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Proyecto que regula etiquetado de los alimentos a un paso de convertirse en ley

Mientras la iniciativa se tramita en el Parlamento, expertos en nutrición y organizaciones de consumidores valoran el avance pero advierten que aún hay mucho por hacer en este tema. De acuerdo a los especialistas, la normativa tiene que traducirse en cambios de conducta, "porque es lo único que sirve".

Macarena Scheuch

  Miércoles 11 de abril 2012 13:08 hrs. 
Kioskos de Golosinas Instituto Nacional

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El martes la Sala del Senado aprobó, por 29 votos a favor y una abstención, el veto presidencial al proyecto de ley sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad. La norma, que estuvo paralizada un año, debe ser revisada ahora por la Cámara para su discusión y votación.

Según el ministro de Salud, Jaime Mañalich, la llamada ley de “Etiquetado de los Alimentos” busca establecer normas que permitan una información clara y comprensible para el consumidor sobre el contenido de los productos, con el fin de orientarlo en la toma de decisiones.

El texto obliga a rotular los alimentos como “altos en” calorías, grasas, azúcares y sal, lo que debe ser fácilmente reconocible por las personas y detallar el contenido nutricional y aditivos de los productos envasados.

El proyecto prohíbe la venta de estos productos “altos en”, potencialmente dañinos para la salud, así como su publicidad al interior de los establecimientos educacionales y además prohíbe la entrega de regalos o “ganchos comerciales”, como juguetes, juegos o premios, a menores de 14 años.

Adicionalmente, la iniciativa faculta a las seremis de Salud para fiscalizar y multar los incumplimientos de esta norma, que entrega un año de plazo a la industria para que la implementen.

La doctora Magdalena Araya, directora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, valoró la importancia de esta ley asegurando que la experiencia mundial indica que cualquier iniciativa aislada de alguno de los grupos involucrados en este tema, es decir, academia, empresa y gobiernos, no obtiene buenos resultados.

En este sentido, la académica del INTA señaló que la única manera de abordar el tema de forma exitosa es que todos los actores se involucren y eso implica hacer leyes que favorezcan los alimentos saludables.

Magdalena Araya advirtió, sin embargo, que la legislación tiene que traducirse en un cambio efectivo en la conducta de las personas: “Buena parte de la educación ha pasado los mensajes a la población. Cuando uno hace preguntas concretas sobre nutrición, muchas veces hay un porcentaje importante de la población que responde correctamente. Sin embargo, eso no se traduce en una conducta apropiada, sino que siguen teniendo la conducta inapropiada que favorece la enfermedad. De manera que en este momento habrá que evaluar la implementación de la ley, es un proyecto de largo plazo. Hay que evaluar si se entendió la ley, cómo se van a decir los mensajes y si la población lo entiende. Después hay que ir evaluando cómo se traduce eso en cambios de conducta, no en cambios de conocimiento, porque eso es lo único que sirve”, explicó.

Respecto de los niños, Magdalena Araya sostuvo que su alimentación es crucial porque el porcentaje de obesidad y sobrepeso sigue creciendo y añadió que las empresas debieran potenciar sus productos más saludables y modificar los más dañinos.

Por su parte, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, señaló que la ley “es un pequeño avance”.

“Si bien no se logró el 100 por ciento de lo que manifestamos hace algunos años, que debiera incorporarse el semáforo de los alimentos, y esta ley salió con bastante discusión, creo que en el fondo va a ser otro pequeño avance. Espero que en el futuro podamos hacer reformas más profundas para que vayamos señalando claramente cuáles son los alimentos saludables, los no saludables y los medianamente saludables”, dijo.

Para Calderón, los consumidores seguirán enfrentados a rotulados que no se ajustan a la realidad y a la inexistencia de un organismo que fiscalice en forma efectiva.

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