El Gobierno de Bolivia se comprometió a que una empresa externa se encargará de determinar el precio que deberá pagar la administración de Evo Morales para nacionalizar la empresa transportadora de electricidad, propiedad de la española RedEléctrica de España desde el año 2002.
Desde la empresa peninsular se emitió un comunicado en el cual se señala respetar la decisión soberana de Bolivia, pero recordando que la empresa tiene la obligación de defender los intereses de sus accionistas.
De todas formas, la compañía manifestó su interés de alcanzar un acuerdo amistoso que respete, a su juicio, los principios internacionales en derecho.
Para la académica del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile, Paz Milet, este proceso no es comparable al que se vive en Argentina con YPF.
“Hay que compararlo con lo que ocurrió anteriormente en Bolivia con el tema de los hidrocarburos. En estos momentos se está hablando de una nacionalización de la empresa de Red Eléctrica, pero Bolivia ha sido clara en decir que se están ofreciendo compensaciones y lo mismo se ha destacado desde España, que no se puede comparar con lo que ocurre con los argentinos”, aseguró la académica.
Con respecto al futuro del gobierno de Evo Morales, según Milet, esta decisión ayudaría al complicado escenario interno que se vive en el país altiplánico, que incluso hace difícil que sea reelecto en el cargo.
“Si uno ve cómo ha sido la reacción interna, hay un porcentaje importante de la comunidad boliviana que está de acuerdo con esta decisión, pero sin duda la situación en Bolivia para Evo Morales ya no está tan fácil y él es muy claro en este sentido, pues recientemente han salido informes de prensa que señalan que se ve muy difícil la posibilidad de reelección”, indicó la experta.
Con respecto a si esto animará a otras naciones como Perú a estatizar sus principales fuentes energéticas, el también académico del IEI, Gilberto Aranda, sostuvo que en el mediano plazo no se ve posible, aunque todo depende del nivel de crecimiento que experimente ese país.
“El desempeño económico de Perú ha sido tan alto, es uno de los más importantes de la región, no es esperable que a corto plazo introduzca elementos de este corte, de estatalización de empresas hacia el área pública. Sin embargo, en la medida que este desempeño económico tenga vaivenes, tampoco es impensable que esto no se pueda producir”, manifestó Aranda.
En tanto, la empresa española hizo ver al gobierno boliviano que la inversión hecha en ese país durante los últimos años fue alta, alcanzando los 74 millones de dólares, a los que habría que sumar otros 14 de proyectos ya iniciados.
La empresa que se encargará de determinar el precio de expropiación tiene un plazo de 180 días para valorar la empresa.
El Gobierno de Bolivia se comprometió a que una empresa externa se encargará de determinar el precio que deberá pagar la administración de Evo Morales para nacionalizar la empresa transportadora de electricidad, propiedad de la española RedEléctrica de España desde el año 2002.
Desde la empresa peninsular se emitió un comunicado en el cual se señala respetar la decisión soberana de Bolivia, pero recordando que la empresa tiene la obligación de defender los intereses de sus accionistas.
De todas formas, la compañía manifestó su interés de alcanzar un acuerdo amistoso que respete, a su juicio, los principios internacionales en derecho.
Para la académica del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile, Paz Milet, este proceso no es comparable al que se vive en Argentina con YPF.
“Hay que compararlo con lo que ocurrió anteriormente en Bolivia con el tema de los hidrocarburos. En estos momentos se está hablando de una nacionalización de la empresa de Red Eléctrica, pero Bolivia ha sido clara en decir que se están ofreciendo compensaciones y lo mismo se ha destacado desde España, que no se puede comparar con lo que ocurre con los argentinos”, aseguró la académica.
Con respecto al futuro del gobierno de Evo Morales, según Milet, esta decisión ayudaría al complicado escenario interno que se vive en el país altiplánico, que incluso hace difícil que sea reelecto en el cargo.
“Si uno ve cómo ha sido la reacción interna, hay un porcentaje importante de la comunidad boliviana que está de acuerdo con esta decisión, pero sin duda la situación en Bolivia para Evo Morales ya no está tan fácil y él es muy claro en este sentido, pues recientemente han salido informes de prensa que señalan que se ve muy difícil la posibilidad de reelección”, indicó la experta.
Con respecto a si esto animará a otras naciones como Perú a estatizar sus principales fuentes energéticas, el también académico del IEI, Gilberto Aranda, sostuvo que en el mediano plazo no se ve posible, aunque todo depende del nivel de crecimiento que experimente ese país.
“El desempeño económico de Perú ha sido tan alto, es uno de los más importantes de la región, no es esperable que a corto plazo introduzca elementos de este corte, de estatalización de empresas hacia el área pública. Sin embargo, en la medida que este desempeño económico tenga vaivenes, tampoco es impensable que esto no se pueda producir”, manifestó Aranda.
En tanto, la empresa española hizo ver al gobierno boliviano que la inversión hecha en ese país durante los últimos años fue alta, alcanzando los 74 millones de dólares, a los que habría que sumar otros 14 de proyectos ya iniciados.
La empresa que se encargará de determinar el precio de expropiación tiene un plazo de 180 días para valorar la empresa.
El Gobierno de Bolivia se comprometió a que una empresa externa se encargará de determinar el precio que deberá pagar la administración de Evo Morales para nacionalizar la empresa transportadora de electricidad, propiedad de la española RedEléctrica de España desde el año 2002.
Desde la empresa peninsular se emitió un comunicado en el cual se señala respetar la decisión soberana de Bolivia, pero recordando que la empresa tiene la obligación de defender los intereses de sus accionistas.
De todas formas, la compañía manifestó su interés de alcanzar un acuerdo amistoso que respete, a su juicio, los principios internacionales en derecho.
Para la académica del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile, Paz Milet, este proceso no es comparable al que se vive en Argentina con YPF.
“Hay que compararlo con lo que ocurrió anteriormente en Bolivia con el tema de los hidrocarburos. En estos momentos se está hablando de una nacionalización de la empresa de Red Eléctrica, pero Bolivia ha sido clara en decir que se están ofreciendo compensaciones y lo mismo se ha destacado desde España, que no se puede comparar con lo que ocurre con los argentinos”, aseguró la académica.
Con respecto al futuro del gobierno de Evo Morales, según Milet, esta decisión ayudaría al complicado escenario interno que se vive en el país altiplánico, que incluso hace difícil que sea reelecto en el cargo.
“Si uno ve cómo ha sido la reacción interna, hay un porcentaje importante de la comunidad boliviana que está de acuerdo con esta decisión, pero sin duda la situación en Bolivia para Evo Morales ya no está tan fácil y él es muy claro en este sentido, pues recientemente han salido informes de prensa que señalan que se ve muy difícil la posibilidad de reelección”, indicó la experta.
Con respecto a si esto animará a otras naciones como Perú a estatizar sus principales fuentes energéticas, el también académico del IEI, Gilberto Aranda, sostuvo que en el mediano plazo no se ve posible, aunque todo depende del nivel de crecimiento que experimente ese país.
“El desempeño económico de Perú ha sido tan alto, es uno de los más importantes de la región, no es esperable que a corto plazo introduzca elementos de este corte, de estatalización de empresas hacia el área pública. Sin embargo, en la medida que este desempeño económico tenga vaivenes, tampoco es impensable que esto no se pueda producir”, manifestó Aranda.
En tanto, la empresa española hizo ver al gobierno boliviano que la inversión hecha en ese país durante los últimos años fue alta, alcanzando los 74 millones de dólares, a los que habría que sumar otros 14 de proyectos ya iniciados.
La empresa que se encargará de determinar el precio de expropiación tiene un plazo de 180 días para valorar la empresa.
