La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que en febrero pasado revirtió la aprobación ambiental al proyecto minero El Morro, otorgada en 2011 por la Comisión de Evaluación de la región de Atacama.
La decisión unánime de la Tercera Sala del máximo tribunal deja sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprueba el proyecto, de la canadiense Goldcorp, “en tanto no se subsanen las deficiencias observadas”, que tienen que ver con incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas.
En efecto, el fallo del tribunal de alzada había acogido el recurso de protección de representantes de la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos, agricultores de etnia diaguita aledaños al proyecto, quienes aseguran que la aprobación ambiental se otorgó sin consulta previa a dicha comunidad indígena y los derechos colectivos que tienen sobre el territorio.
Consuelo Labra, abogada del Observatorio Ciudadano, valoró la resolución judicial y afirmó que “efectivamente hay un precedente jurisprudencial y esperamos que el Poder Ejecutivo y el Legislativo hagan lo mismo que está haciendo el Poder Judicial, que es reconocer el derecho vigente en Chile y para eso se requiere que el Poder Ejecutivo, el ministerio de Desarrollo Social implemente un mecanismo para realizar la consulta, lo que está pendiente desde el 2009”.
La abogada destacó además que el fallo ratifica la jurisprudencia de la propia Corte Suprema ya que no es el primer fallo del máximo tribunal respecto al derecho a consulta a los pueblos indígenas.
Cabe recordar que la misma sala también revocó, a mediados de marzo, la aprobación ambiental del parque eólico Chiloé de la chileno-sueca Ecopower, también porque no se le consultó a la comunidad indígena Antu Lafqué, que interpuso un recurso de protección, y a principios de abril, ordenó que prospecciones mineras de la Compañía Paguanta S.A.en territorio de comunidades Aymarás, en la Comuna de Huara, deben someterse a un Estudio de Impacto Ambiental.
Además, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió en julio de 2011 un recurso de protección presentado por el Consejo de Pueblos Atacameños y la comunidad indígena de Toconao solicitando la realización de un Estudio de Impacto Ambiental y consulta a las comunidades frente al proyecto de modificación del plano regulador de San Pedro de Atacama.
Ahora la misma instancia deberá pronunciarse sobre el proyecto termoeléctrico Castilla, del brasileño Eike Batista, que también se ubica en Atacama, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta fallara a favor de vecinos de Totoral en marzo pasado.
La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que en febrero pasado revirtió la aprobación ambiental al proyecto minero El Morro, otorgada en 2011 por la Comisión de Evaluación de la región de Atacama.
La decisión unánime de la Tercera Sala del máximo tribunal deja sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprueba el proyecto, de la canadiense Goldcorp, “en tanto no se subsanen las deficiencias observadas”, que tienen que ver con incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas.
En efecto, el fallo del tribunal de alzada había acogido el recurso de protección de representantes de la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos, agricultores de etnia diaguita aledaños al proyecto, quienes aseguran que la aprobación ambiental se otorgó sin consulta previa a dicha comunidad indígena y los derechos colectivos que tienen sobre el territorio.
Consuelo Labra, abogada del Observatorio Ciudadano, valoró la resolución judicial y afirmó que “efectivamente hay un precedente jurisprudencial y esperamos que el Poder Ejecutivo y el Legislativo hagan lo mismo que está haciendo el Poder Judicial, que es reconocer el derecho vigente en Chile y para eso se requiere que el Poder Ejecutivo, el ministerio de Desarrollo Social implemente un mecanismo para realizar la consulta, lo que está pendiente desde el 2009”.
La abogada destacó además que el fallo ratifica la jurisprudencia de la propia Corte Suprema ya que no es el primer fallo del máximo tribunal respecto al derecho a consulta a los pueblos indígenas.
Cabe recordar que la misma sala también revocó, a mediados de marzo, la aprobación ambiental del parque eólico Chiloé de la chileno-sueca Ecopower, también porque no se le consultó a la comunidad indígena Antu Lafqué, que interpuso un recurso de protección, y a principios de abril, ordenó que prospecciones mineras de la Compañía Paguanta S.A.en territorio de comunidades Aymarás, en la Comuna de Huara, deben someterse a un Estudio de Impacto Ambiental.
Además, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió en julio de 2011 un recurso de protección presentado por el Consejo de Pueblos Atacameños y la comunidad indígena de Toconao solicitando la realización de un Estudio de Impacto Ambiental y consulta a las comunidades frente al proyecto de modificación del plano regulador de San Pedro de Atacama.
Ahora la misma instancia deberá pronunciarse sobre el proyecto termoeléctrico Castilla, del brasileño Eike Batista, que también se ubica en Atacama, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta fallara a favor de vecinos de Totoral en marzo pasado.
La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que en febrero pasado revirtió la aprobación ambiental al proyecto minero El Morro, otorgada en 2011 por la Comisión de Evaluación de la región de Atacama.
La decisión unánime de la Tercera Sala del máximo tribunal deja sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprueba el proyecto, de la canadiense Goldcorp, “en tanto no se subsanen las deficiencias observadas”, que tienen que ver con incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas.
En efecto, el fallo del tribunal de alzada había acogido el recurso de protección de representantes de la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos, agricultores de etnia diaguita aledaños al proyecto, quienes aseguran que la aprobación ambiental se otorgó sin consulta previa a dicha comunidad indígena y los derechos colectivos que tienen sobre el territorio.
Consuelo Labra, abogada del Observatorio Ciudadano, valoró la resolución judicial y afirmó que “efectivamente hay un precedente jurisprudencial y esperamos que el Poder Ejecutivo y el Legislativo hagan lo mismo que está haciendo el Poder Judicial, que es reconocer el derecho vigente en Chile y para eso se requiere que el Poder Ejecutivo, el ministerio de Desarrollo Social implemente un mecanismo para realizar la consulta, lo que está pendiente desde el 2009”.
La abogada destacó además que el fallo ratifica la jurisprudencia de la propia Corte Suprema ya que no es el primer fallo del máximo tribunal respecto al derecho a consulta a los pueblos indígenas.
Cabe recordar que la misma sala también revocó, a mediados de marzo, la aprobación ambiental del parque eólico Chiloé de la chileno-sueca Ecopower, también porque no se le consultó a la comunidad indígena Antu Lafqué, que interpuso un recurso de protección, y a principios de abril, ordenó que prospecciones mineras de la Compañía Paguanta S.A.en territorio de comunidades Aymarás, en la Comuna de Huara, deben someterse a un Estudio de Impacto Ambiental.
Además, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió en julio de 2011 un recurso de protección presentado por el Consejo de Pueblos Atacameños y la comunidad indígena de Toconao solicitando la realización de un Estudio de Impacto Ambiental y consulta a las comunidades frente al proyecto de modificación del plano regulador de San Pedro de Atacama.
Ahora la misma instancia deberá pronunciarse sobre el proyecto termoeléctrico Castilla, del brasileño Eike Batista, que también se ubica en Atacama, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta fallara a favor de vecinos de Totoral en marzo pasado.
