A las afueras del Hospital del Trabajador se pronunciaron sobre la falta de seguridad y la poca voluntad de los empresarios para invertir parte de las ganancias que obtienen en capacitación e implementos de trabajo para brindar a sus empleados un empleo seguro y digno. Esta precaria situación quedó demostrada con la intoxicación masiva de 160 trabajadores de la empresa “Los Nobles” el 17 de enero pasado.
En la oportunidad Luis Figueroa, de 20 años, resultó muerto y Juan Muñoz Soto, herido de gravedad manteniéndose semanas en estado de coma. Estos no son los únicos casos, se suma el fallecimiento de Cecilia Ortíz en Copiapó y el caso de Flor María quien, después de la exposición a los componentes tóxicos, logró recuperar sólo el 32 por ciento de su capacidad pulmonar.
“Yo tenía un fuero maternal y no tendrían que haberme dado la orden de haber ido a frigorífico porque estaba amamantando. Tuve quemaduras internas y quedé con riesgo vital. Estoy a la espera de que se dé la autorización para empezar un trámite para un trasplante pulmonar que es la única oportunidad que tengo para volver a rehacer mi vida”, comentó Flor María a Radio Universidad de Chile.
La joven de 27 años no ha recibido apoyo ni de la empresa, ni de las autoridades. Esta situación se vive con fuerza en el sector agroexportador, pero también en otros rubros.
En esa línea, Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, comentó que “este es un hecho gravísimo que atenta contra la seguridad de la salud ocupacional no tan solo de los trabajadores de la agroexportación, sino también a los subcontratados en el cobre, a los salmoneros, a los forestales y a los de servicios. Lamentablemente en nuestro país estamos en una institucionalidad que, por sobre la vida, privilegia el lucro, generar mayor dividendo y el beneficio de la gran industria”, sentenció el dirigente.
Los trabajadores insistieron en la crítica a la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, quien respaldó a la empresa Los Nobles asegurando que ésta tenía un buen historial, lo que fue desmentido por Ana María Silva, alcaldesa de Codegua. Además, Cuevas afirmó que el pasado 2011 el gobierno no dio ningún paso en materia de seguridad laboral.
En este sentido, Alicia Muñoz de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), hizo un llamado a los empresarios a respetar las leyes y a las autoridades a hacerlas cumplir.
“Las autoridades tienen que poner atención. No es posible que se hagan los sordos. Esto no se condice con las maravillas que cuentan en el exterior de que este país es la panacea y que la exportación va de viento en popa. Hasta cuándo los trabajadores van a tener que entregar su vida a la industria y las mujeres quedando mutiladas siendo desechables”, inquirió Alicia Muñoz.
La dirigenta de ANAMURI se preguntó además ¿Hasta cuándo los empresarios gozarán de la protección del Estado que les permite actuar al límite de la ley? Y ¿Hasta cuándo también seguirán siendo los trabajadores y trabajadoras los que paguen el costo del desarrollo del país?
A las afueras del Hospital del Trabajador se pronunciaron sobre la falta de seguridad y la poca voluntad de los empresarios para invertir parte de las ganancias que obtienen en capacitación e implementos de trabajo para brindar a sus empleados un empleo seguro y digno. Esta precaria situación quedó demostrada con la intoxicación masiva de 160 trabajadores de la empresa “Los Nobles” el 17 de enero pasado.
En la oportunidad Luis Figueroa, de 20 años, resultó muerto y Juan Muñoz Soto, herido de gravedad manteniéndose semanas en estado de coma. Estos no son los únicos casos, se suma el fallecimiento de Cecilia Ortíz en Copiapó y el caso de Flor María quien, después de la exposición a los componentes tóxicos, logró recuperar sólo el 32 por ciento de su capacidad pulmonar.
“Yo tenía un fuero maternal y no tendrían que haberme dado la orden de haber ido a frigorífico porque estaba amamantando. Tuve quemaduras internas y quedé con riesgo vital. Estoy a la espera de que se dé la autorización para empezar un trámite para un trasplante pulmonar que es la única oportunidad que tengo para volver a rehacer mi vida”, comentó Flor María a Radio Universidad de Chile.
La joven de 27 años no ha recibido apoyo ni de la empresa, ni de las autoridades. Esta situación se vive con fuerza en el sector agroexportador, pero también en otros rubros.
En esa línea, Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, comentó que “este es un hecho gravísimo que atenta contra la seguridad de la salud ocupacional no tan solo de los trabajadores de la agroexportación, sino también a los subcontratados en el cobre, a los salmoneros, a los forestales y a los de servicios. Lamentablemente en nuestro país estamos en una institucionalidad que, por sobre la vida, privilegia el lucro, generar mayor dividendo y el beneficio de la gran industria”, sentenció el dirigente.
Los trabajadores insistieron en la crítica a la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, quien respaldó a la empresa Los Nobles asegurando que ésta tenía un buen historial, lo que fue desmentido por Ana María Silva, alcaldesa de Codegua. Además, Cuevas afirmó que el pasado 2011 el gobierno no dio ningún paso en materia de seguridad laboral.
En este sentido, Alicia Muñoz de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), hizo un llamado a los empresarios a respetar las leyes y a las autoridades a hacerlas cumplir.
“Las autoridades tienen que poner atención. No es posible que se hagan los sordos. Esto no se condice con las maravillas que cuentan en el exterior de que este país es la panacea y que la exportación va de viento en popa. Hasta cuándo los trabajadores van a tener que entregar su vida a la industria y las mujeres quedando mutiladas siendo desechables”, inquirió Alicia Muñoz.
La dirigenta de ANAMURI se preguntó además ¿Hasta cuándo los empresarios gozarán de la protección del Estado que les permite actuar al límite de la ley? Y ¿Hasta cuándo también seguirán siendo los trabajadores y trabajadoras los que paguen el costo del desarrollo del país?
A las afueras del Hospital del Trabajador se pronunciaron sobre la falta de seguridad y la poca voluntad de los empresarios para invertir parte de las ganancias que obtienen en capacitación e implementos de trabajo para brindar a sus empleados un empleo seguro y digno. Esta precaria situación quedó demostrada con la intoxicación masiva de 160 trabajadores de la empresa “Los Nobles” el 17 de enero pasado.
En la oportunidad Luis Figueroa, de 20 años, resultó muerto y Juan Muñoz Soto, herido de gravedad manteniéndose semanas en estado de coma. Estos no son los únicos casos, se suma el fallecimiento de Cecilia Ortíz en Copiapó y el caso de Flor María quien, después de la exposición a los componentes tóxicos, logró recuperar sólo el 32 por ciento de su capacidad pulmonar.
“Yo tenía un fuero maternal y no tendrían que haberme dado la orden de haber ido a frigorífico porque estaba amamantando. Tuve quemaduras internas y quedé con riesgo vital. Estoy a la espera de que se dé la autorización para empezar un trámite para un trasplante pulmonar que es la única oportunidad que tengo para volver a rehacer mi vida”, comentó Flor María a Radio Universidad de Chile.
La joven de 27 años no ha recibido apoyo ni de la empresa, ni de las autoridades. Esta situación se vive con fuerza en el sector agroexportador, pero también en otros rubros.
En esa línea, Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, comentó que “este es un hecho gravísimo que atenta contra la seguridad de la salud ocupacional no tan solo de los trabajadores de la agroexportación, sino también a los subcontratados en el cobre, a los salmoneros, a los forestales y a los de servicios. Lamentablemente en nuestro país estamos en una institucionalidad que, por sobre la vida, privilegia el lucro, generar mayor dividendo y el beneficio de la gran industria”, sentenció el dirigente.
Los trabajadores insistieron en la crítica a la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, quien respaldó a la empresa Los Nobles asegurando que ésta tenía un buen historial, lo que fue desmentido por Ana María Silva, alcaldesa de Codegua. Además, Cuevas afirmó que el pasado 2011 el gobierno no dio ningún paso en materia de seguridad laboral.
En este sentido, Alicia Muñoz de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), hizo un llamado a los empresarios a respetar las leyes y a las autoridades a hacerlas cumplir.
“Las autoridades tienen que poner atención. No es posible que se hagan los sordos. Esto no se condice con las maravillas que cuentan en el exterior de que este país es la panacea y que la exportación va de viento en popa. Hasta cuándo los trabajadores van a tener que entregar su vida a la industria y las mujeres quedando mutiladas siendo desechables”, inquirió Alicia Muñoz.
La dirigenta de ANAMURI se preguntó además ¿Hasta cuándo los empresarios gozarán de la protección del Estado que les permite actuar al límite de la ley? Y ¿Hasta cuándo también seguirán siendo los trabajadores y trabajadoras los que paguen el costo del desarrollo del país?
