La Tercera Sala de la Corte Suprema decidió suspender la sesión para revisar la apelación de las cadenas farmacéuticas Salcobrand y Cruz Verde a la multa impuesta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el caso colusión.
El retraso se debió a que los magistrados Héctor Carreño y Sonia Araneda presentaron una causal de recusación debido a su participación en procesos vinculados durante el 2009, por lo que se les otorgó un plazo de cinco días a los abogados para determinar si pedirán la inhabilidad de los jueces.
La suspensión fue considerada como una mala noticia por parte del presidente de la Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus), Hernán Calderón, quien aseguró que se está tratando de dilatar el proceso para sacarlo de la agenda pública.
“Estas son maniobras dilatorias que se han establecido como formas permanentes para poder dilatar lo más posible y que tengan menos impacto en los consumidores y la opinión pública. Este tipo de hechos son inaceptables, porque los tribunales deben tener la prolijidad y el tiempo suficiente para poder fallar estos casos y ver por su impacto público”, afirmó Calderón.
En esa línea lamentó que estos “recursos dilatorios” se encuentren respaldados por el ordenamiento jurídico nacional, y hayan ocurrido con anterioridad, por lo que se deben corregir, según explicó.
Por otra parte, continúa la ofensiva de distintos organismos para conseguir justicia ante esta colusión de precios que protagonizaron las tres cadenas farmacéuticas de mayor envergadura en el país: Salcobrand, Cruz Verde y Farmacias Ahumada.
Según el vocero y especialista de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabres, existe la posibilidad que en los dos años posteriores a la sentencia que condene a alguna de estas compañía por infracciones a la ley de libre competencia, las víctimas puedan emitir demandas de indemnización de perjuicios.
Fabres, detalló que existe una coordinación con organizaciones de consumidores ante los vacíos legales que presentaría una acción de este tipo.
“La fundación se pondrá a disposición de los ciudadanos para que ejerzan su derecho y para esos efectos ha tratado de coordinarse con organizaciones de consumidores, de manera de poder llegar a la mayor cantidad de víctimas posibles. Lo relevante, y es un vacío legislativo que tiene nuestro sistema, es que estas acciones de indemnización de perjuicios no pueden tramitarse conforme a las reglas de los juicios colectivos, que sería una facilidad muy importante para evitar tener que presentar una demanda por cada víctima”, afirmó.
En esa línea, el vocero de la Fundación Chile Ciudadano aseguró que debido al monto de indemnización y la causal del delito, se trata de un deber moral y social para la sociedad civil actuar rápidamente frente Al tema.
“Las indemnizaciones de perjuicio deberían bordear los 200 millones de dólares. Se trata de una causa tremendamente importante, no solamente por su cuantía, sino porque el ilícito de estos tres coludidos afecta el bien más esencial que tienen las personas que es la conservación de la salud. Atacaron donde las personas son más débiles y es un deber social y moral no dejar que estos tipos puedan lucrar”, indicó Fabres.
La fundación ya cuenta con la ayuda de estudios jurídicos de otros países que han enfrentado casos similares y “en el momento oportuno”, según definió Tomás Fabres, se informará a la ciudadanía sobre la posibilidad de emprender acciones de este tipo.
La Tercera Sala de la Corte Suprema decidió suspender la sesión para revisar la apelación de las cadenas farmacéuticas Salcobrand y Cruz Verde a la multa impuesta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el caso colusión.
El retraso se debió a que los magistrados Héctor Carreño y Sonia Araneda presentaron una causal de recusación debido a su participación en procesos vinculados durante el 2009, por lo que se les otorgó un plazo de cinco días a los abogados para determinar si pedirán la inhabilidad de los jueces.
La suspensión fue considerada como una mala noticia por parte del presidente de la Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus), Hernán Calderón, quien aseguró que se está tratando de dilatar el proceso para sacarlo de la agenda pública.
“Estas son maniobras dilatorias que se han establecido como formas permanentes para poder dilatar lo más posible y que tengan menos impacto en los consumidores y la opinión pública. Este tipo de hechos son inaceptables, porque los tribunales deben tener la prolijidad y el tiempo suficiente para poder fallar estos casos y ver por su impacto público”, afirmó Calderón.
En esa línea lamentó que estos “recursos dilatorios” se encuentren respaldados por el ordenamiento jurídico nacional, y hayan ocurrido con anterioridad, por lo que se deben corregir, según explicó.
Por otra parte, continúa la ofensiva de distintos organismos para conseguir justicia ante esta colusión de precios que protagonizaron las tres cadenas farmacéuticas de mayor envergadura en el país: Salcobrand, Cruz Verde y Farmacias Ahumada.
Según el vocero y especialista de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabres, existe la posibilidad que en los dos años posteriores a la sentencia que condene a alguna de estas compañía por infracciones a la ley de libre competencia, las víctimas puedan emitir demandas de indemnización de perjuicios.
Fabres, detalló que existe una coordinación con organizaciones de consumidores ante los vacíos legales que presentaría una acción de este tipo.
“La fundación se pondrá a disposición de los ciudadanos para que ejerzan su derecho y para esos efectos ha tratado de coordinarse con organizaciones de consumidores, de manera de poder llegar a la mayor cantidad de víctimas posibles. Lo relevante, y es un vacío legislativo que tiene nuestro sistema, es que estas acciones de indemnización de perjuicios no pueden tramitarse conforme a las reglas de los juicios colectivos, que sería una facilidad muy importante para evitar tener que presentar una demanda por cada víctima”, afirmó.
En esa línea, el vocero de la Fundación Chile Ciudadano aseguró que debido al monto de indemnización y la causal del delito, se trata de un deber moral y social para la sociedad civil actuar rápidamente frente Al tema.
“Las indemnizaciones de perjuicio deberían bordear los 200 millones de dólares. Se trata de una causa tremendamente importante, no solamente por su cuantía, sino porque el ilícito de estos tres coludidos afecta el bien más esencial que tienen las personas que es la conservación de la salud. Atacaron donde las personas son más débiles y es un deber social y moral no dejar que estos tipos puedan lucrar”, indicó Fabres.
La fundación ya cuenta con la ayuda de estudios jurídicos de otros países que han enfrentado casos similares y “en el momento oportuno”, según definió Tomás Fabres, se informará a la ciudadanía sobre la posibilidad de emprender acciones de este tipo.
La Tercera Sala de la Corte Suprema decidió suspender la sesión para revisar la apelación de las cadenas farmacéuticas Salcobrand y Cruz Verde a la multa impuesta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el caso colusión.
El retraso se debió a que los magistrados Héctor Carreño y Sonia Araneda presentaron una causal de recusación debido a su participación en procesos vinculados durante el 2009, por lo que se les otorgó un plazo de cinco días a los abogados para determinar si pedirán la inhabilidad de los jueces.
La suspensión fue considerada como una mala noticia por parte del presidente de la Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus), Hernán Calderón, quien aseguró que se está tratando de dilatar el proceso para sacarlo de la agenda pública.
“Estas son maniobras dilatorias que se han establecido como formas permanentes para poder dilatar lo más posible y que tengan menos impacto en los consumidores y la opinión pública. Este tipo de hechos son inaceptables, porque los tribunales deben tener la prolijidad y el tiempo suficiente para poder fallar estos casos y ver por su impacto público”, afirmó Calderón.
En esa línea lamentó que estos “recursos dilatorios” se encuentren respaldados por el ordenamiento jurídico nacional, y hayan ocurrido con anterioridad, por lo que se deben corregir, según explicó.
Por otra parte, continúa la ofensiva de distintos organismos para conseguir justicia ante esta colusión de precios que protagonizaron las tres cadenas farmacéuticas de mayor envergadura en el país: Salcobrand, Cruz Verde y Farmacias Ahumada.
Según el vocero y especialista de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabres, existe la posibilidad que en los dos años posteriores a la sentencia que condene a alguna de estas compañía por infracciones a la ley de libre competencia, las víctimas puedan emitir demandas de indemnización de perjuicios.
Fabres, detalló que existe una coordinación con organizaciones de consumidores ante los vacíos legales que presentaría una acción de este tipo.
“La fundación se pondrá a disposición de los ciudadanos para que ejerzan su derecho y para esos efectos ha tratado de coordinarse con organizaciones de consumidores, de manera de poder llegar a la mayor cantidad de víctimas posibles. Lo relevante, y es un vacío legislativo que tiene nuestro sistema, es que estas acciones de indemnización de perjuicios no pueden tramitarse conforme a las reglas de los juicios colectivos, que sería una facilidad muy importante para evitar tener que presentar una demanda por cada víctima”, afirmó.
En esa línea, el vocero de la Fundación Chile Ciudadano aseguró que debido al monto de indemnización y la causal del delito, se trata de un deber moral y social para la sociedad civil actuar rápidamente frente Al tema.
“Las indemnizaciones de perjuicio deberían bordear los 200 millones de dólares. Se trata de una causa tremendamente importante, no solamente por su cuantía, sino porque el ilícito de estos tres coludidos afecta el bien más esencial que tienen las personas que es la conservación de la salud. Atacaron donde las personas son más débiles y es un deber social y moral no dejar que estos tipos puedan lucrar”, indicó Fabres.
La fundación ya cuenta con la ayuda de estudios jurídicos de otros países que han enfrentado casos similares y “en el momento oportuno”, según definió Tomás Fabres, se informará a la ciudadanía sobre la posibilidad de emprender acciones de este tipo.
