Familiares de víctimas del maremoto de febrero de 2010 solicitaron este lunes que la investigación contra tres funcionarios de la Armada sea llevada por un ministro en visita extraordinario y pase a la Justicia Naval, para así obtener penas de prisión efectiva.
La petición fue presentada al mediodía por el abogado Raúl Meza, quien representa a diez familias de Constitución, ante la Corte Naval de Valparaíso.
Esto, en relación a la investigación que lleva la fiscal Solange Huerta y por la que serán formalizados ante el Séptimo Juzgado de Garantía, el próximo 7 de mayo, el ex director del SHOA, Mariano Rojas Bustos; y dos funcionarios del organismo, el teniente primero Mario Andina Medina y el capitán de fragata Andrés Enríquez Olavarría. Todos arriesgan penas de tres años por cuasi delito de homicidio.
De acuerdo al abogado Raúl Meza, los funcionarios de la Armada no solo deben ser acusados por ese delito, sino también por incumplimiento de deberes militares.
De este modo, los querellantes pueden aspirar a condenas de cinco años y un día de prisión efectiva y evitar así que los acusados cumplan sus penas en libertad.
“No entendemos cómo han pasado dos años y la Fiscalía sigue defendiendo y asumiendo que esta causa debe seguir en la justicia penal ordinaria, no obstante que si sigue en esta línea, vamos a obtener una pena de solo tres años que va a ser en cumplimiento bajo régimen de libertad”, cuestionó Meza.
“Evidentemente, a nosotros como querellantes y representantes de las familias no nos parece justo ni razonable que, producto de lo que ocurrió el 27 de febrero, no haya una sola persona privada de libertad. En consecuencia, esperamos que esta petición sea acogida por parte de la Corte Naval de Valparaíso”, agregó.
En mayo de 2010, el abogado Raúl Meza ya había solicitado un ministro en visita ante la Corte Naval, que en esa ocasión estimó que la investigación era muy prematura y no existían ilícitos que debieran ser investigados por la Justicia Naval.
La resolución de entonces señaló, sin embargo, que si en el futuro se establecía la existencia de delitos militares, sí correspondía la designación de un ministro en visita.
De acuerdo a Meza, justamente esto es lo que ocurre ahora con los nuevos datos: “El nuevo antecedentes que vamos a acompañar es, primero, la solicitud de formalización de cargos que presentó el 10 de febrero de este año la fiscal (Solange) Huerta ante el Séptimo Juzgado de Garantía, en virtud de la cual ya está imputando el cuasi delito de homicidio a tres funcionarios de la Armada. En consecuencia, ya hay un elemento formal de imputación de delitos a funcionarios uniformados. Y segundo, el informe de la PDI, que tiene más de ocho mil fojas, establece en forma clara y exhaustiva cada una de las conductas negligentes en que habrían incurrido estos funcionarios de la Armada. Esas conductas negligentes que describe el informe de la PDI, a nuestro juicio, pasan a configurar el delito de incumplimiento de deberes militares”, explicó.
Según el abogado Raúl Meza, la solicitud de formalización de la fiscal Huerta y el informe la PDI son nuevos antecedentes que no estaban en la anterior petición y que deberían ser considerados por la Corte en esta ocasión.
Los cinco miembros de la Corte Marcial de la Armada, tres uniformados y dos civiles, deben decidir esta misma semana si acogen la petición. En caso que ésta sea rechazada, los querellantes ya advirtieron que insistirán ante la Corte Suprema.
Familiares de víctimas del maremoto de febrero de 2010 solicitaron este lunes que la investigación contra tres funcionarios de la Armada sea llevada por un ministro en visita extraordinario y pase a la Justicia Naval, para así obtener penas de prisión efectiva.
La petición fue presentada al mediodía por el abogado Raúl Meza, quien representa a diez familias de Constitución, ante la Corte Naval de Valparaíso.
Esto, en relación a la investigación que lleva la fiscal Solange Huerta y por la que serán formalizados ante el Séptimo Juzgado de Garantía, el próximo 7 de mayo, el ex director del SHOA, Mariano Rojas Bustos; y dos funcionarios del organismo, el teniente primero Mario Andina Medina y el capitán de fragata Andrés Enríquez Olavarría. Todos arriesgan penas de tres años por cuasi delito de homicidio.
De acuerdo al abogado Raúl Meza, los funcionarios de la Armada no solo deben ser acusados por ese delito, sino también por incumplimiento de deberes militares.
De este modo, los querellantes pueden aspirar a condenas de cinco años y un día de prisión efectiva y evitar así que los acusados cumplan sus penas en libertad.
“No entendemos cómo han pasado dos años y la Fiscalía sigue defendiendo y asumiendo que esta causa debe seguir en la justicia penal ordinaria, no obstante que si sigue en esta línea, vamos a obtener una pena de solo tres años que va a ser en cumplimiento bajo régimen de libertad”, cuestionó Meza.
“Evidentemente, a nosotros como querellantes y representantes de las familias no nos parece justo ni razonable que, producto de lo que ocurrió el 27 de febrero, no haya una sola persona privada de libertad. En consecuencia, esperamos que esta petición sea acogida por parte de la Corte Naval de Valparaíso”, agregó.
En mayo de 2010, el abogado Raúl Meza ya había solicitado un ministro en visita ante la Corte Naval, que en esa ocasión estimó que la investigación era muy prematura y no existían ilícitos que debieran ser investigados por la Justicia Naval.
La resolución de entonces señaló, sin embargo, que si en el futuro se establecía la existencia de delitos militares, sí correspondía la designación de un ministro en visita.
De acuerdo a Meza, justamente esto es lo que ocurre ahora con los nuevos datos: “El nuevo antecedentes que vamos a acompañar es, primero, la solicitud de formalización de cargos que presentó el 10 de febrero de este año la fiscal (Solange) Huerta ante el Séptimo Juzgado de Garantía, en virtud de la cual ya está imputando el cuasi delito de homicidio a tres funcionarios de la Armada. En consecuencia, ya hay un elemento formal de imputación de delitos a funcionarios uniformados. Y segundo, el informe de la PDI, que tiene más de ocho mil fojas, establece en forma clara y exhaustiva cada una de las conductas negligentes en que habrían incurrido estos funcionarios de la Armada. Esas conductas negligentes que describe el informe de la PDI, a nuestro juicio, pasan a configurar el delito de incumplimiento de deberes militares”, explicó.
Según el abogado Raúl Meza, la solicitud de formalización de la fiscal Huerta y el informe la PDI son nuevos antecedentes que no estaban en la anterior petición y que deberían ser considerados por la Corte en esta ocasión.
Los cinco miembros de la Corte Marcial de la Armada, tres uniformados y dos civiles, deben decidir esta misma semana si acogen la petición. En caso que ésta sea rechazada, los querellantes ya advirtieron que insistirán ante la Corte Suprema.
Familiares de víctimas del maremoto de febrero de 2010 solicitaron este lunes que la investigación contra tres funcionarios de la Armada sea llevada por un ministro en visita extraordinario y pase a la Justicia Naval, para así obtener penas de prisión efectiva.
La petición fue presentada al mediodía por el abogado Raúl Meza, quien representa a diez familias de Constitución, ante la Corte Naval de Valparaíso.
Esto, en relación a la investigación que lleva la fiscal Solange Huerta y por la que serán formalizados ante el Séptimo Juzgado de Garantía, el próximo 7 de mayo, el ex director del SHOA, Mariano Rojas Bustos; y dos funcionarios del organismo, el teniente primero Mario Andina Medina y el capitán de fragata Andrés Enríquez Olavarría. Todos arriesgan penas de tres años por cuasi delito de homicidio.
De acuerdo al abogado Raúl Meza, los funcionarios de la Armada no solo deben ser acusados por ese delito, sino también por incumplimiento de deberes militares.
De este modo, los querellantes pueden aspirar a condenas de cinco años y un día de prisión efectiva y evitar así que los acusados cumplan sus penas en libertad.
“No entendemos cómo han pasado dos años y la Fiscalía sigue defendiendo y asumiendo que esta causa debe seguir en la justicia penal ordinaria, no obstante que si sigue en esta línea, vamos a obtener una pena de solo tres años que va a ser en cumplimiento bajo régimen de libertad”, cuestionó Meza.
“Evidentemente, a nosotros como querellantes y representantes de las familias no nos parece justo ni razonable que, producto de lo que ocurrió el 27 de febrero, no haya una sola persona privada de libertad. En consecuencia, esperamos que esta petición sea acogida por parte de la Corte Naval de Valparaíso”, agregó.
En mayo de 2010, el abogado Raúl Meza ya había solicitado un ministro en visita ante la Corte Naval, que en esa ocasión estimó que la investigación era muy prematura y no existían ilícitos que debieran ser investigados por la Justicia Naval.
La resolución de entonces señaló, sin embargo, que si en el futuro se establecía la existencia de delitos militares, sí correspondía la designación de un ministro en visita.
De acuerdo a Meza, justamente esto es lo que ocurre ahora con los nuevos datos: “El nuevo antecedentes que vamos a acompañar es, primero, la solicitud de formalización de cargos que presentó el 10 de febrero de este año la fiscal (Solange) Huerta ante el Séptimo Juzgado de Garantía, en virtud de la cual ya está imputando el cuasi delito de homicidio a tres funcionarios de la Armada. En consecuencia, ya hay un elemento formal de imputación de delitos a funcionarios uniformados. Y segundo, el informe de la PDI, que tiene más de ocho mil fojas, establece en forma clara y exhaustiva cada una de las conductas negligentes en que habrían incurrido estos funcionarios de la Armada. Esas conductas negligentes que describe el informe de la PDI, a nuestro juicio, pasan a configurar el delito de incumplimiento de deberes militares”, explicó.
Según el abogado Raúl Meza, la solicitud de formalización de la fiscal Huerta y el informe la PDI son nuevos antecedentes que no estaban en la anterior petición y que deberían ser considerados por la Corte en esta ocasión.
Los cinco miembros de la Corte Marcial de la Armada, tres uniformados y dos civiles, deben decidir esta misma semana si acogen la petición. En caso que ésta sea rechazada, los querellantes ya advirtieron que insistirán ante la Corte Suprema.
