El representante de la Asociación Nacional de Estudiantes de Química y Farmacia, Cristián Barrueto, aseguró que hay que derribar el mito de que la gente está a favor de la iniciativa impulsada por el ministerio de Economía y añadió que ésta no se hace cargo del problema de fondo.

“El problema de fondo es el acceso a los medicamentos en todos los lugares de Chile, existen alrededor de 50 comunas que no tienen farmacias, tenemos el número de farmacias por habitantes más bajo de Latinoamérica, tenemos un déficit de farmacias. Hoy por el negocio que esto implica, tanto la industria  farmacéutica como los supermercados, uno puede ver a Walmart que está muy interesado, porque esto representa una gran cantidad de dinero para estas empresas”, señaló Barrueto.

Para la organización estudiantil, todos los países de la OCDE poseen mecanismos de control de precios y regulación del mercado farmacéutico que deberían ser estudiados para su implementación en Chile.

Por su parte, Rubén Andino, presidente de la Liga Ciudadana de Consumidores, recalcó que el proyecto no cumple con ninguno de los objetivos para los que fue creado, es decir, no incide en una baja de precios y no resuelve el tema del acceso a los medicamentos. Andino advirtió además que Argentina, luego de 10 años de haber iniciado la liberación de la venta de fármacos en supermercados, tuvo que volver atrás por los numerosos problemas de salud que la medida provocó.

El representante de la Liga Ciudadana negó que estén a favor de las grandes farmacias en este punto. “No significa avalar, en caso alguno, a las cadenas de farmacias, no estamos haciendo lobby para las cadenas de farmacias, estamos contra ellas y consideramos que la concentración del 93 por ciento del mercado constituye una aberración. Lo que nosotros queremos hacer es impedir que se abra este negocio a los supermercados con efectos que son dañinos para la salud de la población”, dijo.

En tanto, Andrés Bustos, integrante de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Seguridad Social (Anadeus), también manifestó su rechazo al proyecto, puesto que el paciente no es un consumidor ni el medicamento un bien de consumo, por lo que no se puede permitir que se lucre con este tema.

Hernán Calderón, presidente de la Corporación de Usuarios y Consumidores, Conadecus, afirmó que esta iniciativa no es una solución a la colusión de las farmacias. “Esta no es la medida que puede terminar con el triopolio que tenemos hoy de las farmacias, porque tampoco es la respuesta que necesitábamos ante la colusión de las farmacias, ya que de los medicamentos que estuvieron en la colusión, que fueron poco más de 200, solamente cuatro eran sin receta”, afirmó.

Calderón sostuvo que además esto es un riesgo para personas con enfermedades crónicas ya que, para paliar sus pérdidas, las farmacias subirán el precio de los medicamentos que sí necesitan receta y no tienen reemplazo. El presidente de Conadecus subrayó que es necesario que la autoridad sanitaria controle este mercado, y no el ministerio de Economía, que establezca políticas para acceder a medicamentos a bajo costo y propuso que haya farmacias de acceso público en los consultorios abastecidas por la Cenabast.

Desde la Cámara de Medicamentos de Venta Directa su presidente, Jorge Velis, señaló que, aunque el comportamiento de los precios sólo se verá al aprobarse la ley, la teoría indica que al aumentar la competencia los valores deberían bajar, tal como ocurrió en Italia donde este tipo de fármacos u OTC se abarataron en un 18 por ciento.

“El aparecer mayor competencia y bajar esos precios en otros establecimientos, obliga a la farmacia a ser competitiva, bajando también sus precios. Operan como un regulador de precios aquellos nuevos jugadores que ingresan a este negocio. Hay un beneficio inmediato, porque ya la farmacia no tiene la condición monopólica que tiene hoy, que es el único reciento donde se pueden vender estos productos. Si hay diez distintos tipos de establecimiento que sí lo pueden vender, la farmacia para mantener el liderazgo en ventas va a tener que ajustar sus precios a cómo se presenten los precios de sus competidores”, sostuvo Velis.

Respecto del caso de Argentina, Velis aseguró que los OTC nuevamente se están vendiendo en supermercados y almacenes, puesto que la Corte Suprema acogió un recurso presentado por la asociación de kioskeros quienes aseguraban que se violaba un derecho humano al limitar el acceso a medicamentos sin receta.