Poco antes de las 12 de la tarde de este sábado llegó hasta el Tribunal de Letras de Puerto Aysén el cuadro con el decreto que acredita a Rodrigo Hinzpeter como ministro del Interior, luego que la querella en contra de 22 activistas por Ley de Seguridad del Estado quedara en suspenso cuando el juez, Juan Patricio Silva, solicitara el documento original que acredita la representación del secretario de Estado, ya que se había presentado una fotocopia.
A través de un comunicado el ministerio Secretaría General de Gobierno comunicó que se enviaría a Aysén, “el decreto de nombramiento original que se encuentra enmarcado y colgado en su despacho de La Moneda” y añadiendo que esperan que con esta presentación “ le evite toda duda al señor magistrado sobre la condición de ministro del Interior de don Rodrigo Hinzpeter”.
El decreto llegó al aeropuerto de Balmaceda a las 11 de la mañana luego de lo cual fue trasladado en helicóptero hasta el Segundo cuartel de Carabineros y fue fletado en un vehículo de la Policía de Investigaciones hasta el tribunal. El magistrado Silva tiene ahora 24 horas para informar si finalmente se acoge o no la querella contras los 22 individuos.
Desde el Movimiento Social por Aysén, uno de sus voceros, Misael Ruiz, recalcó que la quema del bus de Carabineros fue el pretexto perfecto del gobierno para aplicar la polémica ley. Ruiz señaló que existe tranquilidad entre los aiseninos y que las personas afectadas tienen todo el respaldo de la mesa y de la región, y aseguró que se les apoyará legalmente.
“Lo están trabajando nuestros abogados. Argumentos hay de sobra, por el abuso de parte de fuerzas especiales hacia la gente, hay mucha gente herida, mucha gente con la cara y la cabeza partida. Así que argumentos hay muchos para rebatir esta situación, pero son nuestros abogados los que están trabajando en eso”, explicó el vocero.
El dirigente de Aysén recalcó que la única subversión de los pobladores es la solicitud por salud, educación, sueldo regionalizado, equidad laboral, viviendas dignas, entre otras demandas que se arrastran desde hace mucho tiempo y que el Estado debe resolver. Ruiz reiteró, además, la disposición de los aiseninos a volver a dialogar con las autoridades.
La abogada y ex intendenta de la región, Viviana Betancourt, criticó duramente la aplicación de la Ley de Seguridad en la zona, señalando que las diversas líneas de la defensa se definirán una vez que efectivamente se haga el requerimiento. “Creo que es una decisión política que en su desatino y en su ADN autoritario, está absolutamente en concordancia con lo que ha sido el manejo que ha tenido el gobierno de este conflicto. Nosotros nos estamos viendo requeridos por una ley que es absolutamente antidemocrática, anacrónica, que hoy le sirve a un gobierno de derecha para perseguir cualquier intento a oponerse a cómo manejan las cosas”, explicó.
En tanto, la Conferencia Episcopal en pleno emitió este viernes un documento titulado “Junto a la comunidad de Aysén en esta hora delicada”, donde los obispos declaran que han seguido con “preocupación” los hechos y hacen un llamado al diálogo.
En el documento los prelados expresan que “no podemos quedar indiferentes ante el clamor de comunidades que se sienten postergadas, desoídas e incluso ignoradas”, y añade que “los planteamientos del movimiento social no son ajenos a la iglesia local y tampoco a la iglesia del país”.
Poco antes de las 12 de la tarde de este sábado llegó hasta el Tribunal de Letras de Puerto Aysén el cuadro con el decreto que acredita a Rodrigo Hinzpeter como ministro del Interior, luego que la querella en contra de 22 activistas por Ley de Seguridad del Estado quedara en suspenso cuando el juez, Juan Patricio Silva, solicitara el documento original que acredita la representación del secretario de Estado, ya que se había presentado una fotocopia.
A través de un comunicado el ministerio Secretaría General de Gobierno comunicó que se enviaría a Aysén, “el decreto de nombramiento original que se encuentra enmarcado y colgado en su despacho de La Moneda” y añadiendo que esperan que con esta presentación “ le evite toda duda al señor magistrado sobre la condición de ministro del Interior de don Rodrigo Hinzpeter”.
El decreto llegó al aeropuerto de Balmaceda a las 11 de la mañana luego de lo cual fue trasladado en helicóptero hasta el Segundo cuartel de Carabineros y fue fletado en un vehículo de la Policía de Investigaciones hasta el tribunal. El magistrado Silva tiene ahora 24 horas para informar si finalmente se acoge o no la querella contras los 22 individuos.
Desde el Movimiento Social por Aysén, uno de sus voceros, Misael Ruiz, recalcó que la quema del bus de Carabineros fue el pretexto perfecto del gobierno para aplicar la polémica ley. Ruiz señaló que existe tranquilidad entre los aiseninos y que las personas afectadas tienen todo el respaldo de la mesa y de la región, y aseguró que se les apoyará legalmente.
“Lo están trabajando nuestros abogados. Argumentos hay de sobra, por el abuso de parte de fuerzas especiales hacia la gente, hay mucha gente herida, mucha gente con la cara y la cabeza partida. Así que argumentos hay muchos para rebatir esta situación, pero son nuestros abogados los que están trabajando en eso”, explicó el vocero.
El dirigente de Aysén recalcó que la única subversión de los pobladores es la solicitud por salud, educación, sueldo regionalizado, equidad laboral, viviendas dignas, entre otras demandas que se arrastran desde hace mucho tiempo y que el Estado debe resolver. Ruiz reiteró, además, la disposición de los aiseninos a volver a dialogar con las autoridades.
La abogada y ex intendenta de la región, Viviana Betancourt, criticó duramente la aplicación de la Ley de Seguridad en la zona, señalando que las diversas líneas de la defensa se definirán una vez que efectivamente se haga el requerimiento. “Creo que es una decisión política que en su desatino y en su ADN autoritario, está absolutamente en concordancia con lo que ha sido el manejo que ha tenido el gobierno de este conflicto. Nosotros nos estamos viendo requeridos por una ley que es absolutamente antidemocrática, anacrónica, que hoy le sirve a un gobierno de derecha para perseguir cualquier intento a oponerse a cómo manejan las cosas”, explicó.
En tanto, la Conferencia Episcopal en pleno emitió este viernes un documento titulado “Junto a la comunidad de Aysén en esta hora delicada”, donde los obispos declaran que han seguido con “preocupación” los hechos y hacen un llamado al diálogo.
En el documento los prelados expresan que “no podemos quedar indiferentes ante el clamor de comunidades que se sienten postergadas, desoídas e incluso ignoradas”, y añade que “los planteamientos del movimiento social no son ajenos a la iglesia local y tampoco a la iglesia del país”.
Poco antes de las 12 de la tarde de este sábado llegó hasta el Tribunal de Letras de Puerto Aysén el cuadro con el decreto que acredita a Rodrigo Hinzpeter como ministro del Interior, luego que la querella en contra de 22 activistas por Ley de Seguridad del Estado quedara en suspenso cuando el juez, Juan Patricio Silva, solicitara el documento original que acredita la representación del secretario de Estado, ya que se había presentado una fotocopia.
A través de un comunicado el ministerio Secretaría General de Gobierno comunicó que se enviaría a Aysén, “el decreto de nombramiento original que se encuentra enmarcado y colgado en su despacho de La Moneda” y añadiendo que esperan que con esta presentación “ le evite toda duda al señor magistrado sobre la condición de ministro del Interior de don Rodrigo Hinzpeter”.
El decreto llegó al aeropuerto de Balmaceda a las 11 de la mañana luego de lo cual fue trasladado en helicóptero hasta el Segundo cuartel de Carabineros y fue fletado en un vehículo de la Policía de Investigaciones hasta el tribunal. El magistrado Silva tiene ahora 24 horas para informar si finalmente se acoge o no la querella contras los 22 individuos.
Desde el Movimiento Social por Aysén, uno de sus voceros, Misael Ruiz, recalcó que la quema del bus de Carabineros fue el pretexto perfecto del gobierno para aplicar la polémica ley. Ruiz señaló que existe tranquilidad entre los aiseninos y que las personas afectadas tienen todo el respaldo de la mesa y de la región, y aseguró que se les apoyará legalmente.
“Lo están trabajando nuestros abogados. Argumentos hay de sobra, por el abuso de parte de fuerzas especiales hacia la gente, hay mucha gente herida, mucha gente con la cara y la cabeza partida. Así que argumentos hay muchos para rebatir esta situación, pero son nuestros abogados los que están trabajando en eso”, explicó el vocero.
El dirigente de Aysén recalcó que la única subversión de los pobladores es la solicitud por salud, educación, sueldo regionalizado, equidad laboral, viviendas dignas, entre otras demandas que se arrastran desde hace mucho tiempo y que el Estado debe resolver. Ruiz reiteró, además, la disposición de los aiseninos a volver a dialogar con las autoridades.
La abogada y ex intendenta de la región, Viviana Betancourt, criticó duramente la aplicación de la Ley de Seguridad en la zona, señalando que las diversas líneas de la defensa se definirán una vez que efectivamente se haga el requerimiento. “Creo que es una decisión política que en su desatino y en su ADN autoritario, está absolutamente en concordancia con lo que ha sido el manejo que ha tenido el gobierno de este conflicto. Nosotros nos estamos viendo requeridos por una ley que es absolutamente antidemocrática, anacrónica, que hoy le sirve a un gobierno de derecha para perseguir cualquier intento a oponerse a cómo manejan las cosas”, explicó.
En tanto, la Conferencia Episcopal en pleno emitió este viernes un documento titulado “Junto a la comunidad de Aysén en esta hora delicada”, donde los obispos declaran que han seguido con “preocupación” los hechos y hacen un llamado al diálogo.
En el documento los prelados expresan que “no podemos quedar indiferentes ante el clamor de comunidades que se sienten postergadas, desoídas e incluso ignoradas”, y añade que “los planteamientos del movimiento social no son ajenos a la iglesia local y tampoco a la iglesia del país”.
