Con satisfacción recibieron diversas organizaciones la aprobación, en la Cámara de Diputados, de una comisión investigadora sobre el “caso bombas” con el objeto que se recabe información y se determine las responsabilidades de organismos del Ejecutivo, recibiendo para tales efectos a todas las personas e instituciones involucradas, entre ellos el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Adriana Muñoz, jefa de bancada del PPD, quien solicitó la comisión, manifestó su conformidad por la votación de los parlamentarios y señaló la necesidad de transparentar el procedimiento que terminó con siete imputados por asociación ilícita terrorista absueltos por no haber sustento real en las acusaciones formuladas.
“Lo que queremos dilucidar en esta investigación, convocando a las autoridades responsables de estas decisiones, es que se hagan los cargos reales y que nos transmitan qué es lo que provocó la inquietud de las autoridades realmente. Y esta pirotecnia queremos denunciarla porque no es posible que se esté tratando este tipo de situaciones tan serias con acusaciones pirotécnicas que se derrumban tan rápido como la realidad y la verdad se imponen”, indicó Muñoz.
Según la presentación de los parlamentarios del PPD, la situación se vio agravada por el hecho de que el entonces persecutor del Ministerio Público, el ex fiscal Alejandro Peña, renunció a su cargo luego de la formalización para incorporarse como jefe de la División de Estudios del ministerio del Interior.
Alejandra Arriaza, secretaria ejecutiva de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), recalcó que la organización ha hecho un seguimiento permanente a este caso, denunciando desde un inicio el montaje por parte de los querellantes, con pruebas que atentaban contra un debido proceso. En ese sentido, la abogada valoró la aprobación de la instancia parlamentaria.
“Nos parece importante que la Cámara de Diputados establezca una comisión investigadora para estos hechos, quizás un poco tarde ya que estamos en el desenlace del juicio propiamente tal, con consecuencias donde las personas vieron sus derechos vulnerados por más de un año. Creemos que es importante para que haya un pronunciamiento sobre la Ley Antiterrorista, ya que a nuestro juicio es una ley que falta adecuarla a nuestro ordenamiento jurídico, que es una herramienta que ha servido para disuadir cualquier tipo de organización y movimiento en Chile”, sostuvo la abogada.
Respecto de la declaración que prestará la próxima semana el ministro Hinzpeter, Arriaza señaló que es relevante puesto que en este y otros casos se ha sumado como querellante en procesos donde no se han respetado las reglas básicas y que debe actuar dentro del orden jurídico y no por fuera.
Por su parte, José Miguel Guzmán, integrante del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras), que ha apoyado psicológicamente a los acusados y sus familias, también mostró su satisfacción por la aprobación de la comisión investigadora.
Guzmán enfatizó que cualquier instancia que contribuya a terminar luego el proceso es un aporte significativo, ya que los jóvenes procesados y sus familiares están bajo mucho estrés.
Este juicio, en el que cuatro personas enfrentan cargos por colocación de artefactos explosivos entre 2005 y 2009, y otros dos por financiamiento, lleva cinco meses de audiencias sucesivas y que desde hace pocos días comenzó la presentación de pruebas por parte de la defensa, luego de que la fiscalía concluyera la misma labor con cerca de 130 testimonios de peritos y testigos.