El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, concurrió hasta las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en nuestro país para ampliar el recurso presentado en noviembre de 2009, y entregar nuevos antecedentes, a propósito de la deuda histórica que afecta a más de 80 mil docentes.
Esta deuda se originó por el incumplimiento de la Ley Nº 3.551 de 1981, que dispuso un reajuste del sueldo base al sector público, estableciendo una ‘asignación especial’ no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación.
Sin embargo, como resultado de la municipalización, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100 por ciento de la asignación, pues al ser traspasados al sector municipal, los nuevos empleadores desconocieron los derechos adquiridos por los profesores.
El compromiso no cumplido fue reconocido por el Ministerio de Educación en 2008, y se creó una Comisión Especial Parlamentaria que, un año después, envió un informe al Ejecutivo el que no fue acogido, lo que desató una huelga y movilizaciones del Magisterio.
Además, el propio presidente Sebastián Piñera, en un debate televisivo durante su campaña, reconoció la existencia de la deuda y se comprometió a instalar una mesa de trabajo con los profesores para resolver el problema.
Jaime Gajardo se reunió este jueves con Carlos Rodríguez, especialista principal en actividades con los trabajadores de la OIT, y subrayó que se entregaron nuevos detalles, ya que el tema será tratado en mayo en Ginebra durante la reunión del organismo internacional.
“Dentro de los antecedentes que hemos entregado, el más importante es que este 31 de marzo se cumple el plazo que está estipulado en la ley para que el Gobierno dé una respuesta por la deuda histórica. Esto fue consensuado y concordado cuando se discutió el Presupuesto el año pasado en octubre-noviembre y quedó una cláusula que dice que antes del 31 de marzo el Ejecutivo debe entregar una respuesta o a lo menos establecer comunicaciones con la organización, en este caso el Magisterio, para discutir este tema. Hasta ahora no hemos tenido ninguna señal”, comentó el dirigente.
Para Gajardo, si el Ejecutivo no se pronuncia quedará en el “Dicom internacional”, puesto que si el reclamo es acogido y el Estado es sancionado se generarán problemas a nivel de la política económica fuera de nuestras fronteras.
El diputado Rodrigo González, miembro de la comisión de Educación de la Cámara, señaló que el gobierno debiese ser consecuente y enviar un proyecto de ley para entregar un aporte sustantivo a los profesores afectados.
El parlamentario recordó que en sucesivos períodos legislativos ha habido consenso en la necesidad de pagar la deuda histórica, incluyendo un reciente protocolo de acuerdo, y que siempre ha habido oídos sordos desde el Ejecutivo.
“La deuda histórica tiene cifras estrafalarias que son muy elevadas. Hay un estudio técnico que hicimos en la comisión de Educación en la Cámara de Diputados que cuantificaba una ayuda razonable del monto de un bono que debería entregarse a los profesores en dinero. Algunos hablaban de cinco millones de pesos, otros de diez, pero junto con esto un incremento sustantivo de las jubilaciones de los docentes, que tienen jubilaciones más bajas. Yo quiero recordar que hay profesores se retiran con dineros que no superan los 120 o 140 mil pesos en Chile”, afirmó el parlamentario.
El diputado PPD recordó que los profesores han ganado diversos recursos judiciales que obligan a los municipios a pagarles la deuda, que muchos de éstos no han cancelado, pero advirtió que la responsabilidad reside en el Estado.
González sostuvo que el gobierno sabe que va a contar con los votos en forma transversal en el Parlamento para una legislación que permita finalmente saldar la deuda con los docentes.
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, concurrió hasta las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en nuestro país para ampliar el recurso presentado en noviembre de 2009, y entregar nuevos antecedentes, a propósito de la deuda histórica que afecta a más de 80 mil docentes.
Esta deuda se originó por el incumplimiento de la Ley Nº 3.551 de 1981, que dispuso un reajuste del sueldo base al sector público, estableciendo una ‘asignación especial’ no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación.
Sin embargo, como resultado de la municipalización, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100 por ciento de la asignación, pues al ser traspasados al sector municipal, los nuevos empleadores desconocieron los derechos adquiridos por los profesores.
El compromiso no cumplido fue reconocido por el Ministerio de Educación en 2008, y se creó una Comisión Especial Parlamentaria que, un año después, envió un informe al Ejecutivo el que no fue acogido, lo que desató una huelga y movilizaciones del Magisterio.
Además, el propio presidente Sebastián Piñera, en un debate televisivo durante su campaña, reconoció la existencia de la deuda y se comprometió a instalar una mesa de trabajo con los profesores para resolver el problema.
Jaime Gajardo se reunió este jueves con Carlos Rodríguez, especialista principal en actividades con los trabajadores de la OIT, y subrayó que se entregaron nuevos detalles, ya que el tema será tratado en mayo en Ginebra durante la reunión del organismo internacional.
“Dentro de los antecedentes que hemos entregado, el más importante es que este 31 de marzo se cumple el plazo que está estipulado en la ley para que el Gobierno dé una respuesta por la deuda histórica. Esto fue consensuado y concordado cuando se discutió el Presupuesto el año pasado en octubre-noviembre y quedó una cláusula que dice que antes del 31 de marzo el Ejecutivo debe entregar una respuesta o a lo menos establecer comunicaciones con la organización, en este caso el Magisterio, para discutir este tema. Hasta ahora no hemos tenido ninguna señal”, comentó el dirigente.
Para Gajardo, si el Ejecutivo no se pronuncia quedará en el “Dicom internacional”, puesto que si el reclamo es acogido y el Estado es sancionado se generarán problemas a nivel de la política económica fuera de nuestras fronteras.
El diputado Rodrigo González, miembro de la comisión de Educación de la Cámara, señaló que el gobierno debiese ser consecuente y enviar un proyecto de ley para entregar un aporte sustantivo a los profesores afectados.
El parlamentario recordó que en sucesivos períodos legislativos ha habido consenso en la necesidad de pagar la deuda histórica, incluyendo un reciente protocolo de acuerdo, y que siempre ha habido oídos sordos desde el Ejecutivo.
“La deuda histórica tiene cifras estrafalarias que son muy elevadas. Hay un estudio técnico que hicimos en la comisión de Educación en la Cámara de Diputados que cuantificaba una ayuda razonable del monto de un bono que debería entregarse a los profesores en dinero. Algunos hablaban de cinco millones de pesos, otros de diez, pero junto con esto un incremento sustantivo de las jubilaciones de los docentes, que tienen jubilaciones más bajas. Yo quiero recordar que hay profesores se retiran con dineros que no superan los 120 o 140 mil pesos en Chile”, afirmó el parlamentario.
El diputado PPD recordó que los profesores han ganado diversos recursos judiciales que obligan a los municipios a pagarles la deuda, que muchos de éstos no han cancelado, pero advirtió que la responsabilidad reside en el Estado.
González sostuvo que el gobierno sabe que va a contar con los votos en forma transversal en el Parlamento para una legislación que permita finalmente saldar la deuda con los docentes.
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, concurrió hasta las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en nuestro país para ampliar el recurso presentado en noviembre de 2009, y entregar nuevos antecedentes, a propósito de la deuda histórica que afecta a más de 80 mil docentes.
Esta deuda se originó por el incumplimiento de la Ley Nº 3.551 de 1981, que dispuso un reajuste del sueldo base al sector público, estableciendo una ‘asignación especial’ no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación.
Sin embargo, como resultado de la municipalización, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100 por ciento de la asignación, pues al ser traspasados al sector municipal, los nuevos empleadores desconocieron los derechos adquiridos por los profesores.
El compromiso no cumplido fue reconocido por el Ministerio de Educación en 2008, y se creó una Comisión Especial Parlamentaria que, un año después, envió un informe al Ejecutivo el que no fue acogido, lo que desató una huelga y movilizaciones del Magisterio.
Además, el propio presidente Sebastián Piñera, en un debate televisivo durante su campaña, reconoció la existencia de la deuda y se comprometió a instalar una mesa de trabajo con los profesores para resolver el problema.
Jaime Gajardo se reunió este jueves con Carlos Rodríguez, especialista principal en actividades con los trabajadores de la OIT, y subrayó que se entregaron nuevos detalles, ya que el tema será tratado en mayo en Ginebra durante la reunión del organismo internacional.
“Dentro de los antecedentes que hemos entregado, el más importante es que este 31 de marzo se cumple el plazo que está estipulado en la ley para que el Gobierno dé una respuesta por la deuda histórica. Esto fue consensuado y concordado cuando se discutió el Presupuesto el año pasado en octubre-noviembre y quedó una cláusula que dice que antes del 31 de marzo el Ejecutivo debe entregar una respuesta o a lo menos establecer comunicaciones con la organización, en este caso el Magisterio, para discutir este tema. Hasta ahora no hemos tenido ninguna señal”, comentó el dirigente.
Para Gajardo, si el Ejecutivo no se pronuncia quedará en el “Dicom internacional”, puesto que si el reclamo es acogido y el Estado es sancionado se generarán problemas a nivel de la política económica fuera de nuestras fronteras.
El diputado Rodrigo González, miembro de la comisión de Educación de la Cámara, señaló que el gobierno debiese ser consecuente y enviar un proyecto de ley para entregar un aporte sustantivo a los profesores afectados.
El parlamentario recordó que en sucesivos períodos legislativos ha habido consenso en la necesidad de pagar la deuda histórica, incluyendo un reciente protocolo de acuerdo, y que siempre ha habido oídos sordos desde el Ejecutivo.
“La deuda histórica tiene cifras estrafalarias que son muy elevadas. Hay un estudio técnico que hicimos en la comisión de Educación en la Cámara de Diputados que cuantificaba una ayuda razonable del monto de un bono que debería entregarse a los profesores en dinero. Algunos hablaban de cinco millones de pesos, otros de diez, pero junto con esto un incremento sustantivo de las jubilaciones de los docentes, que tienen jubilaciones más bajas. Yo quiero recordar que hay profesores se retiran con dineros que no superan los 120 o 140 mil pesos en Chile”, afirmó el parlamentario.
El diputado PPD recordó que los profesores han ganado diversos recursos judiciales que obligan a los municipios a pagarles la deuda, que muchos de éstos no han cancelado, pero advirtió que la responsabilidad reside en el Estado.
González sostuvo que el gobierno sabe que va a contar con los votos en forma transversal en el Parlamento para una legislación que permita finalmente saldar la deuda con los docentes.
