Hoy pasarán a control de detención 18 personas – funcionarios municipales y empresarios de Arica – imputadas por los delitos de cohecho, negociación incompatible, falsificación instrumental, lavado de activos y asociación ilícita, que se habrían producido en la ejecución de algunos proyectos en los que se habría vulnerado las reglas de contratación o fiscalización.
A primeras horas de esta mañana, la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Santiago (PDI) detuvo a los concejales, María Teresa Becerra (RN), Eloy Zapata (PRSD) y Elena Díaz (PC), quienes quedaron a disposición de tribunales junto al alcalde inhabilitado, Waldo Sankán, y los concejales, Marcela Palza (ex DC), Javier Araya (PRSD) y Patricia Fernández (PPD), que habían sido apresados este lunes.
También fueron llevados a la justicia los funcionarios del municipio identificados como Eduardo Cadima, Nixon Hip, Fernando Vargas, Arnaldo Salas, Rodolfo Hernández, Gerardo Guajardo, Héctor Arancibia y Enrique Orellana, además de los empresarios locales, Ruperto Ojeda, Rodrigo Ortiz y Jorge Frías.
Dentro de los ilícitos que se están indagando – en un procedimiento que ya se extiende por cinco años – se incluye contratos en proyectos como el Parque Acuático, iniciativa que aún no se ha construido; la adquisición de tachos o contenedores de basura y la administración del vertedero municipal, por montos que superarían los mil millones de pesos en defraudación.
Durante la jornada de ayer, la Fiscalía encabezó un allanamiento al edificio municipal donde se incautaron documentos relacionados con los contratos, decretos de pago y las facturas de los ejecutores de los convenios.
En la instancia, el fiscal regional, Jorge Valladares, precisó que “esta es sólo una primera etapa y no descartamos que en lo sucesivo – conforme al curso de la investigaciones – podamos tener más procedimientos relacionados con estas materias y, por lo tanto, que más personas puedan estar relacionadas”
El jurista añadió que la idea de la Fiscalía es que luego del control de detención se realice la formalización de los involucrados en este asunto.
Recurso de amparo
En tanto, la Defensoría Penal Pública de Arica presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones por eventuales arbitrariedades en la detención de algunos concejales.
“En este caso nos preocupa que una investigación legítima conlleve procedimientos que no cautelen las garantías constitucionales que cualquier persona posee. Nadie se opone a que se indague sobre presuntos delitos pero cualquier ciudadano, sea autoridad o no, debe ser respetado y la policía debe cumplir su deber sin transgredir ni las leyes chilenas ni los tratados internacionales”, puntualizó Claudio Gálvez, defensor regional.
En esa línea, Gálvez agregó que “el mismo reglamento interno de la PDI, relativo a estos procedimientos, tiene normas que no observan las obligaciones que Chile debe cumplir ante tratados internacionales y normas chilenas como el Código Procesal Penal, lo cual debe ser subsanado”.
Hoy pasarán a control de detención 18 personas – funcionarios municipales y empresarios de Arica – imputadas por los delitos de cohecho, negociación incompatible, falsificación instrumental, lavado de activos y asociación ilícita, que se habrían producido en la ejecución de algunos proyectos en los que se habría vulnerado las reglas de contratación o fiscalización.
A primeras horas de esta mañana, la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Santiago (PDI) detuvo a los concejales, María Teresa Becerra (RN), Eloy Zapata (PRSD) y Elena Díaz (PC), quienes quedaron a disposición de tribunales junto al alcalde inhabilitado, Waldo Sankán, y los concejales, Marcela Palza (ex DC), Javier Araya (PRSD) y Patricia Fernández (PPD), que habían sido apresados este lunes.
También fueron llevados a la justicia los funcionarios del municipio identificados como Eduardo Cadima, Nixon Hip, Fernando Vargas, Arnaldo Salas, Rodolfo Hernández, Gerardo Guajardo, Héctor Arancibia y Enrique Orellana, además de los empresarios locales, Ruperto Ojeda, Rodrigo Ortiz y Jorge Frías.
Dentro de los ilícitos que se están indagando – en un procedimiento que ya se extiende por cinco años – se incluye contratos en proyectos como el Parque Acuático, iniciativa que aún no se ha construido; la adquisición de tachos o contenedores de basura y la administración del vertedero municipal, por montos que superarían los mil millones de pesos en defraudación.
Durante la jornada de ayer, la Fiscalía encabezó un allanamiento al edificio municipal donde se incautaron documentos relacionados con los contratos, decretos de pago y las facturas de los ejecutores de los convenios.
En la instancia, el fiscal regional, Jorge Valladares, precisó que “esta es sólo una primera etapa y no descartamos que en lo sucesivo – conforme al curso de la investigaciones – podamos tener más procedimientos relacionados con estas materias y, por lo tanto, que más personas puedan estar relacionadas”
El jurista añadió que la idea de la Fiscalía es que luego del control de detención se realice la formalización de los involucrados en este asunto.
Recurso de amparo
En tanto, la Defensoría Penal Pública de Arica presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones por eventuales arbitrariedades en la detención de algunos concejales.
“En este caso nos preocupa que una investigación legítima conlleve procedimientos que no cautelen las garantías constitucionales que cualquier persona posee. Nadie se opone a que se indague sobre presuntos delitos pero cualquier ciudadano, sea autoridad o no, debe ser respetado y la policía debe cumplir su deber sin transgredir ni las leyes chilenas ni los tratados internacionales”, puntualizó Claudio Gálvez, defensor regional.
En esa línea, Gálvez agregó que “el mismo reglamento interno de la PDI, relativo a estos procedimientos, tiene normas que no observan las obligaciones que Chile debe cumplir ante tratados internacionales y normas chilenas como el Código Procesal Penal, lo cual debe ser subsanado”.
Hoy pasarán a control de detención 18 personas – funcionarios municipales y empresarios de Arica – imputadas por los delitos de cohecho, negociación incompatible, falsificación instrumental, lavado de activos y asociación ilícita, que se habrían producido en la ejecución de algunos proyectos en los que se habría vulnerado las reglas de contratación o fiscalización.
A primeras horas de esta mañana, la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Santiago (PDI) detuvo a los concejales, María Teresa Becerra (RN), Eloy Zapata (PRSD) y Elena Díaz (PC), quienes quedaron a disposición de tribunales junto al alcalde inhabilitado, Waldo Sankán, y los concejales, Marcela Palza (ex DC), Javier Araya (PRSD) y Patricia Fernández (PPD), que habían sido apresados este lunes.
También fueron llevados a la justicia los funcionarios del municipio identificados como Eduardo Cadima, Nixon Hip, Fernando Vargas, Arnaldo Salas, Rodolfo Hernández, Gerardo Guajardo, Héctor Arancibia y Enrique Orellana, además de los empresarios locales, Ruperto Ojeda, Rodrigo Ortiz y Jorge Frías.
Dentro de los ilícitos que se están indagando – en un procedimiento que ya se extiende por cinco años – se incluye contratos en proyectos como el Parque Acuático, iniciativa que aún no se ha construido; la adquisición de tachos o contenedores de basura y la administración del vertedero municipal, por montos que superarían los mil millones de pesos en defraudación.
Durante la jornada de ayer, la Fiscalía encabezó un allanamiento al edificio municipal donde se incautaron documentos relacionados con los contratos, decretos de pago y las facturas de los ejecutores de los convenios.
En la instancia, el fiscal regional, Jorge Valladares, precisó que “esta es sólo una primera etapa y no descartamos que en lo sucesivo – conforme al curso de la investigaciones – podamos tener más procedimientos relacionados con estas materias y, por lo tanto, que más personas puedan estar relacionadas”
El jurista añadió que la idea de la Fiscalía es que luego del control de detención se realice la formalización de los involucrados en este asunto.
Recurso de amparo
En tanto, la Defensoría Penal Pública de Arica presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones por eventuales arbitrariedades en la detención de algunos concejales.
“En este caso nos preocupa que una investigación legítima conlleve procedimientos que no cautelen las garantías constitucionales que cualquier persona posee. Nadie se opone a que se indague sobre presuntos delitos pero cualquier ciudadano, sea autoridad o no, debe ser respetado y la policía debe cumplir su deber sin transgredir ni las leyes chilenas ni los tratados internacionales”, puntualizó Claudio Gálvez, defensor regional.
En esa línea, Gálvez agregó que “el mismo reglamento interno de la PDI, relativo a estos procedimientos, tiene normas que no observan las obligaciones que Chile debe cumplir ante tratados internacionales y normas chilenas como el Código Procesal Penal, lo cual debe ser subsanado”.
