Después de un año de movilizaciones de parte de los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público, el gobierno se comprometió a enviar una propuesta de fortalecimiento del organismo, para lo que formó una comisión técnica, la que entregará sus resultados el próximo lunes 30 de abril.
A días de esta entrega, la Asociación Nacional de Fiscales realizó una asamblea extraordinaria, la que concluyó movilizarse si el documento no contempla una propuesta de carrera funcionaria en los términos de lo que lo habían conversado el año pasado.
Esto busca evitar que siga la fuga de fiscales, ya que desde el 2006, con la reforma procesal penal plenamente funcionando, han renunciado 150 persecutores. Al instaurarse la reforma se les prometió que tendrían un sueldo similar a jueces, lo que por temas presupuestarios no se respetó y se crearon distintos grados.
Según el tesorero general de la Asociación, Mario Carrera, la situación se ha agravado con el paso del tiempo y añadió que “luego de eso, en las discusiones del año pasado, nosotros estuvimos dispuestos a renunciar a esa demanda histórica de homologación, a cambio de una carrera funcionaria y que en esa carrera si se diera la oportunidad que un fiscal que ingresara tuviera la perspectiva de poder crecer dentro de la institución. Hoy un fiscal que ingresa con un grado determinado puede pasar los 30 años dentro de la institución y salir exactamente en el mismo grado en el momento de su jubilación, lo que obviamente no se condice con las necesidades profesionales de un fiscal y por eso hay tantas renuncias”.
Carrera añadió que hoy los fiscales sólo pueden avanzar si un fiscal en un grado superior renuncia, jubila, es expulsado de la institución o fallece. “Los jóvenes no tienen ninguna posibilidad de crecer por eso es que renuncian y se pierden grandes talentos. Además, se pierde mucho en capacitación. Y lo que es más extraño, los capacitamos para que después se enfrenten a nosotros mismos”, afirmó.
Esto sin contar que día a día se ven sobrepasados por el número de causas, las que hoy son más del doble de las que se consideraron al diseñar el sistema. Esta situación también afecta a los funcionarios, los que también expresaron su molestia.
Por su lado, el dirigente de la Federación Nacional del Ministerio Público, Gonzalo Gómez, dijo “hay mucho descontento de parte de la federación tanto con el Fiscal Nacional como con el Gobierno, porque no se nos ha incluido en ninguna mesa técnica, que discuta realmente la cantidad de funcionarios que van a llegar a la institución. Nosotros nos respaldamos en el estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde determinó que faltan más de mil empleados entre fiscales y funcionarios, pero el Gobierno está dispuesto a dar 400 y al sacar la cuenta sería 1 funcionario y medio por Fiscalía, mientras que el aumento de la delincuencia crece entre el 11 y 15 por ciento en el año”.
Y esta misma semana los funcionarios se reúnen para analizar la situación y decidir si van apoyar las demandas, formando una unidad como trabajadores del Ministerio Público. Mientras los fiscales también evalúan hacer causa común con otros actores ligados al área de la justicia como Gendarmería, el Servicio Médico Legal (SML) o el Sename, para crear un frente común para exigir que se respeten disposiciones previamente acordadas.
Después de un año de movilizaciones de parte de los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público, el gobierno se comprometió a enviar una propuesta de fortalecimiento del organismo, para lo que formó una comisión técnica, la que entregará sus resultados el próximo lunes 30 de abril.
A días de esta entrega, la Asociación Nacional de Fiscales realizó una asamblea extraordinaria, la que concluyó movilizarse si el documento no contempla una propuesta de carrera funcionaria en los términos de lo que lo habían conversado el año pasado.
Esto busca evitar que siga la fuga de fiscales, ya que desde el 2006, con la reforma procesal penal plenamente funcionando, han renunciado 150 persecutores. Al instaurarse la reforma se les prometió que tendrían un sueldo similar a jueces, lo que por temas presupuestarios no se respetó y se crearon distintos grados.
Según el tesorero general de la Asociación, Mario Carrera, la situación se ha agravado con el paso del tiempo y añadió que “luego de eso, en las discusiones del año pasado, nosotros estuvimos dispuestos a renunciar a esa demanda histórica de homologación, a cambio de una carrera funcionaria y que en esa carrera si se diera la oportunidad que un fiscal que ingresara tuviera la perspectiva de poder crecer dentro de la institución. Hoy un fiscal que ingresa con un grado determinado puede pasar los 30 años dentro de la institución y salir exactamente en el mismo grado en el momento de su jubilación, lo que obviamente no se condice con las necesidades profesionales de un fiscal y por eso hay tantas renuncias”.
Carrera añadió que hoy los fiscales sólo pueden avanzar si un fiscal en un grado superior renuncia, jubila, es expulsado de la institución o fallece. “Los jóvenes no tienen ninguna posibilidad de crecer por eso es que renuncian y se pierden grandes talentos. Además, se pierde mucho en capacitación. Y lo que es más extraño, los capacitamos para que después se enfrenten a nosotros mismos”, afirmó.
Esto sin contar que día a día se ven sobrepasados por el número de causas, las que hoy son más del doble de las que se consideraron al diseñar el sistema. Esta situación también afecta a los funcionarios, los que también expresaron su molestia.
Por su lado, el dirigente de la Federación Nacional del Ministerio Público, Gonzalo Gómez, dijo “hay mucho descontento de parte de la federación tanto con el Fiscal Nacional como con el Gobierno, porque no se nos ha incluido en ninguna mesa técnica, que discuta realmente la cantidad de funcionarios que van a llegar a la institución. Nosotros nos respaldamos en el estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde determinó que faltan más de mil empleados entre fiscales y funcionarios, pero el Gobierno está dispuesto a dar 400 y al sacar la cuenta sería 1 funcionario y medio por Fiscalía, mientras que el aumento de la delincuencia crece entre el 11 y 15 por ciento en el año”.
Y esta misma semana los funcionarios se reúnen para analizar la situación y decidir si van apoyar las demandas, formando una unidad como trabajadores del Ministerio Público. Mientras los fiscales también evalúan hacer causa común con otros actores ligados al área de la justicia como Gendarmería, el Servicio Médico Legal (SML) o el Sename, para crear un frente común para exigir que se respeten disposiciones previamente acordadas.
Después de un año de movilizaciones de parte de los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público, el gobierno se comprometió a enviar una propuesta de fortalecimiento del organismo, para lo que formó una comisión técnica, la que entregará sus resultados el próximo lunes 30 de abril.
A días de esta entrega, la Asociación Nacional de Fiscales realizó una asamblea extraordinaria, la que concluyó movilizarse si el documento no contempla una propuesta de carrera funcionaria en los términos de lo que lo habían conversado el año pasado.
Esto busca evitar que siga la fuga de fiscales, ya que desde el 2006, con la reforma procesal penal plenamente funcionando, han renunciado 150 persecutores. Al instaurarse la reforma se les prometió que tendrían un sueldo similar a jueces, lo que por temas presupuestarios no se respetó y se crearon distintos grados.
Según el tesorero general de la Asociación, Mario Carrera, la situación se ha agravado con el paso del tiempo y añadió que “luego de eso, en las discusiones del año pasado, nosotros estuvimos dispuestos a renunciar a esa demanda histórica de homologación, a cambio de una carrera funcionaria y que en esa carrera si se diera la oportunidad que un fiscal que ingresara tuviera la perspectiva de poder crecer dentro de la institución. Hoy un fiscal que ingresa con un grado determinado puede pasar los 30 años dentro de la institución y salir exactamente en el mismo grado en el momento de su jubilación, lo que obviamente no se condice con las necesidades profesionales de un fiscal y por eso hay tantas renuncias”.
Carrera añadió que hoy los fiscales sólo pueden avanzar si un fiscal en un grado superior renuncia, jubila, es expulsado de la institución o fallece. “Los jóvenes no tienen ninguna posibilidad de crecer por eso es que renuncian y se pierden grandes talentos. Además, se pierde mucho en capacitación. Y lo que es más extraño, los capacitamos para que después se enfrenten a nosotros mismos”, afirmó.
Esto sin contar que día a día se ven sobrepasados por el número de causas, las que hoy son más del doble de las que se consideraron al diseñar el sistema. Esta situación también afecta a los funcionarios, los que también expresaron su molestia.
Por su lado, el dirigente de la Federación Nacional del Ministerio Público, Gonzalo Gómez, dijo “hay mucho descontento de parte de la federación tanto con el Fiscal Nacional como con el Gobierno, porque no se nos ha incluido en ninguna mesa técnica, que discuta realmente la cantidad de funcionarios que van a llegar a la institución. Nosotros nos respaldamos en el estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde determinó que faltan más de mil empleados entre fiscales y funcionarios, pero el Gobierno está dispuesto a dar 400 y al sacar la cuenta sería 1 funcionario y medio por Fiscalía, mientras que el aumento de la delincuencia crece entre el 11 y 15 por ciento en el año”.
Y esta misma semana los funcionarios se reúnen para analizar la situación y decidir si van apoyar las demandas, formando una unidad como trabajadores del Ministerio Público. Mientras los fiscales también evalúan hacer causa común con otros actores ligados al área de la justicia como Gendarmería, el Servicio Médico Legal (SML) o el Sename, para crear un frente común para exigir que se respeten disposiciones previamente acordadas.
