Luego de que el Gobierno anunciara hace algunas semanas, y con pompa, la “Estrategia Nacional de Energía”, la que se suponía iba a dirigir las políticas del Estado hasta el año 2030, le pregunté al profesor Roberto Román, eminente académico de la Universidad de Chile, quién hacía realmente la política energética en Chile. Su respuesta de sólo dos palabras es la más breve y lapidaria que recuerde. Dijo simplemente “las empresas”.

Devastadora afirmación, especialmente porque el tema energético está poblado de eufemismos institucionales que inducen a error a la ciudadanía. El Gobierno dice que tenemos una “Estrategia Nacional de Energía”, el ministro del ramo habla de “política energética” y, además, los proyectos son sometidos a un “sistema de evaluación ambiental”. Pero no hay tal: las decisiones energéticas las toman las empresas.

Estructuralmente, lo que sucede en Chile con la energía depende esencialmente y más bien de las señales del mercado que activan determinados proyectos en desmedro de otros. Y previamente, de un sistema que presume “evaluar” pero que en la práctica consiste en un mero trámite aprobatorio.

Por otra parte las energías renovables, cuya presencia crece en el mundo y son perfectamente viables en Chile, son obstaculizadas por las fuerzas concentradas que controlan el mercado, sin que el Estado haga nada para propiciarlas. Sigue entonces una inercia que permite la concentración y consolida fuentes energéticas como la hidroelectricidad y la termoelectricidad.

Lo llamativo es que aunque el sistema es muy favorable al inversionista, igual se colma de irregularidades, porque los titulares de los proyectos necesitan “facilitadores” en el Estado que vayan despejando el camino. Prueba de ello es que los dos proyectos más grandes, Hidroaysén y Castilla, han terminado en la Corte Suprema, institución que en la práctica está tomando las principales decisiones energéticas del país.

En este punto es que refulge la respuesta del profesor Román, al constatar que uno de quienes inclinaron la balanza en la votación dividida de Hidroaysén,  el juez Pedro Pierry, posee $100 millones de pesos de Endesa, copropietaria del proyecto. La respuesta “jurídica” del juez según la cual “no hay inhabilidad porque es legal”, contrasta con el alza de las acciones de la compañía, lo cual ha enriquecido a Pierry gracias a la decisión que él mismo tomó.

Ahora, se supo que otra de las ministras que votaron a favor, María Eugenia Sandoval, tiene un hermano vinculado con el grupo Matte, copropietario de Hidroaysén a través de Colbún. Por esto, cuatro senadores han recurrido al presidente de la Corte, Rubén Ballesteros, para que se pronuncie el Tribunal de Ética de la institución. Es decir, la situación es perfectamente legal, pero potencialmente antiética. Juzgue usted.

El conflicto de interés parece tan evidente como el que afecta al ministro de Energía, Jorge Bunster, quien vendió apresuradamente $273 millones en acciones de Copec y Enersis, dos de las empresas grandes del sector, la misma mañana en que fue nombrado en el cargo. Y tal como en el caso de Pierry, su respuesta es que “no hay inhabilidad porque es legal”.

Como podemos ver, las empresas no sólo definen la política energética sino que capturan al Estado a través de las acciones que poseen quienes deben tomar las decisiones principales. Esto se traduce en la confusión básica entre el bien común y el bien privado, y por lo tanto en decisiones que poco consideran las verdaderas necesidades del país.

Esta captura o cooptación se hace especialmente tensa en la medida que los temas energéticos se han visto cruzados por las movilizaciones sociales. Un dato de la causa es que dos ex ministros, Rodrigo Álvarez y Ricardo Rainieri, salieron de sus cargos por los coletazos de las movilizaciones en Aysén y Magallanes, respectivamente. Y que la era de las marchas masivas fue inaugurada por la movilización contra Hidroaysén, en las calles de Santiago de Chile el año pasado.

¿Qué dicen respecto a estos asuntos nuestros documentos oficiales? Que la política medioambiental del Estado de Chile se inspira en el concepto de desarrollo sustentable, el que buscaría conjugar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente. Pero la realidad es porfiada contra la letra muerta: la actual institucionalidad del Estado está para aprobar la voluntad inversora de las empresas, dejando la protección del medioambiente y la calidad de vida de las personas en un plano secundario.

En conclusión, más allá de los nombres y los procedimientos administrativos, vivimos en un país sin política, estrategia ni sistema de evaluación ambiental reales. El Estado ha sido capturado y el profesor Román tiene razón: las decisiones energéticas las toman las empresas, sin perjuicio de que sea un funcionario público el que las rubrica con su firma.