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Año XVI, 22 de julio de 2024


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Fallo TDLC por colusión de farmacias

“El caldo de cultivo que generó la colusión sigue vigente”

Pese a que el dictamen fue celebrado por las autoridades, parlamentarios y especialistas se mostraron preocupados por la efectividad de las sanciones, ya que no serían proporcionales al daño causado y además no compensan a los consumidores afectados. Pero también subrayaron el hecho de que la alta concentración de los mercados continuaría dando paso a este tipo de prácticas.

Loreto Soto

  Martes 31 de enero 2012 21:13 hrs. 
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Como “ejemplar” calificaron las autoridades el fallo emitido este martes por el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que obligó a las farmacias Cruz Verde y Salcobrand a pagar una multa de 19 millones de dólares por haberse coludido para subir los precios de al menos 206 medicamentos entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.

A través de un comunicado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE)- que encabezó las diligencias en este caso-  indicó que  “la sentencia pone término a un proceso de compleja litigación de más de tres años, en que mediante documentos, testigos, correos electrónicos e informes periciales y en derecho, se logró acreditar de manera inequívoca el actuar coordinado de dichas cadenas de farmacias”.

El caso salió a la luz pública cuando Farmacias Ahumada reconoció haberse coludido con sus competidoras. Sin embargo, esta empresa llegó a un acuerdo con la FNE y  utilizando la figura de delación compensada, entregó datos sobre esta situación y terminó pagando una multa de un millón de dólares.

Tanto Cruz Verde como Salcobrand negaron su participación en el ilícito y ya anunciaron que apelarán ante la Corte Suprema, instancia que tendrá la palabra final en la materia.

El Presidente Sebastián Piñera se mostró conforme con la decisión del tribunal y anunció un grupo de trabajo que deberá entregar durante las próximas semanas propuestas tanto legislativas como administrativas para perfeccionar la protección a la libre competencia y a los consumidores.

En esa línea, el director del Sernac, Juan Antonio Peribonio, aseguró que estudiarán exhaustivamente el documento del Tribunal con el objetivo de  iniciar acciones para proteger los intereses patrimoniales del consumidor, porque si bien las multas van al fisco, no compensan directamente a las personas perjudicadas.

Por lo mismo, el presidente de la Corporación de Usuarios y Consumidores (Conadecus), Hernán Calderón, aseguró que todavía existen una serie de falencias legales como por ejemplo, que las multas se calculen sobre un tope y no en relación al daño causado.

“Cuando se imponen montos máximos de infracción nos podemos quedar cortos como en este caso. El beneficio que recibieron fue muy superior y el daño que provocaron fue inmenso porque aquí hay un daño moral que tampoco se considera. Hay un sin número de vacíos que tenemos que modificar”, dijo Calderón.

Según el dirigente, parte de esos vicios se podrían evitar si tanto las fiscalías como los tribunales “se atrevieran y sugirieran la disolución de las sociedad tal como está contemplado en nuestra legislación”.

Opinión similar manifestó el abogado especialista en libre competencia, Juan Patricio Alvear, quien aseguró que las sanciones monetarias no tienen las consecuencias que se esperan en este tipo de casos.

“Nunca he tenido una tremenda fe en las multas cuando se trata de mercados donde es muy fácil traspasar a los clientes finales el pago de la misma. Si se puede transferir a precios en el siguiente año de ejercicio, la sanción no va a tener el efecto disuasivo porque la gente termina pagándola. Estos además son mercados monopólicos. Las cadenas farmacéuticas deben tener más del 90 por  ciento de los locales y la misma proporción de la venta de remedios”, comentó el jurista.

Tanto Alvear como Calderón respaldan la idea de que estos delitos sean penalizados con cárcel. Una modificación que, de acuerdo al abogado, no sería tan difícil de implementar, ya que  “la OCDE solicitó a Chile que estableciera la responsabilidad penal de las personas jurídicas o responsabilidad penal empresarial para crímenes como el cohecho, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y nuestro país lo hizo. Bastaría que el delito a la libre competencia tuviera una asociación de esta naturaleza para lo que sólo se necesitaría un artículo” y estos delitos podrían ser castigados con la privación de libertad.

Por su parte, el diputado miembro de la comisión de Salud, Gabriel Silber, sostuvo que el germen está radicado en la concentración de los mercados, por lo que los cambios legislativos que se hagan  también deberían apuntar en esa dirección.

“El caldo de cultivo que generó la colusión de estas tres grandes cadenas sigue vigente. El mercado farmacéutico continúa altamente concentrado y con escasa competencia. Sin esto no hay mercado y desde esa perspectiva aquí hay una mirada de modelo económico que reproduce la concentración, no sólo de este sector sino en otros estratégicos en la economía del país que tienden a reflejar conductas colusivas”, afirmó el parlamentario.

Además de este proceso iniciado por la Fiscalía Nacional Económica, todavía se mantienen en curso demandas civiles y una investigación penal por concertación de precios y asociación ilícita, cuyos resultados aún no se conocen.

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