El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, destacó que el Gobierno implementará nuevas medidas para asegurar el orden público en las manifestaciones sociales, con las que esperan identificar grupos anarquistas que se infiltran en las protestas para generar desmanes al cierre de cada marcha.
Anuncios que fueron criticados por dirigentes sociales, quienes afirman que el Ejecutivo está tomando un camino erróneo en vez de establecer un diálogo con los actores sociales.
El subsecretario informó la adquisición de Cámaras de Alta Resonancia, que identifican rostros a amplias distancias, además del grupo Cazadores, que desde agosto trabaja investigando eventuales anarquistas.
Rodrigo Ubilla informó además que Interior maneja un “plan de acción” de grupos que estarán activos durante el año 2012.
Ante ello, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Gonzalo Taborga, señaló que las políticas de Interior atentan los derechos de quienes manifiestan pacíficamente, de momento que esto no altera el orden público.
Taborga declaró que “es muy grave la situación de las políticas públicas de seguridad del Gobierno, son profundamente engañosas, son liberticidas y afectan el Estado de Derecho y rompen la relación entre el sujeto beneficiario de los Derechos Humanos, que es el pueblo de Chile, si por ello no se afecta el orden público”.
El 2011 estuvo marcado por movilizaciones sociales, con más de 6 mil protestas realizadas entre marzo y diciembre, una situación que podría extenderse durante este año debido al descontento que generan en el movimiento estudiantil las propuestas que ha presentado el Gobierno.
Ante ello, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Noam Titelman, coincidió en el rechazo a los violentistas, pero aclaró que ésta no es la solución que el Gobierno debe tomar para resolver un problema más profundo.
“También nosotros condenamos los actos de violencia, los desmanes. De ninguna manera estos actos los consideramos parte del movimiento social, pero entendemos que la manera de combatir esta situación es distinta, no por mayor represión sino por mayor justicia. Estos son síntomas de un malestar mucho más profundo, en lugar de dedicarnos a encubrir los síntomas, debemos resolver las problemáticas que están detrás”, indicó el líder estudiantil.
Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, criticó la política de amedrentamiento desde el ministerio de Interior, y anunció que la ANEF solicitará a los parlamentarios su rechazo a la llamada “Ley Hinzpeter”
De la Puente señaló que “de hace tiempo que el ministerio del Interior busca amedrentar, a través de la represión, y que no se manifieste el movimiento social. Ya sea a través de fórmulas de espionaje al interior del movimiento o mediante el proyecto de ley que busca agravar las penas. Nosotros reprochamos, vamos a reclamar, y pediremos a los parlamentarios que rechacen la ‘Ley Hinzpeter’, que tiene que ver con la represión a manifestaciones y movimientos sociales”.
Más de dos millones de personas salieron a las calles en protestas por políticas medioambientales, salud y la amplia adhesión al movimiento estudiantil. Cerca de 15 mil personas fueron detenidas, pero sólo 85 querellas siguen vigentes, con cuatro personas en prisión preventiva y dos con arresto domiciliario, un balance que el Gobierno no considera exitoso a la hora de evaluar la labor de seguridad en estas manifestaciones.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, destacó que el Gobierno implementará nuevas medidas para asegurar el orden público en las manifestaciones sociales, con las que esperan identificar grupos anarquistas que se infiltran en las protestas para generar desmanes al cierre de cada marcha.
Anuncios que fueron criticados por dirigentes sociales, quienes afirman que el Ejecutivo está tomando un camino erróneo en vez de establecer un diálogo con los actores sociales.
El subsecretario informó la adquisición de Cámaras de Alta Resonancia, que identifican rostros a amplias distancias, además del grupo Cazadores, que desde agosto trabaja investigando eventuales anarquistas.
Rodrigo Ubilla informó además que Interior maneja un “plan de acción” de grupos que estarán activos durante el año 2012.
Ante ello, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Gonzalo Taborga, señaló que las políticas de Interior atentan los derechos de quienes manifiestan pacíficamente, de momento que esto no altera el orden público.
Taborga declaró que “es muy grave la situación de las políticas públicas de seguridad del Gobierno, son profundamente engañosas, son liberticidas y afectan el Estado de Derecho y rompen la relación entre el sujeto beneficiario de los Derechos Humanos, que es el pueblo de Chile, si por ello no se afecta el orden público”.
El 2011 estuvo marcado por movilizaciones sociales, con más de 6 mil protestas realizadas entre marzo y diciembre, una situación que podría extenderse durante este año debido al descontento que generan en el movimiento estudiantil las propuestas que ha presentado el Gobierno.
Ante ello, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Noam Titelman, coincidió en el rechazo a los violentistas, pero aclaró que ésta no es la solución que el Gobierno debe tomar para resolver un problema más profundo.
“También nosotros condenamos los actos de violencia, los desmanes. De ninguna manera estos actos los consideramos parte del movimiento social, pero entendemos que la manera de combatir esta situación es distinta, no por mayor represión sino por mayor justicia. Estos son síntomas de un malestar mucho más profundo, en lugar de dedicarnos a encubrir los síntomas, debemos resolver las problemáticas que están detrás”, indicó el líder estudiantil.
Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, criticó la política de amedrentamiento desde el ministerio de Interior, y anunció que la ANEF solicitará a los parlamentarios su rechazo a la llamada “Ley Hinzpeter”
De la Puente señaló que “de hace tiempo que el ministerio del Interior busca amedrentar, a través de la represión, y que no se manifieste el movimiento social. Ya sea a través de fórmulas de espionaje al interior del movimiento o mediante el proyecto de ley que busca agravar las penas. Nosotros reprochamos, vamos a reclamar, y pediremos a los parlamentarios que rechacen la ‘Ley Hinzpeter’, que tiene que ver con la represión a manifestaciones y movimientos sociales”.
Más de dos millones de personas salieron a las calles en protestas por políticas medioambientales, salud y la amplia adhesión al movimiento estudiantil. Cerca de 15 mil personas fueron detenidas, pero sólo 85 querellas siguen vigentes, con cuatro personas en prisión preventiva y dos con arresto domiciliario, un balance que el Gobierno no considera exitoso a la hora de evaluar la labor de seguridad en estas manifestaciones.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, destacó que el Gobierno implementará nuevas medidas para asegurar el orden público en las manifestaciones sociales, con las que esperan identificar grupos anarquistas que se infiltran en las protestas para generar desmanes al cierre de cada marcha.
Anuncios que fueron criticados por dirigentes sociales, quienes afirman que el Ejecutivo está tomando un camino erróneo en vez de establecer un diálogo con los actores sociales.
El subsecretario informó la adquisición de Cámaras de Alta Resonancia, que identifican rostros a amplias distancias, además del grupo Cazadores, que desde agosto trabaja investigando eventuales anarquistas.
Rodrigo Ubilla informó además que Interior maneja un “plan de acción” de grupos que estarán activos durante el año 2012.
Ante ello, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Gonzalo Taborga, señaló que las políticas de Interior atentan los derechos de quienes manifiestan pacíficamente, de momento que esto no altera el orden público.
Taborga declaró que “es muy grave la situación de las políticas públicas de seguridad del Gobierno, son profundamente engañosas, son liberticidas y afectan el Estado de Derecho y rompen la relación entre el sujeto beneficiario de los Derechos Humanos, que es el pueblo de Chile, si por ello no se afecta el orden público”.
El 2011 estuvo marcado por movilizaciones sociales, con más de 6 mil protestas realizadas entre marzo y diciembre, una situación que podría extenderse durante este año debido al descontento que generan en el movimiento estudiantil las propuestas que ha presentado el Gobierno.
Ante ello, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Noam Titelman, coincidió en el rechazo a los violentistas, pero aclaró que ésta no es la solución que el Gobierno debe tomar para resolver un problema más profundo.
“También nosotros condenamos los actos de violencia, los desmanes. De ninguna manera estos actos los consideramos parte del movimiento social, pero entendemos que la manera de combatir esta situación es distinta, no por mayor represión sino por mayor justicia. Estos son síntomas de un malestar mucho más profundo, en lugar de dedicarnos a encubrir los síntomas, debemos resolver las problemáticas que están detrás”, indicó el líder estudiantil.
Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, criticó la política de amedrentamiento desde el ministerio de Interior, y anunció que la ANEF solicitará a los parlamentarios su rechazo a la llamada “Ley Hinzpeter”
De la Puente señaló que “de hace tiempo que el ministerio del Interior busca amedrentar, a través de la represión, y que no se manifieste el movimiento social. Ya sea a través de fórmulas de espionaje al interior del movimiento o mediante el proyecto de ley que busca agravar las penas. Nosotros reprochamos, vamos a reclamar, y pediremos a los parlamentarios que rechacen la ‘Ley Hinzpeter’, que tiene que ver con la represión a manifestaciones y movimientos sociales”.
Más de dos millones de personas salieron a las calles en protestas por políticas medioambientales, salud y la amplia adhesión al movimiento estudiantil. Cerca de 15 mil personas fueron detenidas, pero sólo 85 querellas siguen vigentes, con cuatro personas en prisión preventiva y dos con arresto domiciliario, un balance que el Gobierno no considera exitoso a la hora de evaluar la labor de seguridad en estas manifestaciones.
