La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) recurrió ante la Contraloría General para revertir el término anticipado del contrato laboral de la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la seremi de Vivienda y el Serviu regional de Aysén, Natacha Pot.
Esto, después de la declaración de la dirigenta ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que se constituyó en investigadora del proyecto energético Hidroaysén. Para la ANEF, la situación es particularmente grave, porque la relación laboral se dio por terminada pese al fuero laboral de la funcionaria.
El presidente regional de la ANEF, Julio López, indicó que existen otros casos similares donde se ha podido constatar “una persecución política desatada por parte del Gobierno”.
“Lo que existe detrás de estos despidos se vincula directamente con el interés que tiene el Gobierno de Sebastián Piñera de aprobar, a costa de lo que sea, la instalación de las represas en la región de Aysén. Eso lo hemos visto en la represión policial que se ha desatado en las calles cuando la gente se ha manifestado y también a través de los actos de amedrentamiento contra los funcionarios dentro de los servicios públicos que declararon contra Hidroaysén”, indicó.
Para López, lo más grave de este caso es que la Contraloría regional validó el despido de Natacha Pot, con lo que se abren las puertas para generar muchos más despidos del sistema público. Ello preocupa a los funcionarios, quienes consideran que el órgano contralor actuó bajo “una interpretación aberrante de la ley”.
Por esto, presentaron en Santiago un requerimiento a la Contraloría General para que revise esta situación e instruya a la dependencia regional a dar pie atrás en su decisión de validar este tipo de presiones y represalias contra los funcionarios públicos.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) recurrió ante la Contraloría General para revertir el término anticipado del contrato laboral de la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la seremi de Vivienda y el Serviu regional de Aysén, Natacha Pot.
Esto, después de la declaración de la dirigenta ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que se constituyó en investigadora del proyecto energético Hidroaysén. Para la ANEF, la situación es particularmente grave, porque la relación laboral se dio por terminada pese al fuero laboral de la funcionaria.
El presidente regional de la ANEF, Julio López, indicó que existen otros casos similares donde se ha podido constatar “una persecución política desatada por parte del Gobierno”.
“Lo que existe detrás de estos despidos se vincula directamente con el interés que tiene el Gobierno de Sebastián Piñera de aprobar, a costa de lo que sea, la instalación de las represas en la región de Aysén. Eso lo hemos visto en la represión policial que se ha desatado en las calles cuando la gente se ha manifestado y también a través de los actos de amedrentamiento contra los funcionarios dentro de los servicios públicos que declararon contra Hidroaysén”, indicó.
Para López, lo más grave de este caso es que la Contraloría regional validó el despido de Natacha Pot, con lo que se abren las puertas para generar muchos más despidos del sistema público. Ello preocupa a los funcionarios, quienes consideran que el órgano contralor actuó bajo “una interpretación aberrante de la ley”.
Por esto, presentaron en Santiago un requerimiento a la Contraloría General para que revise esta situación e instruya a la dependencia regional a dar pie atrás en su decisión de validar este tipo de presiones y represalias contra los funcionarios públicos.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) recurrió ante la Contraloría General para revertir el término anticipado del contrato laboral de la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la seremi de Vivienda y el Serviu regional de Aysén, Natacha Pot.
Esto, después de la declaración de la dirigenta ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que se constituyó en investigadora del proyecto energético Hidroaysén. Para la ANEF, la situación es particularmente grave, porque la relación laboral se dio por terminada pese al fuero laboral de la funcionaria.
El presidente regional de la ANEF, Julio López, indicó que existen otros casos similares donde se ha podido constatar “una persecución política desatada por parte del Gobierno”.
“Lo que existe detrás de estos despidos se vincula directamente con el interés que tiene el Gobierno de Sebastián Piñera de aprobar, a costa de lo que sea, la instalación de las represas en la región de Aysén. Eso lo hemos visto en la represión policial que se ha desatado en las calles cuando la gente se ha manifestado y también a través de los actos de amedrentamiento contra los funcionarios dentro de los servicios públicos que declararon contra Hidroaysén”, indicó.
Para López, lo más grave de este caso es que la Contraloría regional validó el despido de Natacha Pot, con lo que se abren las puertas para generar muchos más despidos del sistema público. Ello preocupa a los funcionarios, quienes consideran que el órgano contralor actuó bajo “una interpretación aberrante de la ley”.
Por esto, presentaron en Santiago un requerimiento a la Contraloría General para que revise esta situación e instruya a la dependencia regional a dar pie atrás en su decisión de validar este tipo de presiones y represalias contra los funcionarios públicos.
