La Contraloría General de la República indicó que la Universidad de Chile está facultada para iniciar sumarios y determinar sanciones en contra de académicos y estudiantes que participaron de las movilizaciones estudiantiles.
Esto, a través de un dictamen en respuesta a un requerimiento del decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), Manuel Agosín, quien pidió un pronunciamiento sobre la legalidad de la adhesión de los profesores a las paralizaciones. Agosín afirma en su solicitud que esto estaría prohibido por la normativa legal.
La respuesta del Contralor Ramiro Mendoza señala que los docentes de la Universidad de Chile tienen la calidad de empleados públicos y se rigen por sus estatutos. De este modo, cita el artículo 19 de la Constitución, que señala que “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado, calidad que revisten los referidos empleados”.
La Contraloría indica que los funcionarios públicos tienen prohibido “dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos del Estado”.
En esa línea, el organismo agrega que los docentes no pueden recibir remuneraciones por el tiempo no trabajado y que el valor de éstas les puede ser descontado.
Finalmente, el dictamen señala que el mismo decano de FEN tiene potestad para determinar la responsabilidad de los funcionarios y aplicar sanciones.
Asimismo, el vicerrector de Asuntos Académicos y los mismos decanos y directores de facultades e institutos pueden aplicar sanciones siempre que garanticen el derecho a la defensa y el debido proceso.
La Facultad de Economía y Negocios respondió a través de un comunicado que el requerimiento del decano se relaciona “con sus responsabilidades legales como jefe de servicio ante los eventos del año pasado y por todos conocidos”.
“Las autoridades no tienen ni han tenido la intención de sumariar a ningún estudiante, funcionario o académico”, agregó.
La declaración añade que “las autoridades consideran que los estudiantes, funcionarios y académicos de la Universidad de Chile tienen el derecho a ser partícipes de las discusiones, debates y procesos públicos de nuestro país, dentro y fuera del campus, siempre que esto se haga en un marco de respeto, civilidad, compromiso con la razón y de acuerdo a los más altos estándares de ciudadanía universitaria”.
Asimismo, lamenta que un medio de comunicación “difunda con publicidad una interpretación de hechos que claramente busca vulnerar y desacreditar a la Universidad de Chile y su compromiso con la educación pública de calidad y los derechos civiles”.
La Contraloría General de la República indicó que la Universidad de Chile está facultada para iniciar sumarios y determinar sanciones en contra de académicos y estudiantes que participaron de las movilizaciones estudiantiles.
Esto, a través de un dictamen en respuesta a un requerimiento del decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), Manuel Agosín, quien pidió un pronunciamiento sobre la legalidad de la adhesión de los profesores a las paralizaciones. Agosín afirma en su solicitud que esto estaría prohibido por la normativa legal.
La respuesta del Contralor Ramiro Mendoza señala que los docentes de la Universidad de Chile tienen la calidad de empleados públicos y se rigen por sus estatutos. De este modo, cita el artículo 19 de la Constitución, que señala que “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado, calidad que revisten los referidos empleados”.
La Contraloría indica que los funcionarios públicos tienen prohibido “dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos del Estado”.
En esa línea, el organismo agrega que los docentes no pueden recibir remuneraciones por el tiempo no trabajado y que el valor de éstas les puede ser descontado.
Finalmente, el dictamen señala que el mismo decano de FEN tiene potestad para determinar la responsabilidad de los funcionarios y aplicar sanciones.
Asimismo, el vicerrector de Asuntos Académicos y los mismos decanos y directores de facultades e institutos pueden aplicar sanciones siempre que garanticen el derecho a la defensa y el debido proceso.
La Facultad de Economía y Negocios respondió a través de un comunicado que el requerimiento del decano se relaciona “con sus responsabilidades legales como jefe de servicio ante los eventos del año pasado y por todos conocidos”.
“Las autoridades no tienen ni han tenido la intención de sumariar a ningún estudiante, funcionario o académico”, agregó.
La declaración añade que “las autoridades consideran que los estudiantes, funcionarios y académicos de la Universidad de Chile tienen el derecho a ser partícipes de las discusiones, debates y procesos públicos de nuestro país, dentro y fuera del campus, siempre que esto se haga en un marco de respeto, civilidad, compromiso con la razón y de acuerdo a los más altos estándares de ciudadanía universitaria”.
Asimismo, lamenta que un medio de comunicación “difunda con publicidad una interpretación de hechos que claramente busca vulnerar y desacreditar a la Universidad de Chile y su compromiso con la educación pública de calidad y los derechos civiles”.
La Contraloría General de la República indicó que la Universidad de Chile está facultada para iniciar sumarios y determinar sanciones en contra de académicos y estudiantes que participaron de las movilizaciones estudiantiles.
Esto, a través de un dictamen en respuesta a un requerimiento del decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), Manuel Agosín, quien pidió un pronunciamiento sobre la legalidad de la adhesión de los profesores a las paralizaciones. Agosín afirma en su solicitud que esto estaría prohibido por la normativa legal.
La respuesta del Contralor Ramiro Mendoza señala que los docentes de la Universidad de Chile tienen la calidad de empleados públicos y se rigen por sus estatutos. De este modo, cita el artículo 19 de la Constitución, que señala que “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado, calidad que revisten los referidos empleados”.
La Contraloría indica que los funcionarios públicos tienen prohibido “dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos del Estado”.
En esa línea, el organismo agrega que los docentes no pueden recibir remuneraciones por el tiempo no trabajado y que el valor de éstas les puede ser descontado.
Finalmente, el dictamen señala que el mismo decano de FEN tiene potestad para determinar la responsabilidad de los funcionarios y aplicar sanciones.
Asimismo, el vicerrector de Asuntos Académicos y los mismos decanos y directores de facultades e institutos pueden aplicar sanciones siempre que garanticen el derecho a la defensa y el debido proceso.
La Facultad de Economía y Negocios respondió a través de un comunicado que el requerimiento del decano se relaciona “con sus responsabilidades legales como jefe de servicio ante los eventos del año pasado y por todos conocidos”.
“Las autoridades no tienen ni han tenido la intención de sumariar a ningún estudiante, funcionario o académico”, agregó.
La declaración añade que “las autoridades consideran que los estudiantes, funcionarios y académicos de la Universidad de Chile tienen el derecho a ser partícipes de las discusiones, debates y procesos públicos de nuestro país, dentro y fuera del campus, siempre que esto se haga en un marco de respeto, civilidad, compromiso con la razón y de acuerdo a los más altos estándares de ciudadanía universitaria”.
Asimismo, lamenta que un medio de comunicación “difunda con publicidad una interpretación de hechos que claramente busca vulnerar y desacreditar a la Universidad de Chile y su compromiso con la educación pública de calidad y los derechos civiles”.
