Las falencias dicen relación con que el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público no mejora la calidad de la persecución penal, no fortalece los equipos investigativos ni destina la cantidad de recursos recomendados por organismos especializados.
Además, la iniciativa despachada a la Cámara de Diputados por el ministerio del Interior discriminaría a los ciudadanos que denuncian crímenes comunes, pues orienta gran parte del fortalecimiento a la investigación de delitos de alta complejidad.
Así lo denunciaron la presidente de la Federación Nacional del Ministerio Público, Natalia Césped, y la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de esta misma repartición, Carola Díaz, en compañía del presidente de la ANEF, Raúl de la Puente.
Césped afirmó que el texto legislativo es insuficiente, ya permite mejorar sólo el 3 por ciento de la sobrecarga laboral que sufre Fiscalía Nacional, además de elitista, ya que contempla la carrera funcionaria, exclusivamente para los fiscales.
“Es un engaño de parte del ministro Hinzpeter decir que este proyecto va a solucionar el índice de victimización que existe en el país. Además, es un proyecto tremendamente elitista y discriminador con los funcionarios que trabajamos en el Ministerio Público, que somos 3200 personas”, aseguró.
La dirigenta añadió que lo más grave sería la instrumentalización del Ministerio Público, a través de un plan piloto que crea tres unidades de análisis para la información criminal, porque hasta ahora los temas de persecución penal son fijados de manera autónoma, cuestión que la iniciativa pretende modificar.
“La propuesta contempla que en materia de persecución penal el Ministerio del Interior le va a proponer metas al Ministerio Público y si el Ministerio Público cumple esas metas, recién ahí va a poner más recursos para que estas unidades de foco criminal se vayan multiplicando en el país. Eso es vulnerar la autonomía del Ministerio Público, porque le está diciendo al Fiscal Nacional cómo debe ser la persecución penal y las investigaciones criminales. Es una instrumentalización política de nuestra institución, que daña los derechos de los ciudadanos”, denunció Natalia Césped.
El proyecto inyecta 300 funcionarios a unidades nuevas, ninguno de ellos destinado a reforzar los equipos investigativos actuales, según señaló Carola Díaz.
La dirigenta agregó que la iniciativa de Gobierno no ayuda a subsanar el superávit de mil 500 causas que hay por fiscal al año, además de la carencia de casi dos personas por equipo de trabajo.
Por ello, llamó a todas las bancadas parlamentarias a realizar “una cirugía mayor” al proyecto, ya que se trata de proteger el acceso a justicia de calidad para todos los chilenos.
“No estamos hablando de causas, estamos hablando de personas que hay detrás de una causa, familias que se han visto vulnerables ante hechos delictuales. Estamos tratando de proteger el bien mayor que tiene que ver con el acceso a la justicia de calidad de todos los chilenos, va más allá de una demanda gremial, no estamos hablando solamente de funcionarios, estamos comprometiendo un derecho fundamental, que es el acceso a la justicia y la seguridad de las personas que vivimos en Chile”, indicó Díaz.
Por su parte, el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, llamó al Presidente Sebastián Piñera a actuar acorde a una de sus promesas de campaña, el combate a la delincuencia, por lo que lo emplazó a inyectar los recursos necesarios para fortalecer el Ministerio Público.
Las falencias dicen relación con que el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público no mejora la calidad de la persecución penal, no fortalece los equipos investigativos ni destina la cantidad de recursos recomendados por organismos especializados.
Además, la iniciativa despachada a la Cámara de Diputados por el ministerio del Interior discriminaría a los ciudadanos que denuncian crímenes comunes, pues orienta gran parte del fortalecimiento a la investigación de delitos de alta complejidad.
Así lo denunciaron la presidente de la Federación Nacional del Ministerio Público, Natalia Césped, y la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de esta misma repartición, Carola Díaz, en compañía del presidente de la ANEF, Raúl de la Puente.
Césped afirmó que el texto legislativo es insuficiente, ya permite mejorar sólo el 3 por ciento de la sobrecarga laboral que sufre Fiscalía Nacional, además de elitista, ya que contempla la carrera funcionaria, exclusivamente para los fiscales.
“Es un engaño de parte del ministro Hinzpeter decir que este proyecto va a solucionar el índice de victimización que existe en el país. Además, es un proyecto tremendamente elitista y discriminador con los funcionarios que trabajamos en el Ministerio Público, que somos 3200 personas”, aseguró.
La dirigenta añadió que lo más grave sería la instrumentalización del Ministerio Público, a través de un plan piloto que crea tres unidades de análisis para la información criminal, porque hasta ahora los temas de persecución penal son fijados de manera autónoma, cuestión que la iniciativa pretende modificar.
“La propuesta contempla que en materia de persecución penal el Ministerio del Interior le va a proponer metas al Ministerio Público y si el Ministerio Público cumple esas metas, recién ahí va a poner más recursos para que estas unidades de foco criminal se vayan multiplicando en el país. Eso es vulnerar la autonomía del Ministerio Público, porque le está diciendo al Fiscal Nacional cómo debe ser la persecución penal y las investigaciones criminales. Es una instrumentalización política de nuestra institución, que daña los derechos de los ciudadanos”, denunció Natalia Césped.
El proyecto inyecta 300 funcionarios a unidades nuevas, ninguno de ellos destinado a reforzar los equipos investigativos actuales, según señaló Carola Díaz.
La dirigenta agregó que la iniciativa de Gobierno no ayuda a subsanar el superávit de mil 500 causas que hay por fiscal al año, además de la carencia de casi dos personas por equipo de trabajo.
Por ello, llamó a todas las bancadas parlamentarias a realizar “una cirugía mayor” al proyecto, ya que se trata de proteger el acceso a justicia de calidad para todos los chilenos.
“No estamos hablando de causas, estamos hablando de personas que hay detrás de una causa, familias que se han visto vulnerables ante hechos delictuales. Estamos tratando de proteger el bien mayor que tiene que ver con el acceso a la justicia de calidad de todos los chilenos, va más allá de una demanda gremial, no estamos hablando solamente de funcionarios, estamos comprometiendo un derecho fundamental, que es el acceso a la justicia y la seguridad de las personas que vivimos en Chile”, indicó Díaz.
Por su parte, el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, llamó al Presidente Sebastián Piñera a actuar acorde a una de sus promesas de campaña, el combate a la delincuencia, por lo que lo emplazó a inyectar los recursos necesarios para fortalecer el Ministerio Público.
Las falencias dicen relación con que el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público no mejora la calidad de la persecución penal, no fortalece los equipos investigativos ni destina la cantidad de recursos recomendados por organismos especializados.
Además, la iniciativa despachada a la Cámara de Diputados por el ministerio del Interior discriminaría a los ciudadanos que denuncian crímenes comunes, pues orienta gran parte del fortalecimiento a la investigación de delitos de alta complejidad.
Así lo denunciaron la presidente de la Federación Nacional del Ministerio Público, Natalia Césped, y la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de esta misma repartición, Carola Díaz, en compañía del presidente de la ANEF, Raúl de la Puente.
Césped afirmó que el texto legislativo es insuficiente, ya permite mejorar sólo el 3 por ciento de la sobrecarga laboral que sufre Fiscalía Nacional, además de elitista, ya que contempla la carrera funcionaria, exclusivamente para los fiscales.
“Es un engaño de parte del ministro Hinzpeter decir que este proyecto va a solucionar el índice de victimización que existe en el país. Además, es un proyecto tremendamente elitista y discriminador con los funcionarios que trabajamos en el Ministerio Público, que somos 3200 personas”, aseguró.
La dirigenta añadió que lo más grave sería la instrumentalización del Ministerio Público, a través de un plan piloto que crea tres unidades de análisis para la información criminal, porque hasta ahora los temas de persecución penal son fijados de manera autónoma, cuestión que la iniciativa pretende modificar.
“La propuesta contempla que en materia de persecución penal el Ministerio del Interior le va a proponer metas al Ministerio Público y si el Ministerio Público cumple esas metas, recién ahí va a poner más recursos para que estas unidades de foco criminal se vayan multiplicando en el país. Eso es vulnerar la autonomía del Ministerio Público, porque le está diciendo al Fiscal Nacional cómo debe ser la persecución penal y las investigaciones criminales. Es una instrumentalización política de nuestra institución, que daña los derechos de los ciudadanos”, denunció Natalia Césped.
El proyecto inyecta 300 funcionarios a unidades nuevas, ninguno de ellos destinado a reforzar los equipos investigativos actuales, según señaló Carola Díaz.
La dirigenta agregó que la iniciativa de Gobierno no ayuda a subsanar el superávit de mil 500 causas que hay por fiscal al año, además de la carencia de casi dos personas por equipo de trabajo.
Por ello, llamó a todas las bancadas parlamentarias a realizar “una cirugía mayor” al proyecto, ya que se trata de proteger el acceso a justicia de calidad para todos los chilenos.
“No estamos hablando de causas, estamos hablando de personas que hay detrás de una causa, familias que se han visto vulnerables ante hechos delictuales. Estamos tratando de proteger el bien mayor que tiene que ver con el acceso a la justicia de calidad de todos los chilenos, va más allá de una demanda gremial, no estamos hablando solamente de funcionarios, estamos comprometiendo un derecho fundamental, que es el acceso a la justicia y la seguridad de las personas que vivimos en Chile”, indicó Díaz.
Por su parte, el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, llamó al Presidente Sebastián Piñera a actuar acorde a una de sus promesas de campaña, el combate a la delincuencia, por lo que lo emplazó a inyectar los recursos necesarios para fortalecer el Ministerio Público.
