El abogado Raúl Meza solicitó esta mañana a la Fiscalía Metropolitana Occidente citar a declarar en calidad de imputados a la ex Presidenta Michelle Bachelet, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, el ex ministro de Defensa, Francisco Vidal y el ex jefe del estado Mayor Conjunto, Cristián Le Dantec.
El jurista, querellante en la investigación de presuntas negligencias en la fallida alerta de maremoto del 27 de febrero del 2010, a cargo de la fiscal Solange Huerta, solicitó además el careo entre Bachelet y Fernández y Vidal con Le Dantec.
La primera por las “manifiestas y evidentes contradicciones en las declaraciones de ambas respecto a qué autoridad técnica o política tomó las decisiones el día 27 de febrero en la oficina de la Onemi”, señaló Meza.
El segundo careo para investigar el sistema de comunicaciones que manejaba el Ejército, llamado plan Torrente, el que, a juicio de Meza, no ha sido suficientemente indagado.
Respecto de la petición a la fiscalía, el abogado dijo que la diligencia serviría “para que ambas personas conforme a declaraciones que han hecho a la opinión pública desmientan o confirmen la efectividad, operatividad y utilidad que habría tenido ese sistema de comunicaciones para la toma de decisiones el 27 de febrero en dependencias de la Onemi. Se solicitó un careo entre ambas para que se pongan de acuerdo, confirmen o desmientan el punto que es necesario aclarar dentro de la indagatoria que se habría ocultado en forma intencionada información a la ex Presidenta Bachelet en el sentido que ese sistema de comunicaciones estaba vigente el 27 de febrero y no pudo ser utilizado para la toma de decisiones el día de la tragedia”.
El abogado añadió que la solicitud de calificar a Bachelet y Le Dantec como imputados en el caso del maremoto tiene relación con presuntas negligencias en la toma de decisiones, por parte de la ex Mandataria, y la negación de informar sobre un sistema de comunicaciones relevante para la toma de decisiones, por parte de Le Dantec.
“Ambas autoridades fueron requeridas de una adecuada, oportuna y competente información respecto de los acontecimientos que estaban ocurriendo y desde ese punto de vista habrían cometido errores que generaron consecuencia y daño a la población”, precisó el profesional.
El abogado solicitará la recalificación de Le Dantec y Bachelet como imputados por cuasidelito de homicidio y negación de auxilio, explicó el abogado querellante.
El primer delito arriesga penas de 61 días a 3 años de forma no privativa de libertad.
Sin embargo, según Meza, la condena más significativa tiene relación con la negación de auxilio, pena que inhabilita a perpetuidad el ejercer cargos públicos.
El abogado querellante afirmó que la formalización de cargos es un acto exclusivo y excluyente de la Fiscalía, por lo que él sólo pedirá al Ministerio Público que evalué una eventual formalización.
El abogado Raúl Meza solicitó esta mañana a la Fiscalía Metropolitana Occidente citar a declarar en calidad de imputados a la ex Presidenta Michelle Bachelet, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, el ex ministro de Defensa, Francisco Vidal y el ex jefe del estado Mayor Conjunto, Cristián Le Dantec.
El jurista, querellante en la investigación de presuntas negligencias en la fallida alerta de maremoto del 27 de febrero del 2010, a cargo de la fiscal Solange Huerta, solicitó además el careo entre Bachelet y Fernández y Vidal con Le Dantec.
La primera por las “manifiestas y evidentes contradicciones en las declaraciones de ambas respecto a qué autoridad técnica o política tomó las decisiones el día 27 de febrero en la oficina de la Onemi”, señaló Meza.
El segundo careo para investigar el sistema de comunicaciones que manejaba el Ejército, llamado plan Torrente, el que, a juicio de Meza, no ha sido suficientemente indagado.
Respecto de la petición a la fiscalía, el abogado dijo que la diligencia serviría “para que ambas personas conforme a declaraciones que han hecho a la opinión pública desmientan o confirmen la efectividad, operatividad y utilidad que habría tenido ese sistema de comunicaciones para la toma de decisiones el 27 de febrero en dependencias de la Onemi. Se solicitó un careo entre ambas para que se pongan de acuerdo, confirmen o desmientan el punto que es necesario aclarar dentro de la indagatoria que se habría ocultado en forma intencionada información a la ex Presidenta Bachelet en el sentido que ese sistema de comunicaciones estaba vigente el 27 de febrero y no pudo ser utilizado para la toma de decisiones el día de la tragedia”.
El abogado añadió que la solicitud de calificar a Bachelet y Le Dantec como imputados en el caso del maremoto tiene relación con presuntas negligencias en la toma de decisiones, por parte de la ex Mandataria, y la negación de informar sobre un sistema de comunicaciones relevante para la toma de decisiones, por parte de Le Dantec.
“Ambas autoridades fueron requeridas de una adecuada, oportuna y competente información respecto de los acontecimientos que estaban ocurriendo y desde ese punto de vista habrían cometido errores que generaron consecuencia y daño a la población”, precisó el profesional.
El abogado solicitará la recalificación de Le Dantec y Bachelet como imputados por cuasidelito de homicidio y negación de auxilio, explicó el abogado querellante.
El primer delito arriesga penas de 61 días a 3 años de forma no privativa de libertad.
Sin embargo, según Meza, la condena más significativa tiene relación con la negación de auxilio, pena que inhabilita a perpetuidad el ejercer cargos públicos.
El abogado querellante afirmó que la formalización de cargos es un acto exclusivo y excluyente de la Fiscalía, por lo que él sólo pedirá al Ministerio Público que evalué una eventual formalización.
El abogado Raúl Meza solicitó esta mañana a la Fiscalía Metropolitana Occidente citar a declarar en calidad de imputados a la ex Presidenta Michelle Bachelet, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, el ex ministro de Defensa, Francisco Vidal y el ex jefe del estado Mayor Conjunto, Cristián Le Dantec.
El jurista, querellante en la investigación de presuntas negligencias en la fallida alerta de maremoto del 27 de febrero del 2010, a cargo de la fiscal Solange Huerta, solicitó además el careo entre Bachelet y Fernández y Vidal con Le Dantec.
La primera por las “manifiestas y evidentes contradicciones en las declaraciones de ambas respecto a qué autoridad técnica o política tomó las decisiones el día 27 de febrero en la oficina de la Onemi”, señaló Meza.
El segundo careo para investigar el sistema de comunicaciones que manejaba el Ejército, llamado plan Torrente, el que, a juicio de Meza, no ha sido suficientemente indagado.
Respecto de la petición a la fiscalía, el abogado dijo que la diligencia serviría “para que ambas personas conforme a declaraciones que han hecho a la opinión pública desmientan o confirmen la efectividad, operatividad y utilidad que habría tenido ese sistema de comunicaciones para la toma de decisiones el 27 de febrero en dependencias de la Onemi. Se solicitó un careo entre ambas para que se pongan de acuerdo, confirmen o desmientan el punto que es necesario aclarar dentro de la indagatoria que se habría ocultado en forma intencionada información a la ex Presidenta Bachelet en el sentido que ese sistema de comunicaciones estaba vigente el 27 de febrero y no pudo ser utilizado para la toma de decisiones el día de la tragedia”.
El abogado añadió que la solicitud de calificar a Bachelet y Le Dantec como imputados en el caso del maremoto tiene relación con presuntas negligencias en la toma de decisiones, por parte de la ex Mandataria, y la negación de informar sobre un sistema de comunicaciones relevante para la toma de decisiones, por parte de Le Dantec.
“Ambas autoridades fueron requeridas de una adecuada, oportuna y competente información respecto de los acontecimientos que estaban ocurriendo y desde ese punto de vista habrían cometido errores que generaron consecuencia y daño a la población”, precisó el profesional.
El abogado solicitará la recalificación de Le Dantec y Bachelet como imputados por cuasidelito de homicidio y negación de auxilio, explicó el abogado querellante.
El primer delito arriesga penas de 61 días a 3 años de forma no privativa de libertad.
Sin embargo, según Meza, la condena más significativa tiene relación con la negación de auxilio, pena que inhabilita a perpetuidad el ejercer cargos públicos.
El abogado querellante afirmó que la formalización de cargos es un acto exclusivo y excluyente de la Fiscalía, por lo que él sólo pedirá al Ministerio Público que evalué una eventual formalización.
