Este miércoles fue el turno de las defensas de los ocho imputados en el caso que investiga las fallas en la evacuación durante el maremoto de febrero de 2010.
La audiencia comenzó con las palabras de Lisandro Godoy, abogado del ex teniente del Servicio Hidrográfico y Oceánico (SHOA), Mario Andina, quien es formalizado por haber realizado una errónea presunta asesoría al jefe del organismo, en su calidad de máxima autoridad del Sistema Nacional de Alerta de Maremoto.
El jurista citó el informe de la Policía de Investigaciones, que señala que a las 03:51 horas hubo una transmisión vía VHF en la cual se informaba a la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) de una “alerta de maremoto en curso” y que no es responsabilidad de su defendido que en el organismo hayan interpretado mal su mensaje.
Luego de esto vino la ponencia de Luciano Foullioux, abogado defensor de Carmen Fernández, que responsabilizó al ex subsecretario de interior Patricio Rosende de los cargos que le imputan a su defendida.
“Al subsecretario Rosende le dice ‘Patricio, aquí hay que evacuar, ya’. Entonces él le dice a Fernández ‘estás loca (…) pero si la Armada lo descartó, Carmen’. Y ella le insiste ‘la Armada dice que está evaluando’. Y él le responde, ‘no ha dicho eso’”, dijo Foullioux reproduciendo el diálogo que las autoridades habrían tenido esa madrugada.
El abogado agregó en su argumentación que todo este caso es parte de una “operación política” para desacreditar la figura de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
Al término de la audiencia el ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende, no abordó directamente la acusación presentada por la defensa de Fernández y recalcó que no hay responsabilidades penales por parte de ninguno de los imputados.
“Nadie de las personas imputadas en esta causa cometió delito ni siquiera la gente en el SHOA, porque cometer un error no es sinónimo de cometer un delito. La gente en el SHOA hizo de buena fe su mejor esfuerzo, como lo hicieron los funcionarios de la Onemi, como lo hice yo, como lo hicimos todos los que tuvimos que enfrentar esa fatídica madrugada los efectos de una catástrofe gigantesca” , aseguró Rosende.
Para el abogado de la Universidad de Chile, David Ibaceta, de haber culpabilidad por parte de los imputados, es probable que la justicia determine que el Estado pague una indemnización a las víctimas del maremoto.
“Si se logra determinar la falta de cuidado o servicio por parte de los órganos del Estado en su accionar y que como consecuencia se hayan generado estos perjuicios, como es la pérdida de estas personas, por supuesto que el Estado tendrá que meterse las manos en los bolsillos y pagar las indemnizaciones que la justicia en su momento determine”, señaló Ibaceta.
Se espera que este jueves culmine la exposición de los defensores, dando paso a la resolución del juez Daniel Urrutia que resolverá si se decreta la prisión preventiva para los acusados, como pide el abogado Raúl Meza, o bien, la firma y arraigo nacional como solicitan el resto de los querellantes y la fiscalía.