El abogado Roberto Ávila Toledo presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago que pretende anular el decreto con el que senadores aumentaron en dos millones de pesos las asignaciones para supuestos gastos operacionales.
El jurista sostuvo que la medida se basa en el derecho a la propiedad, garantizado en la Constitución en el artículo 19° número 24, que en este caso es fiscal y que “se está viendo afectada por los actos de auto asignación de cuantiosos recursos por parte del Senado”, afirmó.
Ávila señaló que el recurso de protección es viable debido a la falta de sustento práctico que tiene la disposición dictaminada por los senadores.
“Si eso, jurídicamente es posible de hacer por la Corte, porque ese acto administrativo carece de motivación suficiente, no hay nuevas necesidades que cubrir y carece también de legalidad. Los parlamentarios haciendo uso de su mandato, no en beneficio de sus mandantes, sino en beneficio propio. No hay razones que justifique ese aumento de ingresos”, explico el abogado.
El jurista puso en duda, además, el argumento esgrimido por el Senado, que los recursos son para gastos operacionales, y deslindó la hipótesis del denominado “autobombo”, es decir, la difusión de su imagen con fines electorales.
“Dicen que lo van a gastar para la difusión de las actividades en terreno, eso tiene una sola traducción en buen chileno, el autobombo, pero eso siempre en nuestra historia política republicana se pagó por parte de quien se beneficiaba del autobombo. No hay razón alguna para que la difusión de la imagen de los parlamentarios, que sólo satisface su ego o sus necesidades electorales sea pagada por todos los chilenos”, afirmó Roberto Ávila.
Consultados sobre estas asignaciones, los senadores Mariano Ruiz-Esquide y Alberto Espina declinaron referirse al tema, aludiendo que era materia cerrada.
Mientras que los parlamentarios Jorge Pizarro y Víctor Pérez señalaron que el Senado no revertirá la medida ya que fue decisión del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, respetando todos los marcos constitucionales.
El abogado Roberto Ávila Toledo presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago que pretende anular el decreto con el que senadores aumentaron en dos millones de pesos las asignaciones para supuestos gastos operacionales.
El jurista sostuvo que la medida se basa en el derecho a la propiedad, garantizado en la Constitución en el artículo 19° número 24, que en este caso es fiscal y que “se está viendo afectada por los actos de auto asignación de cuantiosos recursos por parte del Senado”, afirmó.
Ávila señaló que el recurso de protección es viable debido a la falta de sustento práctico que tiene la disposición dictaminada por los senadores.
“Si eso, jurídicamente es posible de hacer por la Corte, porque ese acto administrativo carece de motivación suficiente, no hay nuevas necesidades que cubrir y carece también de legalidad. Los parlamentarios haciendo uso de su mandato, no en beneficio de sus mandantes, sino en beneficio propio. No hay razones que justifique ese aumento de ingresos”, explico el abogado.
El jurista puso en duda, además, el argumento esgrimido por el Senado, que los recursos son para gastos operacionales, y deslindó la hipótesis del denominado “autobombo”, es decir, la difusión de su imagen con fines electorales.
“Dicen que lo van a gastar para la difusión de las actividades en terreno, eso tiene una sola traducción en buen chileno, el autobombo, pero eso siempre en nuestra historia política republicana se pagó por parte de quien se beneficiaba del autobombo. No hay razón alguna para que la difusión de la imagen de los parlamentarios, que sólo satisface su ego o sus necesidades electorales sea pagada por todos los chilenos”, afirmó Roberto Ávila.
Consultados sobre estas asignaciones, los senadores Mariano Ruiz-Esquide y Alberto Espina declinaron referirse al tema, aludiendo que era materia cerrada.
Mientras que los parlamentarios Jorge Pizarro y Víctor Pérez señalaron que el Senado no revertirá la medida ya que fue decisión del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, respetando todos los marcos constitucionales.
El abogado Roberto Ávila Toledo presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago que pretende anular el decreto con el que senadores aumentaron en dos millones de pesos las asignaciones para supuestos gastos operacionales.
El jurista sostuvo que la medida se basa en el derecho a la propiedad, garantizado en la Constitución en el artículo 19° número 24, que en este caso es fiscal y que “se está viendo afectada por los actos de auto asignación de cuantiosos recursos por parte del Senado”, afirmó.
Ávila señaló que el recurso de protección es viable debido a la falta de sustento práctico que tiene la disposición dictaminada por los senadores.
“Si eso, jurídicamente es posible de hacer por la Corte, porque ese acto administrativo carece de motivación suficiente, no hay nuevas necesidades que cubrir y carece también de legalidad. Los parlamentarios haciendo uso de su mandato, no en beneficio de sus mandantes, sino en beneficio propio. No hay razones que justifique ese aumento de ingresos”, explico el abogado.
El jurista puso en duda, además, el argumento esgrimido por el Senado, que los recursos son para gastos operacionales, y deslindó la hipótesis del denominado “autobombo”, es decir, la difusión de su imagen con fines electorales.
“Dicen que lo van a gastar para la difusión de las actividades en terreno, eso tiene una sola traducción en buen chileno, el autobombo, pero eso siempre en nuestra historia política republicana se pagó por parte de quien se beneficiaba del autobombo. No hay razón alguna para que la difusión de la imagen de los parlamentarios, que sólo satisface su ego o sus necesidades electorales sea pagada por todos los chilenos”, afirmó Roberto Ávila.
Consultados sobre estas asignaciones, los senadores Mariano Ruiz-Esquide y Alberto Espina declinaron referirse al tema, aludiendo que era materia cerrada.
Mientras que los parlamentarios Jorge Pizarro y Víctor Pérez señalaron que el Senado no revertirá la medida ya que fue decisión del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, respetando todos los marcos constitucionales.
