“El Gobierno no ha criminalizado ningún tipo de movimiento social, por el contrario, han existido todas las facilidades que son propias, que da nuestra democracia y nuestra Constitución, para manifestarse, para expresarse sin ningún límite”, sostuvo el vocero de gobierno, Andrés Chadwick.
Las declaraciones se dieron en el marco de la entrega de un reporte de Aministía Internacional, donde se registra un aumento de denuncias por abuso en el uso de la fuerza en movilizaciones, así como el uso de gases tóxicos y bombas lacrimógenas de forma rutinaria e incluso al interior de comunidades, detenciones ilegales, violencia sexual y prácticas que rayan con la tortura.
Ante esto, Chadwick reiteró el compromiso del gobierno con los derechos humanos, pero matizó apuntando a la necesidad de proteger también el orden público.
“En Chile tenemos una plena democracia, pleno respeto por los derechos humanos, ha sido una bandera fundamental de este Gobierno, pero dentro de los derechos humanos, al igual como existe el derecho a manifestarse, existe el derecho de no ser violentado, a vivir en paz y a que no algunos pocos, por el uso de la violencia, impidan ejercer el derecho de millones. El gobierno lo tiene claro y es respetar el estado de derecho, que es la mejor forma de garantizar los derechos humanos de todos”, explicó el vocero de La Moneda.
Sin embargo, Alberto Coddeu del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, le restó validez a las palabras del ministro, señalando que, “esas declaraciones no pasan de ser retóricas, desde el momento en que el proyecto e ley, más conocido como ley Hinzpeter, que resguarda el derecho a la protesta y fortalece el resguardo del orden público, contiene una serie de modificaciones al Código Penal que lo único que hacen es, literalmente, restringir o amedrentar a quienes ejercen legítimamente su derecho a la protesta”.
Para el abogado, con esta ley no se distingue entre quienes a alteran la libre circulación en una marcha o quienes empleen armas de fuego y artefactos explosivos, lo que es grave.
En este sentido, Nicolás Facuse, abogado de la ONG Asesoría Ciudadana, apuntó a la falta de transparencia que existe al interior de la institucionalidad de Carabineros de Chile.
“Carbvinero se justifica mucho diciendo que por temas de seguridad y temas estratégicos no puede entregar cierta información y la mayoría de eso argumentos no son justificables. Carabineros es una institución que entendemos que tiene que tener ciertas restricciones por cuestiones estratégicas, pero nosotros necesitamos saber qué es lo que está pasando, por ejemplo, en los lugares donde se cometen más abusos, que es al interior de los buses policiales. El año pasado se prometió que se iban a instalar cámaras y todavía no hemos sabido nada”, dijo Facuse.
En esta línea los especialistas destacaron la necesidad de conocer más de esta unidad de Derechos Humanos de Carabineros, qué pasa con las capacitaciones, con la rendición de cuentas, los protocolos, las condiciones laborales de los uniformados, entre otros temas.
Un debate que ya está instalado en la sociedad y que seguirá presente cuando se augura un año de intensas movilizaciones.
“El Gobierno no ha criminalizado ningún tipo de movimiento social, por el contrario, han existido todas las facilidades que son propias, que da nuestra democracia y nuestra Constitución, para manifestarse, para expresarse sin ningún límite”, sostuvo el vocero de gobierno, Andrés Chadwick.
Las declaraciones se dieron en el marco de la entrega de un reporte de Aministía Internacional, donde se registra un aumento de denuncias por abuso en el uso de la fuerza en movilizaciones, así como el uso de gases tóxicos y bombas lacrimógenas de forma rutinaria e incluso al interior de comunidades, detenciones ilegales, violencia sexual y prácticas que rayan con la tortura.
Ante esto, Chadwick reiteró el compromiso del gobierno con los derechos humanos, pero matizó apuntando a la necesidad de proteger también el orden público.
“En Chile tenemos una plena democracia, pleno respeto por los derechos humanos, ha sido una bandera fundamental de este Gobierno, pero dentro de los derechos humanos, al igual como existe el derecho a manifestarse, existe el derecho de no ser violentado, a vivir en paz y a que no algunos pocos, por el uso de la violencia, impidan ejercer el derecho de millones. El gobierno lo tiene claro y es respetar el estado de derecho, que es la mejor forma de garantizar los derechos humanos de todos”, explicó el vocero de La Moneda.
Sin embargo, Alberto Coddeu del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, le restó validez a las palabras del ministro, señalando que, “esas declaraciones no pasan de ser retóricas, desde el momento en que el proyecto e ley, más conocido como ley Hinzpeter, que resguarda el derecho a la protesta y fortalece el resguardo del orden público, contiene una serie de modificaciones al Código Penal que lo único que hacen es, literalmente, restringir o amedrentar a quienes ejercen legítimamente su derecho a la protesta”.
Para el abogado, con esta ley no se distingue entre quienes a alteran la libre circulación en una marcha o quienes empleen armas de fuego y artefactos explosivos, lo que es grave.
En este sentido, Nicolás Facuse, abogado de la ONG Asesoría Ciudadana, apuntó a la falta de transparencia que existe al interior de la institucionalidad de Carabineros de Chile.
“Carbvinero se justifica mucho diciendo que por temas de seguridad y temas estratégicos no puede entregar cierta información y la mayoría de eso argumentos no son justificables. Carabineros es una institución que entendemos que tiene que tener ciertas restricciones por cuestiones estratégicas, pero nosotros necesitamos saber qué es lo que está pasando, por ejemplo, en los lugares donde se cometen más abusos, que es al interior de los buses policiales. El año pasado se prometió que se iban a instalar cámaras y todavía no hemos sabido nada”, dijo Facuse.
En esta línea los especialistas destacaron la necesidad de conocer más de esta unidad de Derechos Humanos de Carabineros, qué pasa con las capacitaciones, con la rendición de cuentas, los protocolos, las condiciones laborales de los uniformados, entre otros temas.
Un debate que ya está instalado en la sociedad y que seguirá presente cuando se augura un año de intensas movilizaciones.
“El Gobierno no ha criminalizado ningún tipo de movimiento social, por el contrario, han existido todas las facilidades que son propias, que da nuestra democracia y nuestra Constitución, para manifestarse, para expresarse sin ningún límite”, sostuvo el vocero de gobierno, Andrés Chadwick.
Las declaraciones se dieron en el marco de la entrega de un reporte de Aministía Internacional, donde se registra un aumento de denuncias por abuso en el uso de la fuerza en movilizaciones, así como el uso de gases tóxicos y bombas lacrimógenas de forma rutinaria e incluso al interior de comunidades, detenciones ilegales, violencia sexual y prácticas que rayan con la tortura.
Ante esto, Chadwick reiteró el compromiso del gobierno con los derechos humanos, pero matizó apuntando a la necesidad de proteger también el orden público.
“En Chile tenemos una plena democracia, pleno respeto por los derechos humanos, ha sido una bandera fundamental de este Gobierno, pero dentro de los derechos humanos, al igual como existe el derecho a manifestarse, existe el derecho de no ser violentado, a vivir en paz y a que no algunos pocos, por el uso de la violencia, impidan ejercer el derecho de millones. El gobierno lo tiene claro y es respetar el estado de derecho, que es la mejor forma de garantizar los derechos humanos de todos”, explicó el vocero de La Moneda.
Sin embargo, Alberto Coddeu del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, le restó validez a las palabras del ministro, señalando que, “esas declaraciones no pasan de ser retóricas, desde el momento en que el proyecto e ley, más conocido como ley Hinzpeter, que resguarda el derecho a la protesta y fortalece el resguardo del orden público, contiene una serie de modificaciones al Código Penal que lo único que hacen es, literalmente, restringir o amedrentar a quienes ejercen legítimamente su derecho a la protesta”.
Para el abogado, con esta ley no se distingue entre quienes a alteran la libre circulación en una marcha o quienes empleen armas de fuego y artefactos explosivos, lo que es grave.
En este sentido, Nicolás Facuse, abogado de la ONG Asesoría Ciudadana, apuntó a la falta de transparencia que existe al interior de la institucionalidad de Carabineros de Chile.
“Carbvinero se justifica mucho diciendo que por temas de seguridad y temas estratégicos no puede entregar cierta información y la mayoría de eso argumentos no son justificables. Carabineros es una institución que entendemos que tiene que tener ciertas restricciones por cuestiones estratégicas, pero nosotros necesitamos saber qué es lo que está pasando, por ejemplo, en los lugares donde se cometen más abusos, que es al interior de los buses policiales. El año pasado se prometió que se iban a instalar cámaras y todavía no hemos sabido nada”, dijo Facuse.
En esta línea los especialistas destacaron la necesidad de conocer más de esta unidad de Derechos Humanos de Carabineros, qué pasa con las capacitaciones, con la rendición de cuentas, los protocolos, las condiciones laborales de los uniformados, entre otros temas.
Un debate que ya está instalado en la sociedad y que seguirá presente cuando se augura un año de intensas movilizaciones.
