Las movidas que tienen al Chileno Norteamericano al borde de la quiebra
La ex presidenta del directorio, Paulina Dittborn, vendió las propiedades del Instituto al banco de Andrés Navarro, socio de su marido. Luego dejó el cargo y asumió en la Corporación Santo Tomás, principal interesado en invertir en el centro de estudios.
El escrito señala que el ICHN ha sufrido un deterioro de su situación financiera en los últimos años por el surgimiento de gran cantidad de entidades que imparten cursos de inglés, lo que obligó a descontar hasta en un 25 por ciento el valor de sus cursos. Argumentan además que subieron los costos de explotación por las negociaciones colectivas, lo que llevó a pedir préstamos con la banca.
Finalmente, los abogados señalan que la inversión de unos mil millones de pesos para ampliar la sede de La Florida y echar a andar el Instituto Profesional Chileno Norteamericano perjudicó la disponibilidad de recursos.
Esta no es la primera solicitud de quiebra del plantel. En diciembre, la importadora Kuatro, que opera la Librería Inglesa, ya había hecho su propia petición.
Mientras tanto, la institución sigue funcionando con cerca de trescientos empleados impagos desde noviembre, a quienes también se les deben varios meses de cotizaciones. La semana pasada, una veintena de trabajadores (entre ellos la directiva del sindicato) recurrieron al autodespido, argumentando que el Instituto dejó de cumplir con las obligaciones que establecen los contratos.
La bola de nieve producto del mal manejo financiero del centro de estudios comenzó a crecer y a escaparse de las manos. A fines del 2011 el ICHN hizo noticia cuando estudiantes denunciaron que los cheques a fecha que entregaron para pagar sus cursos de inglés fueron todos cobrados el 29 de diciembre. Justo antes del fin de semana de Año Nuevo, algunos vieron cómo sus cuentas corrientes se vaciaron completamente, a otros les protestaron sus cheques y otros debieron recurrir a créditos de consumo. Los afectados sumarían más de trescientos.
¿Qué pasó? Agobiado por las deudas, desde hace dos años el ICHN entrega los cheques a diversos factorings. Y dos de ellos los cobraron de manera súbita: Crecer y Baninter.
“Nunca fuimos consultados ni informados de la medida que estaban adoptando, por lo que no tenemos responsabilidad alguna en los hechos acontecidos”, respondió el jefe de finanzas del Norteamericano, Juan Cancino, en un correo enviado a David Monsalve y Claudio Perlwitz, egresados de Derecho que representaron a los afectados. Ambos intentaron negociar directamente con los factorings, pero no obtuvieron resultados.
Crecer y Baninter sabían de la delicada situación financiera del Instituto. Especialmente la segunda firma, que según la solicitud de quiebra es uno de los tres principales acreedores, junto al BCI y el BBVA.
Baninter es una importante hebra en esta madeja de irregularidades en torno al Instituto y quienes lo dirigían. Este factoring está asociado al Banco Internacional, que es dueño de casi todas las sedes del Norteamericano. En diciembre de 2010, éste traspasó sus propiedades en La Florida y Santiago al banco, según consta en el Conservador de Bienes Raíces. El único inmueble que mantuvo fue la sede de Providencia.
Con la UF de entonces, la operación llegó a poco más de mil 606 millones de pesos. Actualizada a 2012, el traspaso se hizo por más de mil 672 millones. En comparación, el avalúo fiscal de las propiedades suma mil 697 millones de pesos. Es decir, los edificios se vendieron más baratos que la tasación fiscal, que siempre es menor al precio comercial.
Según el sindicato del ICHN, el traspaso se hizo con un contrato de leaseback, mecanismo en que el vendedor promete volver a adquirir las propiedades en un plazo determinado y, mientras, paga arriendo por su uso. El objetivo, según dijo la actual administración del Norteamericano a los empleados, era transformar la deuda de corto plazo en deuda a largo plazo.
Sin embargo, en marzo de 2011 la situación del Instituto era crítica otra vez: “Nunca dejó de serlo. ¿De qué sirvió hacer esos movimientos? De nada”, dice Alejandro Padilla, presidente del sindicato, uno de los docentes que se autodespidió. “¿Cuál fue el alivio financiero que le trajo al Instituto? Ninguno”. ¿Quién ganó con la operación entonces? “El Banco Internacional, evidentemente”, responde de inmediato el dirigente.
Viejos conocidos
Paulina Dittborn C.
Pero los lazos entre el Chileno Norteamericano y el Banco Internacional van más allá de lo netamente comercial, y es en este punto donde la situación se enrarece. El Banco es propiedad de un grupo empresarial que integra Andrés Navarro Haeussler, reconocido amigo del Presidente Sebastián Piñera y socio fundador de la gigante tecnológica Sonda.
En el directorio de Sonda está Juan Antonio Guzmán Molinari, ministro de Educación entre 1987 y 1989 y socio hace años de Navarro. Hoy integran también el directorio de la empresa Multicaja, pero ya en 1996 adquirieron la Universidad Andrés Bello junto a los empresarios Álvaro Saieh, Miguel Ángel Poduje y Jorge Selume. Guzmán Molinari incluso fue rector de la casa de estudios.
¿Qué tiene que ver el Norteamericano? Sólo que Juan Antonio Guzmán está casado con Paulina Dittborn Cordua, quien presidía el directorio del Instituto cuando se hicieron los movimientos que llevaron a la quiebra y se traspasaron las propiedades al Banco Internacional, donde además trabaja como subgerente de negocios su primo, Carlos Huidobro Dittborn.
Para Alejandro Padilla, “puede ser una forma medio intrincada de ver las conexiones, pero así es. Ellos (Navarro y Guzmán) son socios de mucho tiempo, se conocen. Por lo tanto, es más que evidente que Andrés Navarro conoce a Paulina Dittborn y es cercano a ella”.
En otras palabras, Paulina Dittborn decidió desde la presidencia del Chileno Norteamericano traspasar las propiedades al banco de Andrés Navarro, socio de su marido, Juan Antonio Guzmán. Y por un precio menor a la tasación fiscal.
La caída
Esta historia es de largo aliento. Para entenderla, hay que remontarse a 2009, cuando Paulina Dittborn -hermana del subsecretario de Hacienda y ex diputado UDI, Julio Dittborn- sucedió en la presidencia del directorio del Norteamericano al ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Rafael Guillisasti.
Juan Antonio Guzmán M.
Bajo su presidencia, el centro de estudios amplió su sede en La Florida y comenzó a funcionar el Instituto Profesional Chileno Norteamericano, dos inversiones que explican en buena medida la quiebra, de acuerdo a la solicitud de la propia institución.
A instancias de Paulina Dittborn, a fines de 2010, llegó Pablo Torrealba, primero como asesor financiero y luego como director ejecutivo, cargo que mantiene actualmente.
Ante el difícil panorama económico, en 2011 el ICHN buscó un socio inversor y conversó con diversas instituciones. El principal interesado era la Corporación Santo Tomás, propietaria de la universidad, los centros de formación técnica y los colegios del mismo nombre. Aunque las autoridades de Santo Tomás no lo admiten públicamente, Torrealba confirmó estas negociaciones en una reunión con profesores.
En agosto de 2011, en medio de la crisis, Paulina Dittborn dejó la presidencia del directorio cuando aún restaban dos meses para que concluyera su período. Pronto una noticia sorpendería a los trabajadores del Instituto: en octubre fue fichada por Santo Tomás comodirectora nacional de su red de colegios. Es decir, en dos meses había pasado de conducir el ICHN a la quiebra a trabajar en la misma corporación que quería comprarlo.
Paralelamente, como el Norteamericano es una corporación de derecho privado sin fines de lucro y legalmente no puede ser vendido, el sucesor de Paulina Dittborn en el directorio, Gonzalo Jiménez Espinosa, constituyó la sociedad por acciones “Centro de Capacitación GJE” (las iniciales de su nombre), a la que se traspasarían los bienes del instituto. Ésta sí podía ser vendida.
Sin embargo, después de meses de conversaciones, no hubo acuerdo. Santo Tomás desistió porque no se cumplieron “las condiciones necesarias”. Pablo Torrealba dijo a los profesores que el conglomerado educacional no explicitó razones, pero dijo suponer dos motivos: porque 27 trabajadores no aceptaron la propuesta de finiquito que implicaba el traspaso; y porque las manifestaciones callejeras de los mismos empleados y publicacionesen medios hicieron ruido sobre la delicada situación.
Según Alejandro Padilla, luego de meses de negociaciones, auditorías, estudios jurídicos y una serie de gestiones, ese argumento es “ridículo”: “¿Eso es bastante para que después de seis meses y luego de aproximadamente un mes que saliera la noticia, la universidad Santo Tomás se retractara? Nos parece inverosímil”, señala.
El dirigente no cree posible que el negocio se haya caído “por un reducido número de personas que no aceptaron la oferta, sin ningún intento de advertir que estaba a punto de caerse; y por las manifestaciones que hicimos afuera del instituto un puñado de personas con un par de pancartas y unos guitarreos. Ni siquiera tuvo cobertura de prensa”.
¿Qué está detrás entonces de la fallida inversión? Alejandro Padilla dice que no tienen una respuesta certera: “Suponemos es que se está buscando abaratar el costo de la institución. Es decir, ahorrar dinero en indemnizaciones, abaratar para que esta misma institución (Santo Tomás), otra conectada a ella o incluso una distinta, se lleve al Instituto por menos dinero”.
La otra historia de PaulinaDittborn
El paso de Paulina Dittborn desde el Norteamericano a Santo Tomás recordó a los trabajadores un episodio ocurrido pocos años atrás.
En 2008, la académica era vicerrectora de Inacap y representante de los institutos profesionales y centros de formación técnica en el Consejo Superior de Educación (CSE), el mismo que hace poco protagonizó la polémica por el cambio de la palabra “dictadura” en textos escolares.
Apenas dos meses después, fue designada en la rectoría de la UDLA. El hecho provocó un escándalo, la Cámara de Diputados hizo una investigación y, en una declaración pública, el Consejo recalcó que sus normas internas “obligan a sus miembros a inhibirse de participar en las decisiones que éste debe adoptar, si estiman que puede haber en juego un conflicto de intereses que les pueda afectar la debida independencia de juicio”.
También fue cuestionada entonces por la acreditación negada a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), ya que no se inhibió pese a que ese plantel mantenía un litigio con Inacap por la marca “Universidad Tecnológica”.
Debido a la controversia, Paulina Dittborn renunció al CSE y no se hizo cargo de la rectoría de la UDLA, pero sí asumió como prorrectora, cargo que mantuvo paralelamente al del directorio en el Norteamericano.
Hoy, los consejeros que permanecen desde ese tiempo prefieren no hablar del episodio. Un integrante recuerda que “cuando ella era miembro, no estaba claro que tuviera intereses o vinculaciones”. Nadie en el Consejo habría sabido de los lazos de Paulina Dittborn con la UDLA: “A todos nos sorprendió”, dice.
Para el presidente del sindicato del ICHN, los hechos se asemejan: “Renunciar y trabajar en la Santo Tomás es, por lo menos, cuestionable. Que ella haya traído a (Pablo) Torrealba y que su marido esté ligado a las personas que compraron los edificios… por lo menos tememos un manejo de información privilegiada”, dice.
El dirigente relata que cuando Paulina Dittborn era presidenta del directorio y autoridad de la UDLA, temían que fuera ese plantel el que adquiriera el Instituto: “Así que fuimos y preguntamos directamente: ¿está vinculada a alguna de las instituciones que están participando en la licitación? La respuesta fue tajante: ‘No, no está vinculada a ninguna’. Y dos meses después, aparece sentada en el directorio del principal inversionista”.
Signos de interrogación
Luego que fallara el negocio con Santo Tomás, el Chileno Norteamericano intentó un convenio judicial preventivo que no fructificó. De acuerdo a la solicitud de quiebra, “debido a la presión de ciertos acreedores que trataron de privilegiar su situación individual por sobre la del común de los acreedores”.
A la espera de que se resuelva la solicitud de quiebra, los trabajadores siguen impagos. Las manifestaciones que realizaron en diciembre y las gestiones ante la Inspección del Trabajo, tribunales y parlamentarios no tuvieron resultados.
Mientras tanto, esperan alguna explicación: “Bajo la administración de Paulina Dittborn se hicieron movimientos que causaron la debacle financiera: la puesta en marcha del Instituto Profesional y la ampliación de la sede La Florida, dos hitos en que se invirtieron muchos millones, que no trajeron retorno y causaron el hundimiento”, recalca Alejandro Padilla. “Ella no se hace cargo en absoluto de las decisiones que llevaron a la crisis financiera”.
En tanto, luego de la solicitud de quiebra, las acciones judiciales que David Monsalves y Claudio Perlwitz preparaban en nombre de los afectados por el cobro de cheques quedaron en suspenso. Según los egresados de Derecho, la quiebra es inminente: “Se las van a dar, ellos mismos están confesando que están mal financieramente”, dice Monsalves.
“Si voy con ellos a la demanda, podría hacerlos gastar dinero y no van a obtener nada. Se ahogó ese buque”, agrega.
Según Alejandro Padilla, la ex presidenta Paulina Dittborn debiera dar una explicación: “Desconocemos a qué grado alcanza su responsabilidad, pero debe dar algunas respuestas”, dice.
“¿Por qué no se transparentó qué significaba la llegada del socio estratégico? ¿Por qué no se transparentó la licitación a las instituciones interesadas en adquirir el Instituto? ¿Cuál es la real participación de l Paulina Dittborn en esta licitación? ¿Tuvo que ver en el ofrecimiento a la Santo Tomás?”, cuestiona.
Radio Universidad de Chile intentó durante semanas contactarse con Paulina Dittborn y Pablo Torrealba, pero ninguno respondió a los llamados y correos electrónicos. En tanto, las autoridades de la Corporación Santo Tomás prefirieron no referirse al tema.
En tanto, el Norteamericano sigue funcionando con muchos signos de interrogación.
El escrito señala que el ICHN ha sufrido un deterioro de su situación financiera en los últimos años por el surgimiento de gran cantidad de entidades que imparten cursos de inglés, lo que obligó a descontar hasta en un 25 por ciento el valor de sus cursos. Argumentan además que subieron los costos de explotación por las negociaciones colectivas, lo que llevó a pedir préstamos con la banca.
Finalmente, los abogados señalan que la inversión de unos mil millones de pesos para ampliar la sede de La Florida y echar a andar el Instituto Profesional Chileno Norteamericano perjudicó la disponibilidad de recursos.
Esta no es la primera solicitud de quiebra del plantel. En diciembre, la importadora Kuatro, que opera la Librería Inglesa, ya había hecho su propia petición.
Mientras tanto, la institución sigue funcionando con cerca de trescientos empleados impagos desde noviembre, a quienes también se les deben varios meses de cotizaciones. La semana pasada, una veintena de trabajadores (entre ellos la directiva del sindicato) recurrieron al autodespido, argumentando que el Instituto dejó de cumplir con las obligaciones que establecen los contratos.
La bola de nieve producto del mal manejo financiero del centro de estudios comenzó a crecer y a escaparse de las manos. A fines del 2011 el ICHN hizo noticia cuando estudiantes denunciaron que los cheques a fecha que entregaron para pagar sus cursos de inglés fueron todos cobrados el 29 de diciembre. Justo antes del fin de semana de Año Nuevo, algunos vieron cómo sus cuentas corrientes se vaciaron completamente, a otros les protestaron sus cheques y otros debieron recurrir a créditos de consumo. Los afectados sumarían más de trescientos.
¿Qué pasó? Agobiado por las deudas, desde hace dos años el ICHN entrega los cheques a diversos factorings. Y dos de ellos los cobraron de manera súbita: Crecer y Baninter.
“Nunca fuimos consultados ni informados de la medida que estaban adoptando, por lo que no tenemos responsabilidad alguna en los hechos acontecidos”, respondió el jefe de finanzas del Norteamericano, Juan Cancino, en un correo enviado a David Monsalve y Claudio Perlwitz, egresados de Derecho que representaron a los afectados. Ambos intentaron negociar directamente con los factorings, pero no obtuvieron resultados.
Crecer y Baninter sabían de la delicada situación financiera del Instituto. Especialmente la segunda firma, que según la solicitud de quiebra es uno de los tres principales acreedores, junto al BCI y el BBVA.
Baninter es una importante hebra en esta madeja de irregularidades en torno al Instituto y quienes lo dirigían. Este factoring está asociado al Banco Internacional, que es dueño de casi todas las sedes del Norteamericano. En diciembre de 2010, éste traspasó sus propiedades en La Florida y Santiago al banco, según consta en el Conservador de Bienes Raíces. El único inmueble que mantuvo fue la sede de Providencia.
Con la UF de entonces, la operación llegó a poco más de mil 606 millones de pesos. Actualizada a 2012, el traspaso se hizo por más de mil 672 millones. En comparación, el avalúo fiscal de las propiedades suma mil 697 millones de pesos. Es decir, los edificios se vendieron más baratos que la tasación fiscal, que siempre es menor al precio comercial.
Según el sindicato del ICHN, el traspaso se hizo con un contrato de leaseback, mecanismo en que el vendedor promete volver a adquirir las propiedades en un plazo determinado y, mientras, paga arriendo por su uso. El objetivo, según dijo la actual administración del Norteamericano a los empleados, era transformar la deuda de corto plazo en deuda a largo plazo.
Sin embargo, en marzo de 2011 la situación del Instituto era crítica otra vez: “Nunca dejó de serlo. ¿De qué sirvió hacer esos movimientos? De nada”, dice Alejandro Padilla, presidente del sindicato, uno de los docentes que se autodespidió. “¿Cuál fue el alivio financiero que le trajo al Instituto? Ninguno”. ¿Quién ganó con la operación entonces? “El Banco Internacional, evidentemente”, responde de inmediato el dirigente.
Viejos conocidos
Paulina Dittborn C.
Pero los lazos entre el Chileno Norteamericano y el Banco Internacional van más allá de lo netamente comercial, y es en este punto donde la situación se enrarece. El Banco es propiedad de un grupo empresarial que integra Andrés Navarro Haeussler, reconocido amigo del Presidente Sebastián Piñera y socio fundador de la gigante tecnológica Sonda.
En el directorio de Sonda está Juan Antonio Guzmán Molinari, ministro de Educación entre 1987 y 1989 y socio hace años de Navarro. Hoy integran también el directorio de la empresa Multicaja, pero ya en 1996 adquirieron la Universidad Andrés Bello junto a los empresarios Álvaro Saieh, Miguel Ángel Poduje y Jorge Selume. Guzmán Molinari incluso fue rector de la casa de estudios.
¿Qué tiene que ver el Norteamericano? Sólo que Juan Antonio Guzmán está casado con Paulina Dittborn Cordua, quien presidía el directorio del Instituto cuando se hicieron los movimientos que llevaron a la quiebra y se traspasaron las propiedades al Banco Internacional, donde además trabaja como subgerente de negocios su primo, Carlos Huidobro Dittborn.
Para Alejandro Padilla, “puede ser una forma medio intrincada de ver las conexiones, pero así es. Ellos (Navarro y Guzmán) son socios de mucho tiempo, se conocen. Por lo tanto, es más que evidente que Andrés Navarro conoce a Paulina Dittborn y es cercano a ella”.
En otras palabras, Paulina Dittborn decidió desde la presidencia del Chileno Norteamericano traspasar las propiedades al banco de Andrés Navarro, socio de su marido, Juan Antonio Guzmán. Y por un precio menor a la tasación fiscal.
La caída
Esta historia es de largo aliento. Para entenderla, hay que remontarse a 2009, cuando Paulina Dittborn -hermana del subsecretario de Hacienda y ex diputado UDI, Julio Dittborn- sucedió en la presidencia del directorio del Norteamericano al ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Rafael Guillisasti.
Juan Antonio Guzmán M.
Bajo su presidencia, el centro de estudios amplió su sede en La Florida y comenzó a funcionar el Instituto Profesional Chileno Norteamericano, dos inversiones que explican en buena medida la quiebra, de acuerdo a la solicitud de la propia institución.
A instancias de Paulina Dittborn, a fines de 2010, llegó Pablo Torrealba, primero como asesor financiero y luego como director ejecutivo, cargo que mantiene actualmente.
Ante el difícil panorama económico, en 2011 el ICHN buscó un socio inversor y conversó con diversas instituciones. El principal interesado era la Corporación Santo Tomás, propietaria de la universidad, los centros de formación técnica y los colegios del mismo nombre. Aunque las autoridades de Santo Tomás no lo admiten públicamente, Torrealba confirmó estas negociaciones en una reunión con profesores.
En agosto de 2011, en medio de la crisis, Paulina Dittborn dejó la presidencia del directorio cuando aún restaban dos meses para que concluyera su período. Pronto una noticia sorpendería a los trabajadores del Instituto: en octubre fue fichada por Santo Tomás comodirectora nacional de su red de colegios. Es decir, en dos meses había pasado de conducir el ICHN a la quiebra a trabajar en la misma corporación que quería comprarlo.
Paralelamente, como el Norteamericano es una corporación de derecho privado sin fines de lucro y legalmente no puede ser vendido, el sucesor de Paulina Dittborn en el directorio, Gonzalo Jiménez Espinosa, constituyó la sociedad por acciones “Centro de Capacitación GJE” (las iniciales de su nombre), a la que se traspasarían los bienes del instituto. Ésta sí podía ser vendida.
Sin embargo, después de meses de conversaciones, no hubo acuerdo. Santo Tomás desistió porque no se cumplieron “las condiciones necesarias”. Pablo Torrealba dijo a los profesores que el conglomerado educacional no explicitó razones, pero dijo suponer dos motivos: porque 27 trabajadores no aceptaron la propuesta de finiquito que implicaba el traspaso; y porque las manifestaciones callejeras de los mismos empleados y publicacionesen medios hicieron ruido sobre la delicada situación.
Según Alejandro Padilla, luego de meses de negociaciones, auditorías, estudios jurídicos y una serie de gestiones, ese argumento es “ridículo”: “¿Eso es bastante para que después de seis meses y luego de aproximadamente un mes que saliera la noticia, la universidad Santo Tomás se retractara? Nos parece inverosímil”, señala.
El dirigente no cree posible que el negocio se haya caído “por un reducido número de personas que no aceptaron la oferta, sin ningún intento de advertir que estaba a punto de caerse; y por las manifestaciones que hicimos afuera del instituto un puñado de personas con un par de pancartas y unos guitarreos. Ni siquiera tuvo cobertura de prensa”.
¿Qué está detrás entonces de la fallida inversión? Alejandro Padilla dice que no tienen una respuesta certera: “Suponemos es que se está buscando abaratar el costo de la institución. Es decir, ahorrar dinero en indemnizaciones, abaratar para que esta misma institución (Santo Tomás), otra conectada a ella o incluso una distinta, se lleve al Instituto por menos dinero”.
La otra historia de PaulinaDittborn
El paso de Paulina Dittborn desde el Norteamericano a Santo Tomás recordó a los trabajadores un episodio ocurrido pocos años atrás.
En 2008, la académica era vicerrectora de Inacap y representante de los institutos profesionales y centros de formación técnica en el Consejo Superior de Educación (CSE), el mismo que hace poco protagonizó la polémica por el cambio de la palabra “dictadura” en textos escolares.
Apenas dos meses después, fue designada en la rectoría de la UDLA. El hecho provocó un escándalo, la Cámara de Diputados hizo una investigación y, en una declaración pública, el Consejo recalcó que sus normas internas “obligan a sus miembros a inhibirse de participar en las decisiones que éste debe adoptar, si estiman que puede haber en juego un conflicto de intereses que les pueda afectar la debida independencia de juicio”.
También fue cuestionada entonces por la acreditación negada a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), ya que no se inhibió pese a que ese plantel mantenía un litigio con Inacap por la marca “Universidad Tecnológica”.
Debido a la controversia, Paulina Dittborn renunció al CSE y no se hizo cargo de la rectoría de la UDLA, pero sí asumió como prorrectora, cargo que mantuvo paralelamente al del directorio en el Norteamericano.
Hoy, los consejeros que permanecen desde ese tiempo prefieren no hablar del episodio. Un integrante recuerda que “cuando ella era miembro, no estaba claro que tuviera intereses o vinculaciones”. Nadie en el Consejo habría sabido de los lazos de Paulina Dittborn con la UDLA: “A todos nos sorprendió”, dice.
Para el presidente del sindicato del ICHN, los hechos se asemejan: “Renunciar y trabajar en la Santo Tomás es, por lo menos, cuestionable. Que ella haya traído a (Pablo) Torrealba y que su marido esté ligado a las personas que compraron los edificios… por lo menos tememos un manejo de información privilegiada”, dice.
El dirigente relata que cuando Paulina Dittborn era presidenta del directorio y autoridad de la UDLA, temían que fuera ese plantel el que adquiriera el Instituto: “Así que fuimos y preguntamos directamente: ¿está vinculada a alguna de las instituciones que están participando en la licitación? La respuesta fue tajante: ‘No, no está vinculada a ninguna’. Y dos meses después, aparece sentada en el directorio del principal inversionista”.
Signos de interrogación
Luego que fallara el negocio con Santo Tomás, el Chileno Norteamericano intentó un convenio judicial preventivo que no fructificó. De acuerdo a la solicitud de quiebra, “debido a la presión de ciertos acreedores que trataron de privilegiar su situación individual por sobre la del común de los acreedores”.
A la espera de que se resuelva la solicitud de quiebra, los trabajadores siguen impagos. Las manifestaciones que realizaron en diciembre y las gestiones ante la Inspección del Trabajo, tribunales y parlamentarios no tuvieron resultados.
Mientras tanto, esperan alguna explicación: “Bajo la administración de Paulina Dittborn se hicieron movimientos que causaron la debacle financiera: la puesta en marcha del Instituto Profesional y la ampliación de la sede La Florida, dos hitos en que se invirtieron muchos millones, que no trajeron retorno y causaron el hundimiento”, recalca Alejandro Padilla. “Ella no se hace cargo en absoluto de las decisiones que llevaron a la crisis financiera”.
En tanto, luego de la solicitud de quiebra, las acciones judiciales que David Monsalves y Claudio Perlwitz preparaban en nombre de los afectados por el cobro de cheques quedaron en suspenso. Según los egresados de Derecho, la quiebra es inminente: “Se las van a dar, ellos mismos están confesando que están mal financieramente”, dice Monsalves.
“Si voy con ellos a la demanda, podría hacerlos gastar dinero y no van a obtener nada. Se ahogó ese buque”, agrega.
Según Alejandro Padilla, la ex presidenta Paulina Dittborn debiera dar una explicación: “Desconocemos a qué grado alcanza su responsabilidad, pero debe dar algunas respuestas”, dice.
“¿Por qué no se transparentó qué significaba la llegada del socio estratégico? ¿Por qué no se transparentó la licitación a las instituciones interesadas en adquirir el Instituto? ¿Cuál es la real participación de l Paulina Dittborn en esta licitación? ¿Tuvo que ver en el ofrecimiento a la Santo Tomás?”, cuestiona.
Radio Universidad de Chile intentó durante semanas contactarse con Paulina Dittborn y Pablo Torrealba, pero ninguno respondió a los llamados y correos electrónicos. En tanto, las autoridades de la Corporación Santo Tomás prefirieron no referirse al tema.
En tanto, el Norteamericano sigue funcionando con muchos signos de interrogación.
El escrito señala que el ICHN ha sufrido un deterioro de su situación financiera en los últimos años por el surgimiento de gran cantidad de entidades que imparten cursos de inglés, lo que obligó a descontar hasta en un 25 por ciento el valor de sus cursos. Argumentan además que subieron los costos de explotación por las negociaciones colectivas, lo que llevó a pedir préstamos con la banca.
Finalmente, los abogados señalan que la inversión de unos mil millones de pesos para ampliar la sede de La Florida y echar a andar el Instituto Profesional Chileno Norteamericano perjudicó la disponibilidad de recursos.
Esta no es la primera solicitud de quiebra del plantel. En diciembre, la importadora Kuatro, que opera la Librería Inglesa, ya había hecho su propia petición.
Mientras tanto, la institución sigue funcionando con cerca de trescientos empleados impagos desde noviembre, a quienes también se les deben varios meses de cotizaciones. La semana pasada, una veintena de trabajadores (entre ellos la directiva del sindicato) recurrieron al autodespido, argumentando que el Instituto dejó de cumplir con las obligaciones que establecen los contratos.
La bola de nieve producto del mal manejo financiero del centro de estudios comenzó a crecer y a escaparse de las manos. A fines del 2011 el ICHN hizo noticia cuando estudiantes denunciaron que los cheques a fecha que entregaron para pagar sus cursos de inglés fueron todos cobrados el 29 de diciembre. Justo antes del fin de semana de Año Nuevo, algunos vieron cómo sus cuentas corrientes se vaciaron completamente, a otros les protestaron sus cheques y otros debieron recurrir a créditos de consumo. Los afectados sumarían más de trescientos.
¿Qué pasó? Agobiado por las deudas, desde hace dos años el ICHN entrega los cheques a diversos factorings. Y dos de ellos los cobraron de manera súbita: Crecer y Baninter.
“Nunca fuimos consultados ni informados de la medida que estaban adoptando, por lo que no tenemos responsabilidad alguna en los hechos acontecidos”, respondió el jefe de finanzas del Norteamericano, Juan Cancino, en un correo enviado a David Monsalve y Claudio Perlwitz, egresados de Derecho que representaron a los afectados. Ambos intentaron negociar directamente con los factorings, pero no obtuvieron resultados.
Crecer y Baninter sabían de la delicada situación financiera del Instituto. Especialmente la segunda firma, que según la solicitud de quiebra es uno de los tres principales acreedores, junto al BCI y el BBVA.
Baninter es una importante hebra en esta madeja de irregularidades en torno al Instituto y quienes lo dirigían. Este factoring está asociado al Banco Internacional, que es dueño de casi todas las sedes del Norteamericano. En diciembre de 2010, éste traspasó sus propiedades en La Florida y Santiago al banco, según consta en el Conservador de Bienes Raíces. El único inmueble que mantuvo fue la sede de Providencia.
Con la UF de entonces, la operación llegó a poco más de mil 606 millones de pesos. Actualizada a 2012, el traspaso se hizo por más de mil 672 millones. En comparación, el avalúo fiscal de las propiedades suma mil 697 millones de pesos. Es decir, los edificios se vendieron más baratos que la tasación fiscal, que siempre es menor al precio comercial.
Según el sindicato del ICHN, el traspaso se hizo con un contrato de leaseback, mecanismo en que el vendedor promete volver a adquirir las propiedades en un plazo determinado y, mientras, paga arriendo por su uso. El objetivo, según dijo la actual administración del Norteamericano a los empleados, era transformar la deuda de corto plazo en deuda a largo plazo.
Sin embargo, en marzo de 2011 la situación del Instituto era crítica otra vez: “Nunca dejó de serlo. ¿De qué sirvió hacer esos movimientos? De nada”, dice Alejandro Padilla, presidente del sindicato, uno de los docentes que se autodespidió. “¿Cuál fue el alivio financiero que le trajo al Instituto? Ninguno”. ¿Quién ganó con la operación entonces? “El Banco Internacional, evidentemente”, responde de inmediato el dirigente.
Viejos conocidos
Paulina Dittborn C.
Pero los lazos entre el Chileno Norteamericano y el Banco Internacional van más allá de lo netamente comercial, y es en este punto donde la situación se enrarece. El Banco es propiedad de un grupo empresarial que integra Andrés Navarro Haeussler, reconocido amigo del Presidente Sebastián Piñera y socio fundador de la gigante tecnológica Sonda.
En el directorio de Sonda está Juan Antonio Guzmán Molinari, ministro de Educación entre 1987 y 1989 y socio hace años de Navarro. Hoy integran también el directorio de la empresa Multicaja, pero ya en 1996 adquirieron la Universidad Andrés Bello junto a los empresarios Álvaro Saieh, Miguel Ángel Poduje y Jorge Selume. Guzmán Molinari incluso fue rector de la casa de estudios.
¿Qué tiene que ver el Norteamericano? Sólo que Juan Antonio Guzmán está casado con Paulina Dittborn Cordua, quien presidía el directorio del Instituto cuando se hicieron los movimientos que llevaron a la quiebra y se traspasaron las propiedades al Banco Internacional, donde además trabaja como subgerente de negocios su primo, Carlos Huidobro Dittborn.
Para Alejandro Padilla, “puede ser una forma medio intrincada de ver las conexiones, pero así es. Ellos (Navarro y Guzmán) son socios de mucho tiempo, se conocen. Por lo tanto, es más que evidente que Andrés Navarro conoce a Paulina Dittborn y es cercano a ella”.
En otras palabras, Paulina Dittborn decidió desde la presidencia del Chileno Norteamericano traspasar las propiedades al banco de Andrés Navarro, socio de su marido, Juan Antonio Guzmán. Y por un precio menor a la tasación fiscal.
La caída
Esta historia es de largo aliento. Para entenderla, hay que remontarse a 2009, cuando Paulina Dittborn -hermana del subsecretario de Hacienda y ex diputado UDI, Julio Dittborn- sucedió en la presidencia del directorio del Norteamericano al ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Rafael Guillisasti.
Juan Antonio Guzmán M.
Bajo su presidencia, el centro de estudios amplió su sede en La Florida y comenzó a funcionar el Instituto Profesional Chileno Norteamericano, dos inversiones que explican en buena medida la quiebra, de acuerdo a la solicitud de la propia institución.
A instancias de Paulina Dittborn, a fines de 2010, llegó Pablo Torrealba, primero como asesor financiero y luego como director ejecutivo, cargo que mantiene actualmente.
Ante el difícil panorama económico, en 2011 el ICHN buscó un socio inversor y conversó con diversas instituciones. El principal interesado era la Corporación Santo Tomás, propietaria de la universidad, los centros de formación técnica y los colegios del mismo nombre. Aunque las autoridades de Santo Tomás no lo admiten públicamente, Torrealba confirmó estas negociaciones en una reunión con profesores.
En agosto de 2011, en medio de la crisis, Paulina Dittborn dejó la presidencia del directorio cuando aún restaban dos meses para que concluyera su período. Pronto una noticia sorpendería a los trabajadores del Instituto: en octubre fue fichada por Santo Tomás comodirectora nacional de su red de colegios. Es decir, en dos meses había pasado de conducir el ICHN a la quiebra a trabajar en la misma corporación que quería comprarlo.
Paralelamente, como el Norteamericano es una corporación de derecho privado sin fines de lucro y legalmente no puede ser vendido, el sucesor de Paulina Dittborn en el directorio, Gonzalo Jiménez Espinosa, constituyó la sociedad por acciones “Centro de Capacitación GJE” (las iniciales de su nombre), a la que se traspasarían los bienes del instituto. Ésta sí podía ser vendida.
Sin embargo, después de meses de conversaciones, no hubo acuerdo. Santo Tomás desistió porque no se cumplieron “las condiciones necesarias”. Pablo Torrealba dijo a los profesores que el conglomerado educacional no explicitó razones, pero dijo suponer dos motivos: porque 27 trabajadores no aceptaron la propuesta de finiquito que implicaba el traspaso; y porque las manifestaciones callejeras de los mismos empleados y publicacionesen medios hicieron ruido sobre la delicada situación.
Según Alejandro Padilla, luego de meses de negociaciones, auditorías, estudios jurídicos y una serie de gestiones, ese argumento es “ridículo”: “¿Eso es bastante para que después de seis meses y luego de aproximadamente un mes que saliera la noticia, la universidad Santo Tomás se retractara? Nos parece inverosímil”, señala.
El dirigente no cree posible que el negocio se haya caído “por un reducido número de personas que no aceptaron la oferta, sin ningún intento de advertir que estaba a punto de caerse; y por las manifestaciones que hicimos afuera del instituto un puñado de personas con un par de pancartas y unos guitarreos. Ni siquiera tuvo cobertura de prensa”.
¿Qué está detrás entonces de la fallida inversión? Alejandro Padilla dice que no tienen una respuesta certera: “Suponemos es que se está buscando abaratar el costo de la institución. Es decir, ahorrar dinero en indemnizaciones, abaratar para que esta misma institución (Santo Tomás), otra conectada a ella o incluso una distinta, se lleve al Instituto por menos dinero”.
La otra historia de PaulinaDittborn
El paso de Paulina Dittborn desde el Norteamericano a Santo Tomás recordó a los trabajadores un episodio ocurrido pocos años atrás.
En 2008, la académica era vicerrectora de Inacap y representante de los institutos profesionales y centros de formación técnica en el Consejo Superior de Educación (CSE), el mismo que hace poco protagonizó la polémica por el cambio de la palabra “dictadura” en textos escolares.
Apenas dos meses después, fue designada en la rectoría de la UDLA. El hecho provocó un escándalo, la Cámara de Diputados hizo una investigación y, en una declaración pública, el Consejo recalcó que sus normas internas “obligan a sus miembros a inhibirse de participar en las decisiones que éste debe adoptar, si estiman que puede haber en juego un conflicto de intereses que les pueda afectar la debida independencia de juicio”.
También fue cuestionada entonces por la acreditación negada a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), ya que no se inhibió pese a que ese plantel mantenía un litigio con Inacap por la marca “Universidad Tecnológica”.
Debido a la controversia, Paulina Dittborn renunció al CSE y no se hizo cargo de la rectoría de la UDLA, pero sí asumió como prorrectora, cargo que mantuvo paralelamente al del directorio en el Norteamericano.
Hoy, los consejeros que permanecen desde ese tiempo prefieren no hablar del episodio. Un integrante recuerda que “cuando ella era miembro, no estaba claro que tuviera intereses o vinculaciones”. Nadie en el Consejo habría sabido de los lazos de Paulina Dittborn con la UDLA: “A todos nos sorprendió”, dice.
Para el presidente del sindicato del ICHN, los hechos se asemejan: “Renunciar y trabajar en la Santo Tomás es, por lo menos, cuestionable. Que ella haya traído a (Pablo) Torrealba y que su marido esté ligado a las personas que compraron los edificios… por lo menos tememos un manejo de información privilegiada”, dice.
El dirigente relata que cuando Paulina Dittborn era presidenta del directorio y autoridad de la UDLA, temían que fuera ese plantel el que adquiriera el Instituto: “Así que fuimos y preguntamos directamente: ¿está vinculada a alguna de las instituciones que están participando en la licitación? La respuesta fue tajante: ‘No, no está vinculada a ninguna’. Y dos meses después, aparece sentada en el directorio del principal inversionista”.
Signos de interrogación
Luego que fallara el negocio con Santo Tomás, el Chileno Norteamericano intentó un convenio judicial preventivo que no fructificó. De acuerdo a la solicitud de quiebra, “debido a la presión de ciertos acreedores que trataron de privilegiar su situación individual por sobre la del común de los acreedores”.
A la espera de que se resuelva la solicitud de quiebra, los trabajadores siguen impagos. Las manifestaciones que realizaron en diciembre y las gestiones ante la Inspección del Trabajo, tribunales y parlamentarios no tuvieron resultados.
Mientras tanto, esperan alguna explicación: “Bajo la administración de Paulina Dittborn se hicieron movimientos que causaron la debacle financiera: la puesta en marcha del Instituto Profesional y la ampliación de la sede La Florida, dos hitos en que se invirtieron muchos millones, que no trajeron retorno y causaron el hundimiento”, recalca Alejandro Padilla. “Ella no se hace cargo en absoluto de las decisiones que llevaron a la crisis financiera”.
En tanto, luego de la solicitud de quiebra, las acciones judiciales que David Monsalves y Claudio Perlwitz preparaban en nombre de los afectados por el cobro de cheques quedaron en suspenso. Según los egresados de Derecho, la quiebra es inminente: “Se las van a dar, ellos mismos están confesando que están mal financieramente”, dice Monsalves.
“Si voy con ellos a la demanda, podría hacerlos gastar dinero y no van a obtener nada. Se ahogó ese buque”, agrega.
Según Alejandro Padilla, la ex presidenta Paulina Dittborn debiera dar una explicación: “Desconocemos a qué grado alcanza su responsabilidad, pero debe dar algunas respuestas”, dice.
“¿Por qué no se transparentó qué significaba la llegada del socio estratégico? ¿Por qué no se transparentó la licitación a las instituciones interesadas en adquirir el Instituto? ¿Cuál es la real participación de l Paulina Dittborn en esta licitación? ¿Tuvo que ver en el ofrecimiento a la Santo Tomás?”, cuestiona.
Radio Universidad de Chile intentó durante semanas contactarse con Paulina Dittborn y Pablo Torrealba, pero ninguno respondió a los llamados y correos electrónicos. En tanto, las autoridades de la Corporación Santo Tomás prefirieron no referirse al tema.
En tanto, el Norteamericano sigue funcionando con muchos signos de interrogación.
Crecer y Baninter sabían de la delicada situación financiera del Instituto. Especialmente la segunda firma, que según la solicitud de quiebra es uno de los tres principales acreedores, junto al BCI y el BBVA.
Sin embargo, después de meses de conversaciones, no hubo acuerdo. Santo Tomás desistió porque no se cumplieron “las condiciones necesarias”. Pablo Torrealba dijo a los profesores que el conglomerado educacional no explicitó razones, pero dijo suponer dos motivos: porque 27 trabajadores no aceptaron la propuesta de finiquito que implicaba el traspaso; y porque las manifestaciones callejeras de los mismos empleados y publicaciones en medios hicieron ruido sobre la delicada situación.
El paso de Paulina Dittborn desde el Norteamericano a Santo Tomás recordó a los trabajadores un episodio ocurrido pocos años atrás.
Luego que fallara el negocio con Santo Tomás, el Chileno Norteamericano intentó un convenio judicial preventivo que no fructificó. De acuerdo a la solicitud de quiebra, “debido a la presión de ciertos acreedores que trataron de privilegiar su situación individual por sobre la del común de los acreedores”.
