La subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) formuló cargos en contra de las empresas de telefonía móvil Claro y Movistar, por conductas atentatorias a la recientemente implementada portabilidad numérica.
Según explicaron desde la repartición, las compañías habrían infringido el artículo 19 de la normativa en esta materia “al ejercer acciones tendientes a dificultar y/o entorpecer el curso normal del proceso, impidiendo que la proveedora receptora pueda cursar correctamente la portabilidad de los respectivos números telefónicos afectados”.
La subsecretaría habría utilizado los datos del Sistema de Gestión de la Portabilidad, que detectó una gran cantidad de errores en respuesta a las preguntas de prevalidación en el momento en que los clientes solicitan su portabilidad.
El presidente de la Organización de Usuarios y Consumidores (Odecu), Estefan Larenas, advirtió que pese a que no conocen los antecedentes sobre estos problemas en específico, ya se había advertido que las empresas podrían entorpecer el proceso basándose, por ejemplo, en los equipos entregados en comodato.
“La tendencia es a que las personas puedan firmar un contrato de 18 meses con un teléfono en comodato y, por lo tanto, no pueden salirse – según lo que dicen las los que atienden- si es que no paga el total del teléfono en comodato. Pero la reglamentación es bastante clara: uno paga lo que debe, devuelve el teléfono y se puede retirar”, afirmó el dirigente.
De comprobarse las infracciones detectadas por la Subtel, las firmas de telefonía se arriesgan a multas de hasta 1000 UTM, que corresponden casi a 40 millones de pesos. Una sanción que para Larenas no se condice con las ganancias que tienen estas empresas.
“En este caso las multas no son suficientes porque una compañía puede pagar eso perfectamente sin grandes perjuicios. Sin embargo, es un precedente importante, sobre todo, porque hay un castigo público al estar impidiendo la portabilidad”, dijo.
Ya han sido más de 100 mil usuarios los que han utilizado esta herramienta para cambiarse de compañía. De hecho, el 1 de marzo se registró el record de peticiones con 4 mil clientes. En esa línea, Larenas realizó un balance positivo de la aplicación de este mecanismo ya que, a su juicio, ayuda a mejorar la competencia en este mercado.
Tanto Claro como Movistar tienen un plazo de 10 días para entregar sus descargos y, cuando concluya la investigación de la Subtel, se decidirá si se aplica la multa o se retiran los cargos.
La subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) formuló cargos en contra de las empresas de telefonía móvil Claro y Movistar, por conductas atentatorias a la recientemente implementada portabilidad numérica.
Según explicaron desde la repartición, las compañías habrían infringido el artículo 19 de la normativa en esta materia “al ejercer acciones tendientes a dificultar y/o entorpecer el curso normal del proceso, impidiendo que la proveedora receptora pueda cursar correctamente la portabilidad de los respectivos números telefónicos afectados”.
La subsecretaría habría utilizado los datos del Sistema de Gestión de la Portabilidad, que detectó una gran cantidad de errores en respuesta a las preguntas de prevalidación en el momento en que los clientes solicitan su portabilidad.
El presidente de la Organización de Usuarios y Consumidores (Odecu), Estefan Larenas, advirtió que pese a que no conocen los antecedentes sobre estos problemas en específico, ya se había advertido que las empresas podrían entorpecer el proceso basándose, por ejemplo, en los equipos entregados en comodato.
“La tendencia es a que las personas puedan firmar un contrato de 18 meses con un teléfono en comodato y, por lo tanto, no pueden salirse – según lo que dicen las los que atienden- si es que no paga el total del teléfono en comodato. Pero la reglamentación es bastante clara: uno paga lo que debe, devuelve el teléfono y se puede retirar”, afirmó el dirigente.
De comprobarse las infracciones detectadas por la Subtel, las firmas de telefonía se arriesgan a multas de hasta 1000 UTM, que corresponden casi a 40 millones de pesos. Una sanción que para Larenas no se condice con las ganancias que tienen estas empresas.
“En este caso las multas no son suficientes porque una compañía puede pagar eso perfectamente sin grandes perjuicios. Sin embargo, es un precedente importante, sobre todo, porque hay un castigo público al estar impidiendo la portabilidad”, dijo.
Ya han sido más de 100 mil usuarios los que han utilizado esta herramienta para cambiarse de compañía. De hecho, el 1 de marzo se registró el record de peticiones con 4 mil clientes. En esa línea, Larenas realizó un balance positivo de la aplicación de este mecanismo ya que, a su juicio, ayuda a mejorar la competencia en este mercado.
Tanto Claro como Movistar tienen un plazo de 10 días para entregar sus descargos y, cuando concluya la investigación de la Subtel, se decidirá si se aplica la multa o se retiran los cargos.
La subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) formuló cargos en contra de las empresas de telefonía móvil Claro y Movistar, por conductas atentatorias a la recientemente implementada portabilidad numérica.
Según explicaron desde la repartición, las compañías habrían infringido el artículo 19 de la normativa en esta materia “al ejercer acciones tendientes a dificultar y/o entorpecer el curso normal del proceso, impidiendo que la proveedora receptora pueda cursar correctamente la portabilidad de los respectivos números telefónicos afectados”.
La subsecretaría habría utilizado los datos del Sistema de Gestión de la Portabilidad, que detectó una gran cantidad de errores en respuesta a las preguntas de prevalidación en el momento en que los clientes solicitan su portabilidad.
El presidente de la Organización de Usuarios y Consumidores (Odecu), Estefan Larenas, advirtió que pese a que no conocen los antecedentes sobre estos problemas en específico, ya se había advertido que las empresas podrían entorpecer el proceso basándose, por ejemplo, en los equipos entregados en comodato.
“La tendencia es a que las personas puedan firmar un contrato de 18 meses con un teléfono en comodato y, por lo tanto, no pueden salirse – según lo que dicen las los que atienden- si es que no paga el total del teléfono en comodato. Pero la reglamentación es bastante clara: uno paga lo que debe, devuelve el teléfono y se puede retirar”, afirmó el dirigente.
De comprobarse las infracciones detectadas por la Subtel, las firmas de telefonía se arriesgan a multas de hasta 1000 UTM, que corresponden casi a 40 millones de pesos. Una sanción que para Larenas no se condice con las ganancias que tienen estas empresas.
“En este caso las multas no son suficientes porque una compañía puede pagar eso perfectamente sin grandes perjuicios. Sin embargo, es un precedente importante, sobre todo, porque hay un castigo público al estar impidiendo la portabilidad”, dijo.
Ya han sido más de 100 mil usuarios los que han utilizado esta herramienta para cambiarse de compañía. De hecho, el 1 de marzo se registró el record de peticiones con 4 mil clientes. En esa línea, Larenas realizó un balance positivo de la aplicación de este mecanismo ya que, a su juicio, ayuda a mejorar la competencia en este mercado.
Tanto Claro como Movistar tienen un plazo de 10 días para entregar sus descargos y, cuando concluya la investigación de la Subtel, se decidirá si se aplica la multa o se retiran los cargos.
