La iniciativa de Ley SOPA (Stop Online Piracy Act) recientemente congelada por su promotor, el congresista Lamar Smith, es un proyecto que, con efecto sobre organizaciones y empresas de EE.UU., tiene consecuencias internacionales, pues establecería un mecanismo de control y censura sobre Internet similar, aunque por diferentes objetivos, al que se utiliza en China, Irán o Siria y que limita el acceso a las páginas que la autoridad de turno quiera.

Desde luego, sus defensores no apuntan a sus efectos sobre la libertad de información, expresión u opinión, sino a la libertad de emprendimiento, tan ligada al derecho de propiedad y, en particular, a la propiedad intelectual, la que se ve amenazada cada vez más por la piratería en línea, que afecta a creaciones artísticas o científicas, cuando se intercambia o “baja” música, películas, libros, videos y similares, sin pagar los derechos establecidos legalmente.

La ley SOPA, de ser aprobada, implicaría que las autoridades estadounidenses podrían congelar o retener ingresos y la publicidad en sitios web, obligar a las herramientas de búsqueda como Google, Yahoo u otras, al eliminar estas páginas de sus resultados e incluso exigir a los proveedores de Internet que bloqueen el acceso a dichos dominios. Aunque no como resultados de esta polémica legislación, sólo hace unos días el mundo asistió a la detención de altos ejecutivos del sitio de intercambio de archivos Megaupload, acusados de conspiración para cometer crimen y violación de la propiedad intelectual, lo que tuvo como reacción un ataque de hackers al sitio de Universal Musica, el Departamento de Estado de EE.UU y páginas de rechazo o cierres momentáneos de destacados actores web como Google, Twitter, Mozilla o Wikileak.

Al mismo tiempo, al menos una decena de sitios similares tomaron medidas para protegerse de futuras acciones judiciales, bajando todo o gran parte de su contenido o bloqueando a usuarios de EE.UU., lo que muestra que no obstante que es una legislación estadounidense de continuar su debate y aprobarse, tendría efectos en todo del mundo. En Chile, por lo pronto, chocaría directamente con su ley sobre neutralidad en Internet, en la medida que estas acciones inciden en la privacidad y el acceso libre a páginas y sus contenidos sin la debida aceptación del usuario.

Se trata de un caso en el que colisionan dos derechos: el de acceso libre a la información, que impacta directamente sobre una necesidad ciudadana en las democracias modernas y el de propiedad intelectual, que al transgredirse afecta el justo goce de beneficios que dicha propiedad otorga, con el aditivo de que en materia intelectual resulta muy difícil poner alambradas entre lo creado por el individuo que impetra su derecho y el conjunto social en el que dicha creación surge. La propia Casa Blanca ha expresado así, su temor de que la ley SOPA pueda vulnerar las garantías jurídicas de compañías que operan en Internet, así como la libertad de expresión.

Enfrentar el tema no es, pues, sencillo, aunque por cierto, se trata de una discusión inevitable, dado que se trata de una fuerza productiva central de la sociedad del conocimiento, la red de redes, y su infinita potencialidad de intercambio de información, el que, a su turno, ha impulsado un salto en innovación y desarrollo que supera con creces los avances conseguidos tras la revolución industrial. Consonante con dicha relevancia, el propio presidente Obama ha insinuado que podría vetar cualquier medida que “reduzca la libertad de expresión, incremente los riegos a la seguridad cibernética, o socave la red global”, pues, como es evidente, de aprobarse la Ley SOPA, el sentido con el que fue creado Internet se vería al menos opacado, con el agravante que es muy posible, como señaló Google, que la legislación detenga el desarrollo de la red, sin acabar con la piratería, es decir, que para eliminar a los piratas, se termine con la navegación.

La tarea, por consiguiente, es encontrar, crear, nuevos modelos de negocio (la red 2.0 es una experiencia) que, de una parte protejan la “zanahoria” que implica el goce del beneficio que la propiedad otorga, y de otra, que la libertad de acceso a la información no se vea frustrada al punto de que las “alambradas” liquiden el propósito de la red: mayor y más abierto intercambio de información, a más velocidad y más transparencia, base de una sociedad que, basada en el conocimiento, sea más democrática, plural, tolerante y abierta.