Incentivos al retiro: La nueva batalla del sector público
Pese a que el Ejecutivo ya ha alcanzado acuerdos con siete gremios, todavía hay agrupaciones que no están satisfechas con el plan gubernamental porque implicaría una pérdida de derechos adquiridos o, simplemente, porque no se ajusta a lo ofrecido a las demás agrupaciones. Dirigentes critican que se haya negociado de forma separada, tal como se hizo en torno al reajuste.
Domingo 25 de marzo 2012 12:45 hrs.
Con el reinicio de las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) – que habían estado congeladas por cerca de cinco meses – se abrió una nueva etapa en la definición de los incentivos al retiro que se aplicarán a la administración pública.
El Gobierno comenzó a trabajar este programa de manera sectorial con cada gremio y, si bien, ya se ha logrado acuerdos con siete agrupaciones, en su mayoría ligadas al área de la salud, existen sectores que no están conformes, ya sea por haber quedado por debajo del piso ofrecido o porque, simplemente, implica una pérdida de beneficios.
“Esto fue un acuerdo de 2010, que fue ratificado en 2011, donde se establecía que en los planes de retiro, cada gremio sectorialmente iba a negociar con el Ejecutivo. Algunos ya han llegado a consenso y otros están en los procesos de negociación. Hubo una instancia de inercia, de corte en las conversaciones, pero ya se están restableciendo. En algunos casos, como la Anef, no están satisfechos con lo que se les está ofreciendo -que es similar al resto de los gremios – porque tenían una ley bastante superior en los años anteriores”, precisó el coordinador de la Mesa del Sector Público de la CUT y secretario general de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (Asemuch), Manuel Bravo.
La propuesta del Ejecutivo considera un mes de remuneraciones imponibles por año de servicio, con un tope de 11 meses y un bono de 395 U.F, es decir, cerca de 8,8 millones de pesos. Además, se establece una cláusula de compatibilidad de los planes de retiro con un bono postlaboral, que ascendería a los 55 mil pesos mensuales.
Precisamente, el presidente de la Anef, Raúl de la Puente, subrayó que en este plan constituye una pérdida de derechos adquiridos para una de las agrupaciones más grandes del sector público.
“Por ser el primer gremio en lograr esto, teníamos beneficios más altos. Lo que está haciendo el gobierno es nivelar hacia abajo porque los que firmaron el acuerdo, lo hicieron por montos menores a los nuestros, por lo tanto, les han ofrecido bonificaciones similares a las que ya han tenían. Ellos no han perdido, sin embargo, nuestra merma es mucho mayor”, afirmó el dirigente.
De hecho, hasta 2010, los empleados fiscales que jubilaban recibían una indemnización que podía ir desde 12 hasta 24 millones de pesos, dependiendo del rango.
“Divide para gobernar”
Otro caso complejo es el de los asistentes de la educación, agrupados en la Confemuch, quienes terminaron con un bono de 1 millón 250 mil pesos, muy por debajo de lo ofrecido al resto de las organizaciones.
En esa línea, el presidente del gremio, Arturo Escárez, señaló que “con separarnos se nos ha ofrecido lo más malo y lo más bajo de una administración respecto del incentivo al retiro. Nuestro empleador es el alcalde, que es el mismo de los que trabajan en salud o los municipios. Por eso, divide para poder gobernar”.
Escárez calificó el plan ofrecido a la Confemuch como “migajas”, que se habrían entregado por la cantidad de personas que se acogerían al programa en este momento. “Existen 93 mil asistentes de la educación en el país. Si se tuvieran que ir aquellos que cumplen la edad – hasta diciembre 2011 – serían 4 mil 144 funcionarios sumados a los que ya cumplieron la edad y que no se han ido. El Gobierno dice que somos muchos y no estaría cubierto en el Presupuesto de la Nación”, indicó.
En tanto, el proyecto de las organizaciones de la salud, ya está siendo discutido en el Parlamento – en los términos planteados por Hacienda – y está incluido dentro de un acuerdo suscrito entre la administración central y los municipios en diciembre del año pasado.
Sin embargo, la presidenta de la Confusam, Carolina Espinoza, aseguró que siguen apoyando las demandas del resto de los gremios.
“Estamos respaldando no sólo nuestro proyecto de ley sino que todos los funcionarios públicos tengamos un mecanismo de retiro que, por lo demás, es un parche. Esto viene a aminorar el daño previsional que tenemos todos los trabajadores en Chile, en particular los funcionarios del Estado que tuvieron una subcotización por largo tiempo y que tienen pensiones miserables. Eso no sólo daña a las familias, sino que también a la calidad de los servicios públicos que entregamos a la ciudadanía”, dijo Espinoza.
Dentro de las organizaciones que ya tienen zanjados sus planes de retiro se incluyen la Ajunji, Confusam, Confenats, Fentess, Fenats, Fenfusap y Asemuch.
Los proyectos de ley deberían entrar en su recta final en las primeras semanas de abril para poder ser discutidos en el Congreso. En los próximos días, tanto la Anef como la Confemuch sostendrán nuevas reuniones con las autoridades, donde se espera que el Ejecutivo mejore su oferta.
Con el reinicio de las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) – que habían estado congeladas por cerca de cinco meses – se abrió una nueva etapa en la definición de los incentivos al retiro que se aplicarán a la administración pública.
El Gobierno comenzó a trabajar este programa de manera sectorial con cada gremio y, si bien, ya se ha logrado acuerdos con siete agrupaciones, en su mayoría ligadas al área de la salud, existen sectores que no están conformes, ya sea por haber quedado por debajo del piso ofrecido o porque, simplemente, implica una pérdida de beneficios.
“Esto fue un acuerdo de 2010, que fue ratificado en 2011, donde se establecía que en los planes de retiro, cada gremio sectorialmente iba a negociar con el Ejecutivo. Algunos ya han llegado a consenso y otros están en los procesos de negociación. Hubo una instancia de inercia, de corte en las conversaciones, pero ya se están restableciendo. En algunos casos, como la Anef, no están satisfechos con lo que se les está ofreciendo -que es similar al resto de los gremios – porque tenían una ley bastante superior en los años anteriores”, precisó el coordinador de la Mesa del Sector Público de la CUT y secretario general de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (Asemuch), Manuel Bravo.
La propuesta del Ejecutivo considera un mes de remuneraciones imponibles por año de servicio, con un tope de 11 meses y un bono de 395 U.F, es decir, cerca de 8,8 millones de pesos. Además, se establece una cláusula de compatibilidad de los planes de retiro con un bono postlaboral, que ascendería a los 55 mil pesos mensuales.
Precisamente, el presidente de la Anef, Raúl de la Puente, subrayó que en este plan constituye una pérdida de derechos adquiridos para una de las agrupaciones más grandes del sector público.
“Por ser el primer gremio en lograr esto, teníamos beneficios más altos. Lo que está haciendo el gobierno es nivelar hacia abajo porque los que firmaron el acuerdo, lo hicieron por montos menores a los nuestros, por lo tanto, les han ofrecido bonificaciones similares a las que ya han tenían. Ellos no han perdido, sin embargo, nuestra merma es mucho mayor”, afirmó el dirigente.
De hecho, hasta 2010, los empleados fiscales que jubilaban recibían una indemnización que podía ir desde 12 hasta 24 millones de pesos, dependiendo del rango.
“Divide para gobernar”
Otro caso complejo es el de los asistentes de la educación, agrupados en la Confemuch, quienes terminaron con un bono de 1 millón 250 mil pesos, muy por debajo de lo ofrecido al resto de las organizaciones.
En esa línea, el presidente del gremio, Arturo Escárez, señaló que “con separarnos se nos ha ofrecido lo más malo y lo más bajo de una administración respecto del incentivo al retiro. Nuestro empleador es el alcalde, que es el mismo de los que trabajan en salud o los municipios. Por eso, divide para poder gobernar”.
Escárez calificó el plan ofrecido a la Confemuch como “migajas”, que se habrían entregado por la cantidad de personas que se acogerían al programa en este momento. “Existen 93 mil asistentes de la educación en el país. Si se tuvieran que ir aquellos que cumplen la edad – hasta diciembre 2011 – serían 4 mil 144 funcionarios sumados a los que ya cumplieron la edad y que no se han ido. El Gobierno dice que somos muchos y no estaría cubierto en el Presupuesto de la Nación”, indicó.
En tanto, el proyecto de las organizaciones de la salud, ya está siendo discutido en el Parlamento – en los términos planteados por Hacienda – y está incluido dentro de un acuerdo suscrito entre la administración central y los municipios en diciembre del año pasado.
Sin embargo, la presidenta de la Confusam, Carolina Espinoza, aseguró que siguen apoyando las demandas del resto de los gremios.
“Estamos respaldando no sólo nuestro proyecto de ley sino que todos los funcionarios públicos tengamos un mecanismo de retiro que, por lo demás, es un parche. Esto viene a aminorar el daño previsional que tenemos todos los trabajadores en Chile, en particular los funcionarios del Estado que tuvieron una subcotización por largo tiempo y que tienen pensiones miserables. Eso no sólo daña a las familias, sino que también a la calidad de los servicios públicos que entregamos a la ciudadanía”, dijo Espinoza.
Dentro de las organizaciones que ya tienen zanjados sus planes de retiro se incluyen la Ajunji, Confusam, Confenats, Fentess, Fenats, Fenfusap y Asemuch.
Los proyectos de ley deberían entrar en su recta final en las primeras semanas de abril para poder ser discutidos en el Congreso. En los próximos días, tanto la Anef como la Confemuch sostendrán nuevas reuniones con las autoridades, donde se espera que el Ejecutivo mejore su oferta.
Con el reinicio de las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) – que habían estado congeladas por cerca de cinco meses – se abrió una nueva etapa en la definición de los incentivos al retiro que se aplicarán a la administración pública.
El Gobierno comenzó a trabajar este programa de manera sectorial con cada gremio y, si bien, ya se ha logrado acuerdos con siete agrupaciones, en su mayoría ligadas al área de la salud, existen sectores que no están conformes, ya sea por haber quedado por debajo del piso ofrecido o porque, simplemente, implica una pérdida de beneficios.
“Esto fue un acuerdo de 2010, que fue ratificado en 2011, donde se establecía que en los planes de retiro, cada gremio sectorialmente iba a negociar con el Ejecutivo. Algunos ya han llegado a consenso y otros están en los procesos de negociación. Hubo una instancia de inercia, de corte en las conversaciones, pero ya se están restableciendo. En algunos casos, como la Anef, no están satisfechos con lo que se les está ofreciendo -que es similar al resto de los gremios – porque tenían una ley bastante superior en los años anteriores”, precisó el coordinador de la Mesa del Sector Público de la CUT y secretario general de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (Asemuch), Manuel Bravo.
La propuesta del Ejecutivo considera un mes de remuneraciones imponibles por año de servicio, con un tope de 11 meses y un bono de 395 U.F, es decir, cerca de 8,8 millones de pesos. Además, se establece una cláusula de compatibilidad de los planes de retiro con un bono postlaboral, que ascendería a los 55 mil pesos mensuales.
Precisamente, el presidente de la Anef, Raúl de la Puente, subrayó que en este plan constituye una pérdida de derechos adquiridos para una de las agrupaciones más grandes del sector público.
“Por ser el primer gremio en lograr esto, teníamos beneficios más altos. Lo que está haciendo el gobierno es nivelar hacia abajo porque los que firmaron el acuerdo, lo hicieron por montos menores a los nuestros, por lo tanto, les han ofrecido bonificaciones similares a las que ya han tenían. Ellos no han perdido, sin embargo, nuestra merma es mucho mayor”, afirmó el dirigente.
De hecho, hasta 2010, los empleados fiscales que jubilaban recibían una indemnización que podía ir desde 12 hasta 24 millones de pesos, dependiendo del rango.
“Divide para gobernar”
Otro caso complejo es el de los asistentes de la educación, agrupados en la Confemuch, quienes terminaron con un bono de 1 millón 250 mil pesos, muy por debajo de lo ofrecido al resto de las organizaciones.
En esa línea, el presidente del gremio, Arturo Escárez, señaló que “con separarnos se nos ha ofrecido lo más malo y lo más bajo de una administración respecto del incentivo al retiro. Nuestro empleador es el alcalde, que es el mismo de los que trabajan en salud o los municipios. Por eso, divide para poder gobernar”.
Escárez calificó el plan ofrecido a la Confemuch como “migajas”, que se habrían entregado por la cantidad de personas que se acogerían al programa en este momento. “Existen 93 mil asistentes de la educación en el país. Si se tuvieran que ir aquellos que cumplen la edad – hasta diciembre 2011 – serían 4 mil 144 funcionarios sumados a los que ya cumplieron la edad y que no se han ido. El Gobierno dice que somos muchos y no estaría cubierto en el Presupuesto de la Nación”, indicó.
En tanto, el proyecto de las organizaciones de la salud, ya está siendo discutido en el Parlamento – en los términos planteados por Hacienda – y está incluido dentro de un acuerdo suscrito entre la administración central y los municipios en diciembre del año pasado.
Sin embargo, la presidenta de la Confusam, Carolina Espinoza, aseguró que siguen apoyando las demandas del resto de los gremios.
“Estamos respaldando no sólo nuestro proyecto de ley sino que todos los funcionarios públicos tengamos un mecanismo de retiro que, por lo demás, es un parche. Esto viene a aminorar el daño previsional que tenemos todos los trabajadores en Chile, en particular los funcionarios del Estado que tuvieron una subcotización por largo tiempo y que tienen pensiones miserables. Eso no sólo daña a las familias, sino que también a la calidad de los servicios públicos que entregamos a la ciudadanía”, dijo Espinoza.
Dentro de las organizaciones que ya tienen zanjados sus planes de retiro se incluyen la Ajunji, Confusam, Confenats, Fentess, Fenats, Fenfusap y Asemuch.
Los proyectos de ley deberían entrar en su recta final en las primeras semanas de abril para poder ser discutidos en el Congreso. En los próximos días, tanto la Anef como la Confemuch sostendrán nuevas reuniones con las autoridades, donde se espera que el Ejecutivo mejore su oferta.
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