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Año XVI, 29 de marzo de 2024


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Cifran en 355 las víctimas del incendio en Honduras

Los peritos chilenos que colaborarán en la identificación de los cuerpos ya llegaron al país centroamericano. La semana pasada la ONU había advertido sobre las condiciones infrahumanas de los penales latinoamericanos. Esta tragedia vendría a corroborar el peligro del hacinamiento y mala infraestructura.

Editora Diario Electrónico

  Jueves 16 de febrero 2012 14:02 hrs. 
honduras quemado

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Al mediodía, hora local, llegaron a Honduras los cuatro peritos chilenos del Servicio Médico Legal para apoyar las labores de identificación de lo que se transformó en la peor tragedia carcelaria de la última década a nivel mundial.

El portavoz del Ministerio Público de Honduras, Melvin Duarte, informó que el balance actual del incendio ocurrido ayer en el Penal Granja de Comayagua es de 355 reos muertos.

Los peritos chilenos se unirán al grupo de salvadoreños que ya trabaja en las labores de identificación y se espera que pronto lleguen especialistas de otros países, pero se prevé que las labores serán lentas.

En tanto, en las últimas horas han surgido denuncias que sindicarían a los gendarmes del recinto como los responsables de la gran cantidad de muertos, ya que los bomberos llegaron a los diez minutos de comenzado el siniestro, pero no se les permitió ingresar porque creyeron que se trataba de un intento de fuga.

Si bien estuvo apegada al protocolo de seguridad, esta decisión retrasó de sobremanera el control de las llamas en una cárcel que está construida para albergar a 400 personas, pero tenía 800 internos.

El hacinamiento y las malas condiciones de los recintos penitenciarios en Sudamérica fueron, precisamente, criticadas hace una semana por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que dio a conocer un informe donde se mencionaba la situación alarmante de violencia existente, que se deberían a la sobrepoblación crónica, la falta de agua potable, alimentos, atención médica e higiene de las cárceles de Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela.

El documento recalca que esta situación se haría extensiva a los países centroamericanos, donde las promesas de políticas públicas en materia carcelaria nunca se concretan.

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