Los ministros Felipe Larraín y Andrés Allamand detallaron que la iniciativa busca cumplir con la cuarta exigencia de las convenciones internacionales, respecto a restricciones de ciertas armas convencionales, relacionada a la reparación a víctimas de minas antipersonales.
La idea es cumplir con la Convención de Ottawa de 1997 sobre estos explosivos, que además de la reparación y protección de las víctimas, exige el cese en la utilización de estos artefactos, la destrucción de sus municiones y la limpieza de campos minados.
El proyecto contempla una bonificación única cercana al millón y medio de pesos, dependiendo del porcentaje de discapacidad de la víctima; una pensión vitalicia para víctimas y herederos de éstas en caso de fallecimientos; y servicios como atención médica y sicológica vitalicia, beneficios educacionales y la incorporación a planes de inclusión social y laboral.
El ministro Larraín explicó que la elaboración de esta propuesta se basa en la línea del Gobierno con que ha trabajado en casos de Derechos Humanos, explicando que esto no se referirá sólo a víctimas de minas antipersonales, sino que también de otros artefactos bélicos no detonados.
Ante ello, el director de la Organización No Gubernamental Centro Zona Minada, Elir Rojas, valoró la iniciativa pero aseguró que es necesario determinar criterios propios para estos casos, más que tomar los aspectos que rigen las compensaciones para víctimas de la violencia política.
Rojas afirmó que espera que el perfeccionamiento de la propuesta se haga en colaboración con las organizaciones que agrupan a quienes sufrieron estos accidentes.
El dirigente se manifestó en general conforme con el anuncio, sin embargo, disparó sus críticas contra el representante militar sobre esta materia “Nos alegramos de que por fin se haya presentado ese proyecto de ley. Creo que hay que mejorar algunas cosas con la participación de los realmente afectados que son los sobrevivientes. Aquí el grupo de víctimas de mini municiones no ha sido incorporado, ha existido una exclusión permanente en los últimos dos años en la Comisión Nacional de Desminado para trabajar con la sociedad civil. El actual secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Desminado, el coronel Juan Mendoza durante dos años ha desconocido al consejo consultivo que se creó en 2005”.
Esta iniciativa, se da en el contexto del desplazamiento de minas antipersonales en la frontera de Chile con Perú, situación que ha generado tensión diplomática entre ambos países, dados los trabajos que se deben hacer para la limpieza y por la naturaleza de estos artefactos.
Recientemente, la Cancillería del Perú envió una nota de protesta al ministerio de Relaciones Exteriores chileno acusando la presencia de efectivos militares chilenos en un área de territorio peruano, realizando labores de señalización del curso de deslizamiento de las minas, que alcanzaron territorio peruano.
Ante esto, Allamand señaló que la labor del Ejército en el retiro de los explosivos se mantienen en las exigencias de las convenciones internacionales, y que otras materias, son de estricto interés de Cancillería, desde donde ya se ha rectificado el tema.
“Estamos actuando, tomando y cumpliendo con todas las obligaciones que nos impone la Convención de Ottawa, es decir, efectuamos las tareas propias de cercamiento, señalización y vamos a realizar las tareas siempre teniendo en cuenta la mayor seguridad de las personas. Vuelvo a insistir, la nota de la Cancillería fue suficientemente clara en términos de que todos los trabajos se han realizado en espacios marítimos y en territorio bajo soberanía, jurisdicción y control de Chile”, indicó el secretario de Estado.
El proceso de limpieza se está realizando, según el coronel Juan Mendoza, director de la Comisión Nacional de Desminado, de manera participativa, en mesas de trabajo; pese a que desde ONGs como Centro Zona Minada, se cuestione y se critique al uniformado porque a su juicio, esto no ha sido tal.
Los ministros Felipe Larraín y Andrés Allamand detallaron que la iniciativa busca cumplir con la cuarta exigencia de las convenciones internacionales, respecto a restricciones de ciertas armas convencionales, relacionada a la reparación a víctimas de minas antipersonales.
La idea es cumplir con la Convención de Ottawa de 1997 sobre estos explosivos, que además de la reparación y protección de las víctimas, exige el cese en la utilización de estos artefactos, la destrucción de sus municiones y la limpieza de campos minados.
El proyecto contempla una bonificación única cercana al millón y medio de pesos, dependiendo del porcentaje de discapacidad de la víctima; una pensión vitalicia para víctimas y herederos de éstas en caso de fallecimientos; y servicios como atención médica y sicológica vitalicia, beneficios educacionales y la incorporación a planes de inclusión social y laboral.
El ministro Larraín explicó que la elaboración de esta propuesta se basa en la línea del Gobierno con que ha trabajado en casos de Derechos Humanos, explicando que esto no se referirá sólo a víctimas de minas antipersonales, sino que también de otros artefactos bélicos no detonados.
Ante ello, el director de la Organización No Gubernamental Centro Zona Minada, Elir Rojas, valoró la iniciativa pero aseguró que es necesario determinar criterios propios para estos casos, más que tomar los aspectos que rigen las compensaciones para víctimas de la violencia política.
Rojas afirmó que espera que el perfeccionamiento de la propuesta se haga en colaboración con las organizaciones que agrupan a quienes sufrieron estos accidentes.
El dirigente se manifestó en general conforme con el anuncio, sin embargo, disparó sus críticas contra el representante militar sobre esta materia “Nos alegramos de que por fin se haya presentado ese proyecto de ley. Creo que hay que mejorar algunas cosas con la participación de los realmente afectados que son los sobrevivientes. Aquí el grupo de víctimas de mini municiones no ha sido incorporado, ha existido una exclusión permanente en los últimos dos años en la Comisión Nacional de Desminado para trabajar con la sociedad civil. El actual secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Desminado, el coronel Juan Mendoza durante dos años ha desconocido al consejo consultivo que se creó en 2005”.
Esta iniciativa, se da en el contexto del desplazamiento de minas antipersonales en la frontera de Chile con Perú, situación que ha generado tensión diplomática entre ambos países, dados los trabajos que se deben hacer para la limpieza y por la naturaleza de estos artefactos.
Recientemente, la Cancillería del Perú envió una nota de protesta al ministerio de Relaciones Exteriores chileno acusando la presencia de efectivos militares chilenos en un área de territorio peruano, realizando labores de señalización del curso de deslizamiento de las minas, que alcanzaron territorio peruano.
Ante esto, Allamand señaló que la labor del Ejército en el retiro de los explosivos se mantienen en las exigencias de las convenciones internacionales, y que otras materias, son de estricto interés de Cancillería, desde donde ya se ha rectificado el tema.
“Estamos actuando, tomando y cumpliendo con todas las obligaciones que nos impone la Convención de Ottawa, es decir, efectuamos las tareas propias de cercamiento, señalización y vamos a realizar las tareas siempre teniendo en cuenta la mayor seguridad de las personas. Vuelvo a insistir, la nota de la Cancillería fue suficientemente clara en términos de que todos los trabajos se han realizado en espacios marítimos y en territorio bajo soberanía, jurisdicción y control de Chile”, indicó el secretario de Estado.
El proceso de limpieza se está realizando, según el coronel Juan Mendoza, director de la Comisión Nacional de Desminado, de manera participativa, en mesas de trabajo; pese a que desde ONGs como Centro Zona Minada, se cuestione y se critique al uniformado porque a su juicio, esto no ha sido tal.
Los ministros Felipe Larraín y Andrés Allamand detallaron que la iniciativa busca cumplir con la cuarta exigencia de las convenciones internacionales, respecto a restricciones de ciertas armas convencionales, relacionada a la reparación a víctimas de minas antipersonales.
La idea es cumplir con la Convención de Ottawa de 1997 sobre estos explosivos, que además de la reparación y protección de las víctimas, exige el cese en la utilización de estos artefactos, la destrucción de sus municiones y la limpieza de campos minados.
El proyecto contempla una bonificación única cercana al millón y medio de pesos, dependiendo del porcentaje de discapacidad de la víctima; una pensión vitalicia para víctimas y herederos de éstas en caso de fallecimientos; y servicios como atención médica y sicológica vitalicia, beneficios educacionales y la incorporación a planes de inclusión social y laboral.
El ministro Larraín explicó que la elaboración de esta propuesta se basa en la línea del Gobierno con que ha trabajado en casos de Derechos Humanos, explicando que esto no se referirá sólo a víctimas de minas antipersonales, sino que también de otros artefactos bélicos no detonados.
Ante ello, el director de la Organización No Gubernamental Centro Zona Minada, Elir Rojas, valoró la iniciativa pero aseguró que es necesario determinar criterios propios para estos casos, más que tomar los aspectos que rigen las compensaciones para víctimas de la violencia política.
Rojas afirmó que espera que el perfeccionamiento de la propuesta se haga en colaboración con las organizaciones que agrupan a quienes sufrieron estos accidentes.
El dirigente se manifestó en general conforme con el anuncio, sin embargo, disparó sus críticas contra el representante militar sobre esta materia “Nos alegramos de que por fin se haya presentado ese proyecto de ley. Creo que hay que mejorar algunas cosas con la participación de los realmente afectados que son los sobrevivientes. Aquí el grupo de víctimas de mini municiones no ha sido incorporado, ha existido una exclusión permanente en los últimos dos años en la Comisión Nacional de Desminado para trabajar con la sociedad civil. El actual secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Desminado, el coronel Juan Mendoza durante dos años ha desconocido al consejo consultivo que se creó en 2005”.
Esta iniciativa, se da en el contexto del desplazamiento de minas antipersonales en la frontera de Chile con Perú, situación que ha generado tensión diplomática entre ambos países, dados los trabajos que se deben hacer para la limpieza y por la naturaleza de estos artefactos.
Recientemente, la Cancillería del Perú envió una nota de protesta al ministerio de Relaciones Exteriores chileno acusando la presencia de efectivos militares chilenos en un área de territorio peruano, realizando labores de señalización del curso de deslizamiento de las minas, que alcanzaron territorio peruano.
Ante esto, Allamand señaló que la labor del Ejército en el retiro de los explosivos se mantienen en las exigencias de las convenciones internacionales, y que otras materias, son de estricto interés de Cancillería, desde donde ya se ha rectificado el tema.
“Estamos actuando, tomando y cumpliendo con todas las obligaciones que nos impone la Convención de Ottawa, es decir, efectuamos las tareas propias de cercamiento, señalización y vamos a realizar las tareas siempre teniendo en cuenta la mayor seguridad de las personas. Vuelvo a insistir, la nota de la Cancillería fue suficientemente clara en términos de que todos los trabajos se han realizado en espacios marítimos y en territorio bajo soberanía, jurisdicción y control de Chile”, indicó el secretario de Estado.
El proceso de limpieza se está realizando, según el coronel Juan Mendoza, director de la Comisión Nacional de Desminado, de manera participativa, en mesas de trabajo; pese a que desde ONGs como Centro Zona Minada, se cuestione y se critique al uniformado porque a su juicio, esto no ha sido tal.
