En Copiapó, las organizaciones patrocinantes del recurso de protección que objeta la construcción de la central termoeléctrica Castilla dieron a conocer su estrategia y próximas acciones para defender el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

A principios del mes de marzo, el tribunal acogió un recurso de protección presentado por la junta de vecinos de Totoral y declaró como “ilegal” la calificación de “molesta” efectuada al proyecto por el seremi de Salud de Atacama, Nicolás Baeza.

Álvaro Toro, abogado que representa a la comunidad, dijo que buscarán contrarrestar la campaña mediática de la empresa, que intenta “identificar que la no aprobación de este proyecto pondría en peligro el desarrollo económico del país y de la productividad en la región”.

Con ese objetivo, el movimiento planea “llevar una delegación de la región y del pueblo a Santiago para pedir entrevistas, primero con las autoridades que han estado manifestando opiniones en favor de la empresa, es decir, el ministro (de Economía, Pablo) Longueira, y el subsecretario de Energía (Sergio del Campo, para expresarles que ellos no pueden intervenir en un proceso judicial que aún no se resuelve. También queremos solicitar una entrevista con el presidente de la Corte Suprema”.

El profesional aseguró que tienen optimismo y la Corte Suprema “debería ratificar el contundente fallo de Atacama”.

En tanto, el vocero de la mesa social y de la junta de vecinos, Juan Morales, agregó que hay otras aristas que están revisando: “Se está haciendo un trabajo en cuanto al cambio de plan regulador de la seccional Punta Cachos, que es el sector donde se quiere instalar la termoeléctrica, que es otro camino que estamos siguiendo para frenar este proyecto. Aparte de las estrategias que estamos definiendo con el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) para seguir el trabajo en la Corte Suprema, estamos tratando de que el Ejecutivo deje de ejercer una presión mediática sobre el Poder Judicial, en cuanto a lo que significa la instalación de la termoeléctrica Castilla, difundiendo y desvirtuando la información que manejamos en cuanto a la calidad del proyecto y la importancia que tiene para la región”, explicó.

Por su parte, Lucio Cuenca, director de OLCA, destacó que este es un fallo que se aplica bajo un artículo de la Constitución que habla sobre la vulneración de un derecho: a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. “Puede sentar precedente respecto a los derechos ambientales del país y las distintas comunidades que están siendo afectadas, entonces tiene mucha importancia defender este fallo y que sea ratificado en la Corte Suprema. No solo para el caso Castilla, que es lo prioritario hoy día, sino también para otras luchas socioambientales que se están dando en el resto del país. Esperamos que la defensa del fallo frente a Castilla sea una causa no solo de la gente de Atacama sino de muchas organizaciones en Chile”, dijo.

La junta de vecinos anunció que como organizaciones ciudadanas se sumarán a diversas actividades que informen a la ciudadanía sobre este conflicto, pero a corto plazo se unirán a algunas convocatorias por el Día Mundial del Agua que se conmemora mañana jueves 22 de marzo.