Luego que el Congreso argentino aprobara la expropiación del 51 por ciento de las acciones que la española Repsol tenía en YPF, y que la administración de Evo Morales nacionalizara la Empresa Transportadora de Energía, es posible apreciar la concreción de una idea que resurge en América Latina cada cierto tiempo: La de que el Estado controle los recursos energéticos estratégicos de cada país.
Así lo expresó Paz Milet, docente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, quien agregó que “a nivel regional, hay un tema fundamental, el de la energía y qué rol debe jugar el Estado en el control y administración de estos recursos”.
La académica añadió que “lo que ha ocurrido en este último tiempo, es expresión de ese debate, el de mayor participación del Estado y el rol de los privados”.
En esta línea, manifestó que, tanto la empresa petrolera como la eléctrica, son estratégicas para ambos países, y el cómo se establezca la vinculación de éstas con los gobiernos “va a ser central respecto al aprovechamiento que se pueda hacer de esos recursos”, señaló.
Sobre el posible costo que tengan ambas políticas de recuperación, Paz Milet matizó ambas realidades.
“Creo que hay un costo a nivel de credibilidad con respecto a las reglas del juego que existen en cada uno de los países para los inversionistas extranjeros. Eso es un tema inmediato y sin duda se va a asumir. El tema de Bolivia se ha visto con resquemor, pero después se ha validado bastante el hecho de que el gobierno haya decidido efectuar compensaciones. Argentina ha dimensionado los costos que tiene y creo que va a ser una reacción internacional más decidida, pero que va a estar condicionada por la forma en que se lleve adelante el proceso”, dijo la experta.
Procesos que distan mucho de la realidad chilena, según manifestó Julián Alcayaga, presidente del Comité de Defensa del Cobre, quien reafirmó la necesidad de que el Estado tome un papel preponderante en la explotación de los recursos naturales y de las industrias estratégicas para el desarrollo del país.
“Si bien podría no ser necesario estatizar o nacionalizar toda la electricidad, por lo menos algunos sectores estratégicos tanto en la generación, pero sobre todo en la distribución y transporte de la electricidad en el país, debiera estar en manos del Estado para asegurar que va a haber un aprovisionamiento eléctrico. Pero sobre todo el Estado tiene que intervenir en la producción de energía no convencional”, sostuvo el economista.
En el caso de litio, Alcayaga declaró que “en vez de dar licencias de explotación, lo que debería hacer el país, es que las empresas que producen baterías de litio se instalen en Chile y recién ahí se les entregue una concesión”.
Sobre los procesos de Argentina y Bolivia, señaló que “distan mucho de lo que pudiera ocurrir en Chile en el corto y mediano plazo, debido a la escasa intención política de quienes nos representan”.
Aún así, se mostró esperanzado en que el surgimiento de movimientos sociales pueda cambiar el actual escenario.
“Que los movimientos sociales se estén despertando por una educación gratuita, en Aysén o el Fondenor permite avizorar que en el futuro posiblemente tengamos las condiciones políticas para defender la tarea del Estado en la economía” comentó.
“Esto es gracias a los gobiernos de la Concertación y la Alianza, donde se han privatizado gran parte de las empresas estratégicas, por lo que no existe un camino preparado para la estatización”, sentenció Alcayaga.
Luego que el Congreso argentino aprobara la expropiación del 51 por ciento de las acciones que la española Repsol tenía en YPF, y que la administración de Evo Morales nacionalizara la Empresa Transportadora de Energía, es posible apreciar la concreción de una idea que resurge en América Latina cada cierto tiempo: La de que el Estado controle los recursos energéticos estratégicos de cada país.
Así lo expresó Paz Milet, docente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, quien agregó que “a nivel regional, hay un tema fundamental, el de la energía y qué rol debe jugar el Estado en el control y administración de estos recursos”.
La académica añadió que “lo que ha ocurrido en este último tiempo, es expresión de ese debate, el de mayor participación del Estado y el rol de los privados”.
En esta línea, manifestó que, tanto la empresa petrolera como la eléctrica, son estratégicas para ambos países, y el cómo se establezca la vinculación de éstas con los gobiernos “va a ser central respecto al aprovechamiento que se pueda hacer de esos recursos”, señaló.
Sobre el posible costo que tengan ambas políticas de recuperación, Paz Milet matizó ambas realidades.
“Creo que hay un costo a nivel de credibilidad con respecto a las reglas del juego que existen en cada uno de los países para los inversionistas extranjeros. Eso es un tema inmediato y sin duda se va a asumir. El tema de Bolivia se ha visto con resquemor, pero después se ha validado bastante el hecho de que el gobierno haya decidido efectuar compensaciones. Argentina ha dimensionado los costos que tiene y creo que va a ser una reacción internacional más decidida, pero que va a estar condicionada por la forma en que se lleve adelante el proceso”, dijo la experta.
Procesos que distan mucho de la realidad chilena, según manifestó Julián Alcayaga, presidente del Comité de Defensa del Cobre, quien reafirmó la necesidad de que el Estado tome un papel preponderante en la explotación de los recursos naturales y de las industrias estratégicas para el desarrollo del país.
“Si bien podría no ser necesario estatizar o nacionalizar toda la electricidad, por lo menos algunos sectores estratégicos tanto en la generación, pero sobre todo en la distribución y transporte de la electricidad en el país, debiera estar en manos del Estado para asegurar que va a haber un aprovisionamiento eléctrico. Pero sobre todo el Estado tiene que intervenir en la producción de energía no convencional”, sostuvo el economista.
En el caso de litio, Alcayaga declaró que “en vez de dar licencias de explotación, lo que debería hacer el país, es que las empresas que producen baterías de litio se instalen en Chile y recién ahí se les entregue una concesión”.
Sobre los procesos de Argentina y Bolivia, señaló que “distan mucho de lo que pudiera ocurrir en Chile en el corto y mediano plazo, debido a la escasa intención política de quienes nos representan”.
Aún así, se mostró esperanzado en que el surgimiento de movimientos sociales pueda cambiar el actual escenario.
“Que los movimientos sociales se estén despertando por una educación gratuita, en Aysén o el Fondenor permite avizorar que en el futuro posiblemente tengamos las condiciones políticas para defender la tarea del Estado en la economía” comentó.
“Esto es gracias a los gobiernos de la Concertación y la Alianza, donde se han privatizado gran parte de las empresas estratégicas, por lo que no existe un camino preparado para la estatización”, sentenció Alcayaga.
Luego que el Congreso argentino aprobara la expropiación del 51 por ciento de las acciones que la española Repsol tenía en YPF, y que la administración de Evo Morales nacionalizara la Empresa Transportadora de Energía, es posible apreciar la concreción de una idea que resurge en América Latina cada cierto tiempo: La de que el Estado controle los recursos energéticos estratégicos de cada país.
Así lo expresó Paz Milet, docente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, quien agregó que “a nivel regional, hay un tema fundamental, el de la energía y qué rol debe jugar el Estado en el control y administración de estos recursos”.
La académica añadió que “lo que ha ocurrido en este último tiempo, es expresión de ese debate, el de mayor participación del Estado y el rol de los privados”.
En esta línea, manifestó que, tanto la empresa petrolera como la eléctrica, son estratégicas para ambos países, y el cómo se establezca la vinculación de éstas con los gobiernos “va a ser central respecto al aprovechamiento que se pueda hacer de esos recursos”, señaló.
Sobre el posible costo que tengan ambas políticas de recuperación, Paz Milet matizó ambas realidades.
“Creo que hay un costo a nivel de credibilidad con respecto a las reglas del juego que existen en cada uno de los países para los inversionistas extranjeros. Eso es un tema inmediato y sin duda se va a asumir. El tema de Bolivia se ha visto con resquemor, pero después se ha validado bastante el hecho de que el gobierno haya decidido efectuar compensaciones. Argentina ha dimensionado los costos que tiene y creo que va a ser una reacción internacional más decidida, pero que va a estar condicionada por la forma en que se lleve adelante el proceso”, dijo la experta.
Procesos que distan mucho de la realidad chilena, según manifestó Julián Alcayaga, presidente del Comité de Defensa del Cobre, quien reafirmó la necesidad de que el Estado tome un papel preponderante en la explotación de los recursos naturales y de las industrias estratégicas para el desarrollo del país.
“Si bien podría no ser necesario estatizar o nacionalizar toda la electricidad, por lo menos algunos sectores estratégicos tanto en la generación, pero sobre todo en la distribución y transporte de la electricidad en el país, debiera estar en manos del Estado para asegurar que va a haber un aprovisionamiento eléctrico. Pero sobre todo el Estado tiene que intervenir en la producción de energía no convencional”, sostuvo el economista.
En el caso de litio, Alcayaga declaró que “en vez de dar licencias de explotación, lo que debería hacer el país, es que las empresas que producen baterías de litio se instalen en Chile y recién ahí se les entregue una concesión”.
Sobre los procesos de Argentina y Bolivia, señaló que “distan mucho de lo que pudiera ocurrir en Chile en el corto y mediano plazo, debido a la escasa intención política de quienes nos representan”.
Aún así, se mostró esperanzado en que el surgimiento de movimientos sociales pueda cambiar el actual escenario.
“Que los movimientos sociales se estén despertando por una educación gratuita, en Aysén o el Fondenor permite avizorar que en el futuro posiblemente tengamos las condiciones políticas para defender la tarea del Estado en la economía” comentó.
“Esto es gracias a los gobiernos de la Concertación y la Alianza, donde se han privatizado gran parte de las empresas estratégicas, por lo que no existe un camino preparado para la estatización”, sentenció Alcayaga.
