Desde hace varios meses la Policía Internacional viene realizando uno o dos operativos mensuales de expulsiones masivas de ciudadanos peruanos, sin importar las circunstancias particulares, ni los vínculos familiares o los recursos administrativos y judiciales que pudieran estar interpuestos.
Todo ello, luego detenciones previas e incomunicaciones ilegales, presiones indebidas, amenazas y engaños, según detalla el texto de la denuncia que presentó el Comité de Refugiados Peruanos encabezados por su presidente, Rodolfo Noriega ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la acusación solicitan medidas cautelares dada la “gravedad de los hechos y frente a la inminencia de una nueva violación de derechos garantizados en la Convención Americana por parte del Estado”.
Noriega afirmó que aquí se está violando directamente el artículo 22 del Pacto San José, sobre el Derecho de Circulación y de Residencia, que en su numeral nueve establece que “es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros”, además atenta contra derechos garantizados en tratados internacionales, ratificados y vigentes en Chile, como el derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, los derechos del niño, igualdad ante la ley, libre tránsito, residencia, derechos del detenido y garantías judiciales.
El dirigente aseguró que temen nuevas expulsiones colectivas, por las consecuencias que dejan, ya que no consideran casos especiales de salud, niños desamparados o ruptura de vínculos familiares. Esto no está considerado en la ley de de extranjería, que rige actualmente y que data del año 1974.
Desde el Observatorio Ciudadano advirtieron que estas expulsiones “se han intensificado en los últimos meses, lo que da cuenta que la administración de Piñera está teniendo una actitud de intolerancia y de dotar de un carácter extremadamente policial el abordaje de la migración en Chile”.
Esto difiere, indicaron, con las políticas de la anterior administración, que había sostenido un diálogo para regularizar la situación de los migrantes, sobre todo peruanos y bolivianos, para garantizarles una estabilidad, así como el respecto a sus derechos básicos en nuestro país. Con esto, advierten, se está involucionando, hacia una política de expulsión a quienes presenten algún tipo de irregularidad en sus documentos.
Desde hace varios meses la Policía Internacional viene realizando uno o dos operativos mensuales de expulsiones masivas de ciudadanos peruanos, sin importar las circunstancias particulares, ni los vínculos familiares o los recursos administrativos y judiciales que pudieran estar interpuestos.
Todo ello, luego detenciones previas e incomunicaciones ilegales, presiones indebidas, amenazas y engaños, según detalla el texto de la denuncia que presentó el Comité de Refugiados Peruanos encabezados por su presidente, Rodolfo Noriega ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la acusación solicitan medidas cautelares dada la “gravedad de los hechos y frente a la inminencia de una nueva violación de derechos garantizados en la Convención Americana por parte del Estado”.
Noriega afirmó que aquí se está violando directamente el artículo 22 del Pacto San José, sobre el Derecho de Circulación y de Residencia, que en su numeral nueve establece que “es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros”, además atenta contra derechos garantizados en tratados internacionales, ratificados y vigentes en Chile, como el derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, los derechos del niño, igualdad ante la ley, libre tránsito, residencia, derechos del detenido y garantías judiciales.
El dirigente aseguró que temen nuevas expulsiones colectivas, por las consecuencias que dejan, ya que no consideran casos especiales de salud, niños desamparados o ruptura de vínculos familiares. Esto no está considerado en la ley de de extranjería, que rige actualmente y que data del año 1974.
Desde el Observatorio Ciudadano advirtieron que estas expulsiones “se han intensificado en los últimos meses, lo que da cuenta que la administración de Piñera está teniendo una actitud de intolerancia y de dotar de un carácter extremadamente policial el abordaje de la migración en Chile”.
Esto difiere, indicaron, con las políticas de la anterior administración, que había sostenido un diálogo para regularizar la situación de los migrantes, sobre todo peruanos y bolivianos, para garantizarles una estabilidad, así como el respecto a sus derechos básicos en nuestro país. Con esto, advierten, se está involucionando, hacia una política de expulsión a quienes presenten algún tipo de irregularidad en sus documentos.
Desde hace varios meses la Policía Internacional viene realizando uno o dos operativos mensuales de expulsiones masivas de ciudadanos peruanos, sin importar las circunstancias particulares, ni los vínculos familiares o los recursos administrativos y judiciales que pudieran estar interpuestos.
Todo ello, luego detenciones previas e incomunicaciones ilegales, presiones indebidas, amenazas y engaños, según detalla el texto de la denuncia que presentó el Comité de Refugiados Peruanos encabezados por su presidente, Rodolfo Noriega ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la acusación solicitan medidas cautelares dada la “gravedad de los hechos y frente a la inminencia de una nueva violación de derechos garantizados en la Convención Americana por parte del Estado”.
Noriega afirmó que aquí se está violando directamente el artículo 22 del Pacto San José, sobre el Derecho de Circulación y de Residencia, que en su numeral nueve establece que “es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros”, además atenta contra derechos garantizados en tratados internacionales, ratificados y vigentes en Chile, como el derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, los derechos del niño, igualdad ante la ley, libre tránsito, residencia, derechos del detenido y garantías judiciales.
El dirigente aseguró que temen nuevas expulsiones colectivas, por las consecuencias que dejan, ya que no consideran casos especiales de salud, niños desamparados o ruptura de vínculos familiares. Esto no está considerado en la ley de de extranjería, que rige actualmente y que data del año 1974.
Desde el Observatorio Ciudadano advirtieron que estas expulsiones “se han intensificado en los últimos meses, lo que da cuenta que la administración de Piñera está teniendo una actitud de intolerancia y de dotar de un carácter extremadamente policial el abordaje de la migración en Chile”.
Esto difiere, indicaron, con las políticas de la anterior administración, que había sostenido un diálogo para regularizar la situación de los migrantes, sobre todo peruanos y bolivianos, para garantizarles una estabilidad, así como el respecto a sus derechos básicos en nuestro país. Con esto, advierten, se está involucionando, hacia una política de expulsión a quienes presenten algún tipo de irregularidad en sus documentos.
