Satisfechos se mostraron los abogados representantes de accionistas minoritarios y consumidores por la multa de más de 56 millones de dólares cursada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a 22 ejecutivos de La Polar, a la empresa auditora externa, Price Waterhouse Cooper y a un socio de la misma por el escándalo de las repactaciones unilaterales.
Esto porque la resolución abriría la posibilidad de exigir indemnizaciones por perjuicios en medio de los procesos judiciales que se mantienen en contra de la multitienda, sobre todo, tomando en cuenta la responsabilidad de la compañía auditora que era la responsable de validar la información financiera que se difundía sobre La Polar.
“Al hacer el proceso de auditoría, obviamente hubo una negligencia de la empresa externa que abre la puerta a posibles indemnizaciones por perjuicios que quedarían constatados con la sanción monetaria a esta entidad. Debemos entender que los accionistas minoritarios se seguían por la información financiera que entregaba la misma empresa al público en general y por los estados financieros que eran seguidos por una carta de Price que decía que los estados de La Polar estaban acorde con toda la norma general de contabilidad, lo que con el proceso administrativo de hoy queda zanjado que no era así”, explicó a Radio Universidad de Chile, Edgardo Gutiérrez, abogado querellante de un grupo de minoritarios.
La decisión de la Superintendencia tomó en cuenta infracciones relacionadas con la entrega de información no veraz sobre la situación financiera de la tienda por departamentos tanto al organismo fiscalizador como al mercado en general; faltas al deber de cuidado y diligencia aplicable a los directores y ejecutivos; uso de información privilegiada y falta al deber de abstención e infracciones a las normas de auditoría generalmente aceptadas.
Las mayores sanciones se las llevó el ex gerente general, presidente y director de La Polar, Pablo Alcalde, quien deberá cancelar 25 mil UF, es decir, cerca de 550 millones de pesos. Además fueron multados por 20 mil UF el ex gerente corporativo de productos financieros, Julián Moreno y la ex gerente corporativa de administración, María Isabel Farah.
Las multas también salpicaron al ex ministro de Transportes y actual presidente del directorio de Canal 13, René Cortázar, sancionado con 700 UF por su responsabilidad como ex miembro del directorio de la tienda de retail; y el presidente de Mega, Baltazar Sánchez, quien recibió una multa de 2 mil 800 UF por infracciones en su calidad de ex integrante del gobierno corporativo de la multitienda.
En esa línea el director de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabres, comentó a nuestra emisora que esta resolución es una señal contundente hacia el mercado y afirmó que servirá como evidencia en la demanda colectiva que llevan adelante los afectados por las repactaciones unilaterales.
“Desde el punto de vista de las personas que defiende la fundación Chile Ciudadano en el proceso administrativo de investigación que lleva adelante la Fiscalía (la multa) va a ser una prueba estupenda que aportaremos en el juicio colectivo que se sigue en contra de La Polar ante el Juzgado Civil de Santiago. Por lo tanto, la actuación de la Superintendencia nos parece muy buena”, sostuvo Fabres.
De todas formas, los juristas señalaron que debe existir una mejor regulación porque la Ley de Mercados de Valores no estaría dando abasto.
Satisfechos se mostraron los abogados representantes de accionistas minoritarios y consumidores por la multa de más de 56 millones de dólares cursada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a 22 ejecutivos de La Polar, a la empresa auditora externa, Price Waterhouse Cooper y a un socio de la misma por el escándalo de las repactaciones unilaterales.
Esto porque la resolución abriría la posibilidad de exigir indemnizaciones por perjuicios en medio de los procesos judiciales que se mantienen en contra de la multitienda, sobre todo, tomando en cuenta la responsabilidad de la compañía auditora que era la responsable de validar la información financiera que se difundía sobre La Polar.
“Al hacer el proceso de auditoría, obviamente hubo una negligencia de la empresa externa que abre la puerta a posibles indemnizaciones por perjuicios que quedarían constatados con la sanción monetaria a esta entidad. Debemos entender que los accionistas minoritarios se seguían por la información financiera que entregaba la misma empresa al público en general y por los estados financieros que eran seguidos por una carta de Price que decía que los estados de La Polar estaban acorde con toda la norma general de contabilidad, lo que con el proceso administrativo de hoy queda zanjado que no era así”, explicó a Radio Universidad de Chile, Edgardo Gutiérrez, abogado querellante de un grupo de minoritarios.
La decisión de la Superintendencia tomó en cuenta infracciones relacionadas con la entrega de información no veraz sobre la situación financiera de la tienda por departamentos tanto al organismo fiscalizador como al mercado en general; faltas al deber de cuidado y diligencia aplicable a los directores y ejecutivos; uso de información privilegiada y falta al deber de abstención e infracciones a las normas de auditoría generalmente aceptadas.
Las mayores sanciones se las llevó el ex gerente general, presidente y director de La Polar, Pablo Alcalde, quien deberá cancelar 25 mil UF, es decir, cerca de 550 millones de pesos. Además fueron multados por 20 mil UF el ex gerente corporativo de productos financieros, Julián Moreno y la ex gerente corporativa de administración, María Isabel Farah.
Las multas también salpicaron al ex ministro de Transportes y actual presidente del directorio de Canal 13, René Cortázar, sancionado con 700 UF por su responsabilidad como ex miembro del directorio de la tienda de retail; y el presidente de Mega, Baltazar Sánchez, quien recibió una multa de 2 mil 800 UF por infracciones en su calidad de ex integrante del gobierno corporativo de la multitienda.
En esa línea el director de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabres, comentó a nuestra emisora que esta resolución es una señal contundente hacia el mercado y afirmó que servirá como evidencia en la demanda colectiva que llevan adelante los afectados por las repactaciones unilaterales.
“Desde el punto de vista de las personas que defiende la fundación Chile Ciudadano en el proceso administrativo de investigación que lleva adelante la Fiscalía (la multa) va a ser una prueba estupenda que aportaremos en el juicio colectivo que se sigue en contra de La Polar ante el Juzgado Civil de Santiago. Por lo tanto, la actuación de la Superintendencia nos parece muy buena”, sostuvo Fabres.
De todas formas, los juristas señalaron que debe existir una mejor regulación porque la Ley de Mercados de Valores no estaría dando abasto.
Satisfechos se mostraron los abogados representantes de accionistas minoritarios y consumidores por la multa de más de 56 millones de dólares cursada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a 22 ejecutivos de La Polar, a la empresa auditora externa, Price Waterhouse Cooper y a un socio de la misma por el escándalo de las repactaciones unilaterales.
Esto porque la resolución abriría la posibilidad de exigir indemnizaciones por perjuicios en medio de los procesos judiciales que se mantienen en contra de la multitienda, sobre todo, tomando en cuenta la responsabilidad de la compañía auditora que era la responsable de validar la información financiera que se difundía sobre La Polar.
“Al hacer el proceso de auditoría, obviamente hubo una negligencia de la empresa externa que abre la puerta a posibles indemnizaciones por perjuicios que quedarían constatados con la sanción monetaria a esta entidad. Debemos entender que los accionistas minoritarios se seguían por la información financiera que entregaba la misma empresa al público en general y por los estados financieros que eran seguidos por una carta de Price que decía que los estados de La Polar estaban acorde con toda la norma general de contabilidad, lo que con el proceso administrativo de hoy queda zanjado que no era así”, explicó a Radio Universidad de Chile, Edgardo Gutiérrez, abogado querellante de un grupo de minoritarios.
La decisión de la Superintendencia tomó en cuenta infracciones relacionadas con la entrega de información no veraz sobre la situación financiera de la tienda por departamentos tanto al organismo fiscalizador como al mercado en general; faltas al deber de cuidado y diligencia aplicable a los directores y ejecutivos; uso de información privilegiada y falta al deber de abstención e infracciones a las normas de auditoría generalmente aceptadas.
Las mayores sanciones se las llevó el ex gerente general, presidente y director de La Polar, Pablo Alcalde, quien deberá cancelar 25 mil UF, es decir, cerca de 550 millones de pesos. Además fueron multados por 20 mil UF el ex gerente corporativo de productos financieros, Julián Moreno y la ex gerente corporativa de administración, María Isabel Farah.
Las multas también salpicaron al ex ministro de Transportes y actual presidente del directorio de Canal 13, René Cortázar, sancionado con 700 UF por su responsabilidad como ex miembro del directorio de la tienda de retail; y el presidente de Mega, Baltazar Sánchez, quien recibió una multa de 2 mil 800 UF por infracciones en su calidad de ex integrante del gobierno corporativo de la multitienda.
En esa línea el director de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabres, comentó a nuestra emisora que esta resolución es una señal contundente hacia el mercado y afirmó que servirá como evidencia en la demanda colectiva que llevan adelante los afectados por las repactaciones unilaterales.
“Desde el punto de vista de las personas que defiende la fundación Chile Ciudadano en el proceso administrativo de investigación que lleva adelante la Fiscalía (la multa) va a ser una prueba estupenda que aportaremos en el juicio colectivo que se sigue en contra de La Polar ante el Juzgado Civil de Santiago. Por lo tanto, la actuación de la Superintendencia nos parece muy buena”, sostuvo Fabres.
De todas formas, los juristas señalaron que debe existir una mejor regulación porque la Ley de Mercados de Valores no estaría dando abasto.
