El senador PPD Guido Girardi denunció este viernes que el proyecto de Termoeléctrica Castilla, la que sería la más grande de Latinoamérica, se ha construido sobre la base de la mentira, el fraude, el lobby y los sobornos.
Recordemos que la Corte de Apelaciones de Antofagasta falló el pasado martes en forma unánime a favor de los vecinos de Totoral y ambientalistas que presentaron un recurso de protección contra la resolución del ex seremi de Salud de la Región de Atacama que cambió de “contaminante” a “molesta” la calificación de la central.
El presidente del Senado valoró el actuar de los tribunales de justicia, ante el silencio cómplice de las autoridades, y citó un informe de la Contraloría General de la República que afirma que la modificación al plan regulador que permitió la iniciativa fue irregular.
“Esta empresa para poder instalarse tenía que hacerlo en un lugar, pero el Plan Regulador no lo permitía. Se cambia el Plan Regulador y sucede que el Plan lo hace la empresa y lo presenta al municipio. La Contraloría descubre que el Plan que se presenta a la municipalidad tiene los logos de la empresa y se advierte la omisión de diversos trámites exigidos por la normativa, por ejemplo, no hay participación ciudadana y se violan todas las normas -lo dice la Contraloría- respecto de la aprobación del Plan Regulador”, detalló Girardi.
El parlamentario afirmó que el ente fiscalizador criticó también el actuar del Comité Intergubernamental de Agilización de Proyectos de Inversión, creado por el Presidente Sebastián Piñera en 2010, que habría intervenido durante la tramitación para favorecer la aprobación de la central de propiedad del brasileño Eike Batista.
Girardi anunció que solicitará una sesión especial en el Senado y una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, junto al diputado radical Alberto Robles.
Precisamente Robles, quien representa a localidades de la región de Atacama, hizo un llamado a las autoridades de Gobierno, pero especialmente a la actual seremi de Salud, Lilian Sandoval, a ponerse del lado de los ciudadanos y no de la empresa y a no apelar el fallo del tribunal de alzada de Antofagasta ante la Corte Suprema.
En tanto Patricio Rodrigo, presidente de la organización Patagonia Sin Represas, advirtió sobre las similitudes de este proceso de evaluación ambiental con el de Hidroaysén, que también se encuentra en el máximo tribunal.
En este sentido, el ambientalista dijo que “se han repetido los mismos errores, se han cometido las mismas arbitrariedades e ilegalidades. Ha existido presión indebida, se han cambiado informes. Esto sencillamente le está poniendo un límite al sistema institucional ambiental y lo está declarando obsoleto, por lo tanto, nosotros estamos contentos de que la Justicia, como poder del Estado, restablezca un estado de derecho que había sido vulnerado por presiones indebidas del Gobierno.
Rodrigo insistió en la necesidad de una reforma ambiental y energética que impidan que se produzcan estos errores y garanticen el abastecimiento, especialmente eléctrico, pero de forma sustentable.
El senador PPD Guido Girardi denunció este viernes que el proyecto de Termoeléctrica Castilla, la que sería la más grande de Latinoamérica, se ha construido sobre la base de la mentira, el fraude, el lobby y los sobornos.
Recordemos que la Corte de Apelaciones de Antofagasta falló el pasado martes en forma unánime a favor de los vecinos de Totoral y ambientalistas que presentaron un recurso de protección contra la resolución del ex seremi de Salud de la Región de Atacama que cambió de “contaminante” a “molesta” la calificación de la central.
El presidente del Senado valoró el actuar de los tribunales de justicia, ante el silencio cómplice de las autoridades, y citó un informe de la Contraloría General de la República que afirma que la modificación al plan regulador que permitió la iniciativa fue irregular.
“Esta empresa para poder instalarse tenía que hacerlo en un lugar, pero el Plan Regulador no lo permitía. Se cambia el Plan Regulador y sucede que el Plan lo hace la empresa y lo presenta al municipio. La Contraloría descubre que el Plan que se presenta a la municipalidad tiene los logos de la empresa y se advierte la omisión de diversos trámites exigidos por la normativa, por ejemplo, no hay participación ciudadana y se violan todas las normas -lo dice la Contraloría- respecto de la aprobación del Plan Regulador”, detalló Girardi.
El parlamentario afirmó que el ente fiscalizador criticó también el actuar del Comité Intergubernamental de Agilización de Proyectos de Inversión, creado por el Presidente Sebastián Piñera en 2010, que habría intervenido durante la tramitación para favorecer la aprobación de la central de propiedad del brasileño Eike Batista.
Girardi anunció que solicitará una sesión especial en el Senado y una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, junto al diputado radical Alberto Robles.
Precisamente Robles, quien representa a localidades de la región de Atacama, hizo un llamado a las autoridades de Gobierno, pero especialmente a la actual seremi de Salud, Lilian Sandoval, a ponerse del lado de los ciudadanos y no de la empresa y a no apelar el fallo del tribunal de alzada de Antofagasta ante la Corte Suprema.
En tanto Patricio Rodrigo, presidente de la organización Patagonia Sin Represas, advirtió sobre las similitudes de este proceso de evaluación ambiental con el de Hidroaysén, que también se encuentra en el máximo tribunal.
En este sentido, el ambientalista dijo que “se han repetido los mismos errores, se han cometido las mismas arbitrariedades e ilegalidades. Ha existido presión indebida, se han cambiado informes. Esto sencillamente le está poniendo un límite al sistema institucional ambiental y lo está declarando obsoleto, por lo tanto, nosotros estamos contentos de que la Justicia, como poder del Estado, restablezca un estado de derecho que había sido vulnerado por presiones indebidas del Gobierno.
Rodrigo insistió en la necesidad de una reforma ambiental y energética que impidan que se produzcan estos errores y garanticen el abastecimiento, especialmente eléctrico, pero de forma sustentable.
El senador PPD Guido Girardi denunció este viernes que el proyecto de Termoeléctrica Castilla, la que sería la más grande de Latinoamérica, se ha construido sobre la base de la mentira, el fraude, el lobby y los sobornos.
Recordemos que la Corte de Apelaciones de Antofagasta falló el pasado martes en forma unánime a favor de los vecinos de Totoral y ambientalistas que presentaron un recurso de protección contra la resolución del ex seremi de Salud de la Región de Atacama que cambió de “contaminante” a “molesta” la calificación de la central.
El presidente del Senado valoró el actuar de los tribunales de justicia, ante el silencio cómplice de las autoridades, y citó un informe de la Contraloría General de la República que afirma que la modificación al plan regulador que permitió la iniciativa fue irregular.
“Esta empresa para poder instalarse tenía que hacerlo en un lugar, pero el Plan Regulador no lo permitía. Se cambia el Plan Regulador y sucede que el Plan lo hace la empresa y lo presenta al municipio. La Contraloría descubre que el Plan que se presenta a la municipalidad tiene los logos de la empresa y se advierte la omisión de diversos trámites exigidos por la normativa, por ejemplo, no hay participación ciudadana y se violan todas las normas -lo dice la Contraloría- respecto de la aprobación del Plan Regulador”, detalló Girardi.
El parlamentario afirmó que el ente fiscalizador criticó también el actuar del Comité Intergubernamental de Agilización de Proyectos de Inversión, creado por el Presidente Sebastián Piñera en 2010, que habría intervenido durante la tramitación para favorecer la aprobación de la central de propiedad del brasileño Eike Batista.
Girardi anunció que solicitará una sesión especial en el Senado y una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, junto al diputado radical Alberto Robles.
Precisamente Robles, quien representa a localidades de la región de Atacama, hizo un llamado a las autoridades de Gobierno, pero especialmente a la actual seremi de Salud, Lilian Sandoval, a ponerse del lado de los ciudadanos y no de la empresa y a no apelar el fallo del tribunal de alzada de Antofagasta ante la Corte Suprema.
En tanto Patricio Rodrigo, presidente de la organización Patagonia Sin Represas, advirtió sobre las similitudes de este proceso de evaluación ambiental con el de Hidroaysén, que también se encuentra en el máximo tribunal.
En este sentido, el ambientalista dijo que “se han repetido los mismos errores, se han cometido las mismas arbitrariedades e ilegalidades. Ha existido presión indebida, se han cambiado informes. Esto sencillamente le está poniendo un límite al sistema institucional ambiental y lo está declarando obsoleto, por lo tanto, nosotros estamos contentos de que la Justicia, como poder del Estado, restablezca un estado de derecho que había sido vulnerado por presiones indebidas del Gobierno.
Rodrigo insistió en la necesidad de una reforma ambiental y energética que impidan que se produzcan estos errores y garanticen el abastecimiento, especialmente eléctrico, pero de forma sustentable.
