidas por nuestro ordenamiento”, agrega el informe.

Si bien Hinzpeter presentó una querella invocando la Ley Antiterrorista en el 6 de enero pasado en los tribunales de Carahue,  en su respuesta a la Corte insistió en que “no compete a este ministro determinar situaciones punibles, puesto que en nuestro país corresponde a los Tribunales de Justicia establecer las responsabilidades penales”.

La comparecencia del secretario de Estado se debe al recurso de amparo presentado por el abogado Juan Loncon y el ex director de la Conadi, Domingo Namancura, entre otras personas,  quienes lo acusaron de “discriminación y persecución” contra el pueblo mapuche.

Se espera que durante la semana la Corte de Apelaciones analice la respuesta del jefe de gabinete.

Nuevo allanamiento de Carabineros a comunidad Mapuche

Por otro lado, a las seis y media de esta mañana Carabineros ingresó a la comunidad Cacique José Guiñón, ubicada en la zona de Pidima, comuna de Ercilla, y tomó detenido a Luis Marileo y su esposa Teresa Millacheo, quien fue liberada cerca de las 10 de la mañana.

Este es el segundo procedimiento policial después de que el ocho de enero la mujer resultara con síntoma de pérdida a raíz de la utilización de gases. La violencia se replicó en esta oportunidad.

Carola Marileo, presidenta de la comunidad y hermana del detenido, quien afirmó que están cansados con esta situación. “Estamos choqueados en este momento por tantos procedimientos que nos han hecho en la comunidad, llegan a la comunidad sin previo aviso, a la hora que se les da la gana. Nosotros no salimos de la comunidad, porque después de todo eso nos acusan con la Ley Antiterrorista porque supuestamente los mapuches somos terroristas y los que somos violentados somos nosotros”.

Luis Marileo, fue acusado de un robo a la residencia de un testigo protegido que cuenta con protección policial las 24 horas del día. Sin embargo, quedó en libertad a la espera de un juicio simplificado la próxima semana, lo que según afirmó el abogado de los comuneros, Nelson Miranda, “es sólo un nuevo montaje” para seguir allanando.

“Continúa la presión descontrolada de Carabineros haciendo uso de violencia excesiva, por lo tanto veremos las acciones que se tienen que realizar. Carabineros tiene hasta el 24 para dar respuesta al recurso de protección que se interpuso por el último allanamiento violento que se realizó contra la comunidad”, subrayó el abogado de los comuneros.

Y pese a que Carabineros desmintió el uso de gases lacrimógenos el abogado afirmó que, según testigos del hecho, sí se utilizaron, en contra a las indicaciones de la Corte de Apelaciones de Temuco.

Una situación que, según indican distintas organizaciones de Derechos Humanos, se ha venido repitiendo en diversas comunidades y agravando después de los dichos del ministro del Interior y de los fallos de tribunales que obligan a los uniformados a moderar los procedimientos.

En este sentido, Gonzalo Taborga, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos dijo “yo veo ese panorama muy contradictorio y con una debilidad muy fuerte de parte del Poder Judicial. Ellos tiene que velar porque se cumpla la ley y no solamente acatar las instrucciones del ministerio del Interior como fue una práctica en la época del fiscal Peña, que dejó muchas secuelas, muchos buenos alumnos en las prácticas que están reñidas con las tradiciones democráticas”.

Taborga indicó que “no se requieren recursos de amparo para proteger la libertad de las personas”, y que es la propia fiscalía la que tienen que reclamar de parte de cualquier autoridad que incumpla sus deberes constitucionales, en este caso, Carabineros de Chile.