La Corte Suprema rechazó un recurso de protección interpuesto por los diputados Enrique Accorsi, Jorge Tarud y los presidentes de los centros de alumnos de liceo José Victorino Lastarria y Carmela Carvajal, en contra del alcalde Providencia, Cristián Labbé, por las medidas que anunció en septiembre de 2011en medio de las movilizaciones estudiantiles.
El dictamen resolvió que el alcalde no actuó irregularmente cuando decretó el cierre del año escolar en Providencia, la no renovación de matrículas a alumnos que participaban de las manifestaciones y el cierre de cupos a estudiantes que no fueran de la comuna.
“No se vislumbra la existencia de actos ilegales o arbitrarios que signifiquen efectiva privación, turbación ni amenaza concreta al legítimo ejercicio de los derechos invocados por los recurrentes, habiéndose superado ya, en la forma dicha, el conflicto derivado de las movilizaciones estudiantiles y de la ocupación de los establecimientos respectivos por los educandos movilizados”, fue el argumento esgrimido por la Tercera Sala del máximo tribunal.
Al respecto el diputado Tarud afirmó que el recurso de protección tuvo un valor disuasivo ya que “el rechazo se debe fundamentalmente a que el alcalde Labbé no llevó a cabo las amenazas de no matricular a estudiantes que no fueran de la comuna de Providencia, porque de lo contrario estaría infringiendo la Constitución Política del Estado y las leyes”.
El recurso de protección había sido interpuesto por “amenazas a las garantías constitucionales de derecho a la educación, de igualdad ante la ley, e integridad física y síquica” en contra de los alumnos del liceo Lastarria y Carmela Carvajal; y la Suprema ya había fallado a favor de Labbé el 9 de marzo.
La Corte Suprema rechazó un recurso de protección interpuesto por los diputados Enrique Accorsi, Jorge Tarud y los presidentes de los centros de alumnos de liceo José Victorino Lastarria y Carmela Carvajal, en contra del alcalde Providencia, Cristián Labbé, por las medidas que anunció en septiembre de 2011en medio de las movilizaciones estudiantiles.
El dictamen resolvió que el alcalde no actuó irregularmente cuando decretó el cierre del año escolar en Providencia, la no renovación de matrículas a alumnos que participaban de las manifestaciones y el cierre de cupos a estudiantes que no fueran de la comuna.
“No se vislumbra la existencia de actos ilegales o arbitrarios que signifiquen efectiva privación, turbación ni amenaza concreta al legítimo ejercicio de los derechos invocados por los recurrentes, habiéndose superado ya, en la forma dicha, el conflicto derivado de las movilizaciones estudiantiles y de la ocupación de los establecimientos respectivos por los educandos movilizados”, fue el argumento esgrimido por la Tercera Sala del máximo tribunal.
Al respecto el diputado Tarud afirmó que el recurso de protección tuvo un valor disuasivo ya que “el rechazo se debe fundamentalmente a que el alcalde Labbé no llevó a cabo las amenazas de no matricular a estudiantes que no fueran de la comuna de Providencia, porque de lo contrario estaría infringiendo la Constitución Política del Estado y las leyes”.
El recurso de protección había sido interpuesto por “amenazas a las garantías constitucionales de derecho a la educación, de igualdad ante la ley, e integridad física y síquica” en contra de los alumnos del liceo Lastarria y Carmela Carvajal; y la Suprema ya había fallado a favor de Labbé el 9 de marzo.
La Corte Suprema rechazó un recurso de protección interpuesto por los diputados Enrique Accorsi, Jorge Tarud y los presidentes de los centros de alumnos de liceo José Victorino Lastarria y Carmela Carvajal, en contra del alcalde Providencia, Cristián Labbé, por las medidas que anunció en septiembre de 2011en medio de las movilizaciones estudiantiles.
El dictamen resolvió que el alcalde no actuó irregularmente cuando decretó el cierre del año escolar en Providencia, la no renovación de matrículas a alumnos que participaban de las manifestaciones y el cierre de cupos a estudiantes que no fueran de la comuna.
“No se vislumbra la existencia de actos ilegales o arbitrarios que signifiquen efectiva privación, turbación ni amenaza concreta al legítimo ejercicio de los derechos invocados por los recurrentes, habiéndose superado ya, en la forma dicha, el conflicto derivado de las movilizaciones estudiantiles y de la ocupación de los establecimientos respectivos por los educandos movilizados”, fue el argumento esgrimido por la Tercera Sala del máximo tribunal.
Al respecto el diputado Tarud afirmó que el recurso de protección tuvo un valor disuasivo ya que “el rechazo se debe fundamentalmente a que el alcalde Labbé no llevó a cabo las amenazas de no matricular a estudiantes que no fueran de la comuna de Providencia, porque de lo contrario estaría infringiendo la Constitución Política del Estado y las leyes”.
El recurso de protección había sido interpuesto por “amenazas a las garantías constitucionales de derecho a la educación, de igualdad ante la ley, e integridad física y síquica” en contra de los alumnos del liceo Lastarria y Carmela Carvajal; y la Suprema ya había fallado a favor de Labbé el 9 de marzo.
