Estancada se mantiene la investigación judicial en torno a la colusión de las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, acusadas de acordar límites a la producción y asignar cuotas de mercados desde hace, al menos, diez años.
Este miércoles la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una copia del expediente de las indagaciones y una serie de documentos incautados durante las diligencias que se realizaron en enero de 2011.
Precisamente, la continuidad de este juicio se suspendió luego que la Agrupación de Productores Avícolas alegara que la FNE no regresó el material recolectado en las incautaciones, pese a una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y si bien, ayer se entregaron las copias correspondientes, todavía quedan varias etapas por cumplir antes que el Tribunal decida si reactiva la causa.
El secretario de la instancia, abogado Alejandro Domic, explicó que “el tribunal todavía debe resolver en qué calidad van a ser mantenidos estos documentos, es decir, si algunos de ellos deben ser declarados como confidenciales, reservados o públicos. Hay que dar plazo a las partes que lo solicitaron para poder verificar los textos y concordar las copias con los originales y luego de ello el tribunal ordenará, en la oportunidad que estime procedente, la continuidad del resto del procedimiento”.
Y aunque todavía no se han precisado los tiempos para que se cumplan estos trámites, en casos anteriores este proceso se ha extendido entre diez y veinte días hábiles.
En tanto, el presidente de la Corporación de Usuarios y Consumidores (Conadecus), Hernán Calderón, informó que en los próximos días presentarán a La Moneda una propuesta que busca regular algunos aspectos de la libre competencia y establece sanciones monetarias a las compañías que incurran en colusión, además de compensaciones a los afectados.
“Si el TDLC aplica una multa a una empresa que tuvo un acto de colusión o infracción a la libre competencia, éste monto se debe aumentar el doble por el daño causado. En muchas ocasiones, la Fiscalía Nacional Económica en sus investigaciones logra determinar cuánto es el daño causado y en eso nos podemos basar”, sostuvo Calderón.
La iniciativa contempla también que un fallo del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia pueda servir como un referente para exigir compensaciones en demandas colectivas.
Además, solicita que las Superintendencias correspondientes envíen al Sernac copias de todas las circulares e instructivos para que se pueda determinar si dichas disposiciones podrían afectar al consumidor.
Esto porque según Calderón, los organismos fiscalizadores se encuentran “al debe” porque, en la actualidad, “se han preocupado más de favorecer a los accionistas que a las personas”, concluyó.
Estancada se mantiene la investigación judicial en torno a la colusión de las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, acusadas de acordar límites a la producción y asignar cuotas de mercados desde hace, al menos, diez años.
Este miércoles la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una copia del expediente de las indagaciones y una serie de documentos incautados durante las diligencias que se realizaron en enero de 2011.
Precisamente, la continuidad de este juicio se suspendió luego que la Agrupación de Productores Avícolas alegara que la FNE no regresó el material recolectado en las incautaciones, pese a una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y si bien, ayer se entregaron las copias correspondientes, todavía quedan varias etapas por cumplir antes que el Tribunal decida si reactiva la causa.
El secretario de la instancia, abogado Alejandro Domic, explicó que “el tribunal todavía debe resolver en qué calidad van a ser mantenidos estos documentos, es decir, si algunos de ellos deben ser declarados como confidenciales, reservados o públicos. Hay que dar plazo a las partes que lo solicitaron para poder verificar los textos y concordar las copias con los originales y luego de ello el tribunal ordenará, en la oportunidad que estime procedente, la continuidad del resto del procedimiento”.
Y aunque todavía no se han precisado los tiempos para que se cumplan estos trámites, en casos anteriores este proceso se ha extendido entre diez y veinte días hábiles.
En tanto, el presidente de la Corporación de Usuarios y Consumidores (Conadecus), Hernán Calderón, informó que en los próximos días presentarán a La Moneda una propuesta que busca regular algunos aspectos de la libre competencia y establece sanciones monetarias a las compañías que incurran en colusión, además de compensaciones a los afectados.
“Si el TDLC aplica una multa a una empresa que tuvo un acto de colusión o infracción a la libre competencia, éste monto se debe aumentar el doble por el daño causado. En muchas ocasiones, la Fiscalía Nacional Económica en sus investigaciones logra determinar cuánto es el daño causado y en eso nos podemos basar”, sostuvo Calderón.
La iniciativa contempla también que un fallo del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia pueda servir como un referente para exigir compensaciones en demandas colectivas.
Además, solicita que las Superintendencias correspondientes envíen al Sernac copias de todas las circulares e instructivos para que se pueda determinar si dichas disposiciones podrían afectar al consumidor.
Esto porque según Calderón, los organismos fiscalizadores se encuentran “al debe” porque, en la actualidad, “se han preocupado más de favorecer a los accionistas que a las personas”, concluyó.
Estancada se mantiene la investigación judicial en torno a la colusión de las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, acusadas de acordar límites a la producción y asignar cuotas de mercados desde hace, al menos, diez años.
Este miércoles la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una copia del expediente de las indagaciones y una serie de documentos incautados durante las diligencias que se realizaron en enero de 2011.
Precisamente, la continuidad de este juicio se suspendió luego que la Agrupación de Productores Avícolas alegara que la FNE no regresó el material recolectado en las incautaciones, pese a una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y si bien, ayer se entregaron las copias correspondientes, todavía quedan varias etapas por cumplir antes que el Tribunal decida si reactiva la causa.
El secretario de la instancia, abogado Alejandro Domic, explicó que “el tribunal todavía debe resolver en qué calidad van a ser mantenidos estos documentos, es decir, si algunos de ellos deben ser declarados como confidenciales, reservados o públicos. Hay que dar plazo a las partes que lo solicitaron para poder verificar los textos y concordar las copias con los originales y luego de ello el tribunal ordenará, en la oportunidad que estime procedente, la continuidad del resto del procedimiento”.
Y aunque todavía no se han precisado los tiempos para que se cumplan estos trámites, en casos anteriores este proceso se ha extendido entre diez y veinte días hábiles.
En tanto, el presidente de la Corporación de Usuarios y Consumidores (Conadecus), Hernán Calderón, informó que en los próximos días presentarán a La Moneda una propuesta que busca regular algunos aspectos de la libre competencia y establece sanciones monetarias a las compañías que incurran en colusión, además de compensaciones a los afectados.
“Si el TDLC aplica una multa a una empresa que tuvo un acto de colusión o infracción a la libre competencia, éste monto se debe aumentar el doble por el daño causado. En muchas ocasiones, la Fiscalía Nacional Económica en sus investigaciones logra determinar cuánto es el daño causado y en eso nos podemos basar”, sostuvo Calderón.
La iniciativa contempla también que un fallo del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia pueda servir como un referente para exigir compensaciones en demandas colectivas.
Además, solicita que las Superintendencias correspondientes envíen al Sernac copias de todas las circulares e instructivos para que se pueda determinar si dichas disposiciones podrían afectar al consumidor.
Esto porque según Calderón, los organismos fiscalizadores se encuentran “al debe” porque, en la actualidad, “se han preocupado más de favorecer a los accionistas que a las personas”, concluyó.
