Diputados de las bancadas de la Concertación, independientes y del Partido Comunista se hicieron parte de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
La denuncia fue presentada por la responsabilidad que le cabría a la autoridad en el actuar violento de Fuerzas Especiales de Carabineros en la región de Aysén. Procedimientos que fueron denunciados por observadores de Derechos Humanos y parlamentarios y que incluso costaron la pérdida de visión de cuatro aiseninos.
El parlamentario Manuel Monsalve, señaló que la Constitución, en su artículo 19, protege la integridad física y síquica de los ciudadanos, y que el Gobierno ha instalado una política habitual de represión.
“Tenemos la convicción de que el Ejecutivo ha venido instalando una política represiva respecto del manejo de los conflictos sociales y creemos que hay que detenerla. Hay que utilizar todos los elementos que nos da la Constitución, la ley y nuestras facultades como parlamentarios para contribuir a detener esa política. En el caso particular de Aysén, si bien hay un acuerdo que resuelve las demandas económicas y sociales planteadas por el movimiento, lo que no se resuelve son los daños a la integridad física y psicológica a los ciudadanos de Aysén”, afirmó el legislador.
Opinión que fue compartida por el vocero de la Mesa Social de Aysén, Patricio Segura, quien indicó que la fuerte represión ejercida por Carabineros en la zona tiene un responsable político.
“Independiente de que exista un diálogo, los heridos y la represión brutal que hubo en la región de Aysén no se puede paralizar con un acuerdo. Vemos que es un carril que tiene que ver el Poder Legislativo, pero consideramos que es una vía legítimo dentro de lo que es un Estado democrático porque en realidad los heridos están, la represión está y las acciones policiales dependiente del ministerio del Interior está en la región de Aysén y se están viviendo las secuelas”
Por su parte, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Felipe Salaberry, sostuvo que la acusación constitucional no tiene ningún asidero legal, porque “lo que ha hecho el ministro del Interior es cumplir y hacer cumplir el mandato constitucional al que se debe”, sostuvo.
Además, el parlamentario agregó que los excesos en los que concurrió Fuerzas Especiales de Carabineros se deben a hechos puntuales, eximiendo de cualquier responsabilidad al ministro Hinzpeter.
“Cuando hay personas dispuestas a asumir como método de acción política la violencia, la autoridad siempre debe velar por evitar esa violencia y cuando se producen situaciones fuera de la legalidad o con algún grado de exceso en la aplicación de la ley o en la acción policial, obviamente existen los caminos para resolverlo, pero inferir de aquello una suerte de intencionalidad de parte del ministro del Interior, excede la prudencia política”, dijo Salaberry.
Este martes ingresará la acusación constitucional a la sala de la Cámara de Diputados y se conformará una comisión que la estudiará.
Posteriormente esta instancia deberá sugerir al grueso de la Cámara su aprobación o rechazo, donde, dependiendo del beneplácito de los parlamentarios, deberá pasar al Senado.
Diputados de las bancadas de la Concertación, independientes y del Partido Comunista se hicieron parte de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
La denuncia fue presentada por la responsabilidad que le cabría a la autoridad en el actuar violento de Fuerzas Especiales de Carabineros en la región de Aysén. Procedimientos que fueron denunciados por observadores de Derechos Humanos y parlamentarios y que incluso costaron la pérdida de visión de cuatro aiseninos.
El parlamentario Manuel Monsalve, señaló que la Constitución, en su artículo 19, protege la integridad física y síquica de los ciudadanos, y que el Gobierno ha instalado una política habitual de represión.
“Tenemos la convicción de que el Ejecutivo ha venido instalando una política represiva respecto del manejo de los conflictos sociales y creemos que hay que detenerla. Hay que utilizar todos los elementos que nos da la Constitución, la ley y nuestras facultades como parlamentarios para contribuir a detener esa política. En el caso particular de Aysén, si bien hay un acuerdo que resuelve las demandas económicas y sociales planteadas por el movimiento, lo que no se resuelve son los daños a la integridad física y psicológica a los ciudadanos de Aysén”, afirmó el legislador.
Opinión que fue compartida por el vocero de la Mesa Social de Aysén, Patricio Segura, quien indicó que la fuerte represión ejercida por Carabineros en la zona tiene un responsable político.
“Independiente de que exista un diálogo, los heridos y la represión brutal que hubo en la región de Aysén no se puede paralizar con un acuerdo. Vemos que es un carril que tiene que ver el Poder Legislativo, pero consideramos que es una vía legítimo dentro de lo que es un Estado democrático porque en realidad los heridos están, la represión está y las acciones policiales dependiente del ministerio del Interior está en la región de Aysén y se están viviendo las secuelas”
Por su parte, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Felipe Salaberry, sostuvo que la acusación constitucional no tiene ningún asidero legal, porque “lo que ha hecho el ministro del Interior es cumplir y hacer cumplir el mandato constitucional al que se debe”, sostuvo.
Además, el parlamentario agregó que los excesos en los que concurrió Fuerzas Especiales de Carabineros se deben a hechos puntuales, eximiendo de cualquier responsabilidad al ministro Hinzpeter.
“Cuando hay personas dispuestas a asumir como método de acción política la violencia, la autoridad siempre debe velar por evitar esa violencia y cuando se producen situaciones fuera de la legalidad o con algún grado de exceso en la aplicación de la ley o en la acción policial, obviamente existen los caminos para resolverlo, pero inferir de aquello una suerte de intencionalidad de parte del ministro del Interior, excede la prudencia política”, dijo Salaberry.
Este martes ingresará la acusación constitucional a la sala de la Cámara de Diputados y se conformará una comisión que la estudiará.
Posteriormente esta instancia deberá sugerir al grueso de la Cámara su aprobación o rechazo, donde, dependiendo del beneplácito de los parlamentarios, deberá pasar al Senado.
Diputados de las bancadas de la Concertación, independientes y del Partido Comunista se hicieron parte de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
La denuncia fue presentada por la responsabilidad que le cabría a la autoridad en el actuar violento de Fuerzas Especiales de Carabineros en la región de Aysén. Procedimientos que fueron denunciados por observadores de Derechos Humanos y parlamentarios y que incluso costaron la pérdida de visión de cuatro aiseninos.
El parlamentario Manuel Monsalve, señaló que la Constitución, en su artículo 19, protege la integridad física y síquica de los ciudadanos, y que el Gobierno ha instalado una política habitual de represión.
“Tenemos la convicción de que el Ejecutivo ha venido instalando una política represiva respecto del manejo de los conflictos sociales y creemos que hay que detenerla. Hay que utilizar todos los elementos que nos da la Constitución, la ley y nuestras facultades como parlamentarios para contribuir a detener esa política. En el caso particular de Aysén, si bien hay un acuerdo que resuelve las demandas económicas y sociales planteadas por el movimiento, lo que no se resuelve son los daños a la integridad física y psicológica a los ciudadanos de Aysén”, afirmó el legislador.
Opinión que fue compartida por el vocero de la Mesa Social de Aysén, Patricio Segura, quien indicó que la fuerte represión ejercida por Carabineros en la zona tiene un responsable político.
“Independiente de que exista un diálogo, los heridos y la represión brutal que hubo en la región de Aysén no se puede paralizar con un acuerdo. Vemos que es un carril que tiene que ver el Poder Legislativo, pero consideramos que es una vía legítimo dentro de lo que es un Estado democrático porque en realidad los heridos están, la represión está y las acciones policiales dependiente del ministerio del Interior está en la región de Aysén y se están viviendo las secuelas”
Por su parte, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Felipe Salaberry, sostuvo que la acusación constitucional no tiene ningún asidero legal, porque “lo que ha hecho el ministro del Interior es cumplir y hacer cumplir el mandato constitucional al que se debe”, sostuvo.
Además, el parlamentario agregó que los excesos en los que concurrió Fuerzas Especiales de Carabineros se deben a hechos puntuales, eximiendo de cualquier responsabilidad al ministro Hinzpeter.
“Cuando hay personas dispuestas a asumir como método de acción política la violencia, la autoridad siempre debe velar por evitar esa violencia y cuando se producen situaciones fuera de la legalidad o con algún grado de exceso en la aplicación de la ley o en la acción policial, obviamente existen los caminos para resolverlo, pero inferir de aquello una suerte de intencionalidad de parte del ministro del Interior, excede la prudencia política”, dijo Salaberry.
Este martes ingresará la acusación constitucional a la sala de la Cámara de Diputados y se conformará una comisión que la estudiará.
Posteriormente esta instancia deberá sugerir al grueso de la Cámara su aprobación o rechazo, donde, dependiendo del beneplácito de los parlamentarios, deberá pasar al Senado.
