El diputado PPD, Felipe Harboe, solicitó este miércoles a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), que emita lo antes posible una circular que prohíba la utilización del uso de los registros históricos de los antecedentes comerciales de las personas.
Si bien, la ley 19.628 sobre la Protección de Datos Personales establece claramente que la información debe ser exacta, fidedigna y actualizada y que cualquier historial que no cumpla con estos requisitos debe ser eliminado, en la práctica, las entidades financieras recurrirían a estas bases de datos para determinar si las personas califican o no para la entrega de un producto o servicio.
En esa línea, el coordinador de la Organización de Usuarios y Consumidores (Odecu), Alejandro Pujá, comentó que este mecanismo “es una actividad absolutamente ilegal”.
“Aquí no hay un problema de falta de norma, sino que no se fiscaliza la legislación que existe. Cuando una persona va a un banco piensa que está pidiendo un favor, entonces le dicen que está en los registros con una deuda y que es mal cliente y le niegan un servicio que está anunciado, cuyos requisitos de acceso son claros y precisos y en ninguna parte dice que no hay que estar en una base de datos histórica”, precisó Pujá.
En el caso de la morosidad comercial, la legislación indica que cuando se paga una deuda, ésta deja de existir, por lo tanto, inmediatamente se convierte en un dato no vigente y no puede ser informado, almacenado o utilizado en ninguna forma.
Por lo mismo, para el diputado Harboe, es la Superintendencia de Bancos el organismo facultado para fiscalizar y sancionar este tipo de prácticas, cuyas denuncias, por lo general, se resuelven en la justicia beneficiando a particulares, sin aplicarse un criterio similar para el resto de los clientes.
“Es la propia ley orgánica la que le establece las funciones y por eso le he pedido al Superintendente que ejerza las facultades y ordene a los bancos terminar con esta discriminación usando bases de datos que son absolutamente antiguas y desactualizadas y que generan una especie de condena perpetua a quedar marginado del sistema financiero por el solo hecho de haber tenido alguna morosidad”, comentó el legislador.
El parlamentario agregó que de no tener una respuesta positiva de parte de la Superintendencia en los próximos 20 días, recurrirá a las instancias judiciales correspondientes e incluso no descartó la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por este asunto.
En tanto, las organizaciones de consumidores hicieron un llamado a endurecer las multas para las instituciones financieras que incurran en estas ilegalidades.
El diputado PPD, Felipe Harboe, solicitó este miércoles a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), que emita lo antes posible una circular que prohíba la utilización del uso de los registros históricos de los antecedentes comerciales de las personas.
Si bien, la ley 19.628 sobre la Protección de Datos Personales establece claramente que la información debe ser exacta, fidedigna y actualizada y que cualquier historial que no cumpla con estos requisitos debe ser eliminado, en la práctica, las entidades financieras recurrirían a estas bases de datos para determinar si las personas califican o no para la entrega de un producto o servicio.
En esa línea, el coordinador de la Organización de Usuarios y Consumidores (Odecu), Alejandro Pujá, comentó que este mecanismo “es una actividad absolutamente ilegal”.
“Aquí no hay un problema de falta de norma, sino que no se fiscaliza la legislación que existe. Cuando una persona va a un banco piensa que está pidiendo un favor, entonces le dicen que está en los registros con una deuda y que es mal cliente y le niegan un servicio que está anunciado, cuyos requisitos de acceso son claros y precisos y en ninguna parte dice que no hay que estar en una base de datos histórica”, precisó Pujá.
En el caso de la morosidad comercial, la legislación indica que cuando se paga una deuda, ésta deja de existir, por lo tanto, inmediatamente se convierte en un dato no vigente y no puede ser informado, almacenado o utilizado en ninguna forma.
Por lo mismo, para el diputado Harboe, es la Superintendencia de Bancos el organismo facultado para fiscalizar y sancionar este tipo de prácticas, cuyas denuncias, por lo general, se resuelven en la justicia beneficiando a particulares, sin aplicarse un criterio similar para el resto de los clientes.
“Es la propia ley orgánica la que le establece las funciones y por eso le he pedido al Superintendente que ejerza las facultades y ordene a los bancos terminar con esta discriminación usando bases de datos que son absolutamente antiguas y desactualizadas y que generan una especie de condena perpetua a quedar marginado del sistema financiero por el solo hecho de haber tenido alguna morosidad”, comentó el legislador.
El parlamentario agregó que de no tener una respuesta positiva de parte de la Superintendencia en los próximos 20 días, recurrirá a las instancias judiciales correspondientes e incluso no descartó la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por este asunto.
En tanto, las organizaciones de consumidores hicieron un llamado a endurecer las multas para las instituciones financieras que incurran en estas ilegalidades.
El diputado PPD, Felipe Harboe, solicitó este miércoles a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), que emita lo antes posible una circular que prohíba la utilización del uso de los registros históricos de los antecedentes comerciales de las personas.
Si bien, la ley 19.628 sobre la Protección de Datos Personales establece claramente que la información debe ser exacta, fidedigna y actualizada y que cualquier historial que no cumpla con estos requisitos debe ser eliminado, en la práctica, las entidades financieras recurrirían a estas bases de datos para determinar si las personas califican o no para la entrega de un producto o servicio.
En esa línea, el coordinador de la Organización de Usuarios y Consumidores (Odecu), Alejandro Pujá, comentó que este mecanismo “es una actividad absolutamente ilegal”.
“Aquí no hay un problema de falta de norma, sino que no se fiscaliza la legislación que existe. Cuando una persona va a un banco piensa que está pidiendo un favor, entonces le dicen que está en los registros con una deuda y que es mal cliente y le niegan un servicio que está anunciado, cuyos requisitos de acceso son claros y precisos y en ninguna parte dice que no hay que estar en una base de datos histórica”, precisó Pujá.
En el caso de la morosidad comercial, la legislación indica que cuando se paga una deuda, ésta deja de existir, por lo tanto, inmediatamente se convierte en un dato no vigente y no puede ser informado, almacenado o utilizado en ninguna forma.
Por lo mismo, para el diputado Harboe, es la Superintendencia de Bancos el organismo facultado para fiscalizar y sancionar este tipo de prácticas, cuyas denuncias, por lo general, se resuelven en la justicia beneficiando a particulares, sin aplicarse un criterio similar para el resto de los clientes.
“Es la propia ley orgánica la que le establece las funciones y por eso le he pedido al Superintendente que ejerza las facultades y ordene a los bancos terminar con esta discriminación usando bases de datos que son absolutamente antiguas y desactualizadas y que generan una especie de condena perpetua a quedar marginado del sistema financiero por el solo hecho de haber tenido alguna morosidad”, comentó el legislador.
El parlamentario agregó que de no tener una respuesta positiva de parte de la Superintendencia en los próximos 20 días, recurrirá a las instancias judiciales correspondientes e incluso no descartó la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por este asunto.
En tanto, las organizaciones de consumidores hicieron un llamado a endurecer las multas para las instituciones financieras que incurran en estas ilegalidades.
