El ministerio de Medio Ambiente someterá a estudio de impacto ambiental el proyecto Centro Comercial Puerto Barón de Valparaíso, desechando así la petición inicial de la empresa para no someter el proyecto a este instrumento.
Con esta decisión la construcción del centro comercial podría experimentar un retraso entre uno y dos años, sumado a que aun no se define si se hará entrega, por parte de los responsables, de un estudio de impacto ambiental.
Para Jorge Bustos, dirigente portuario e integrante de la Coordinadora de Defensa de Ciudades Puerto, este proyecto no debe autorizarse debido a lo poco transparente de su desarrollo.
“Este proyecto está sucio, huele a podrido por esta relación incestuosa entre la política con la inmobiliaria y Falabella, que es dueña del 80 por ciento del negocio, pero a nosotros nos parece que la justificación para las acciones que han tomado los antiguos organismos tiene que ver con esta relación entre los negocios y la política. Nos parece que los Seremis anteriores pecaron de más políticos que de profesionales respecto de las cuestiones que estaban viendo”, explicó Jorge Burgos.
Por su parte Camilo Vargas, miembro de la Red Cabildo Patrimonial de Valparaíso asegura que este proyecto perjudicará a los pescadores artesanales del puerto.
En esa línea, el dirigente de la Red Cabildo Patrimonial señaló “lo que uno tiene que entender con la intervención del Mall Plaza es que en el fondo consume la mitad de todo el recinto portuario, que tiene 38 hectáreas y el Mall Plaza se emplazaría en 20 hectáreas. Además, tiene graves consecuencias en el sector sur porque le quita tanto terreno al puerto, que en el fondo todo el crecimiento portuario se tiene que concentrar en el sector sur del puerto y por consecuencia tendría que ir la caleta sudamericana y los pescadores artesanales del puerto”.
Además existe preocupación con respecto al futuro de este centro comercial, ya que su construcción se está realizando en una de las zonas inundables, en caso de maremoto, de Valparaíso.
Sandra Horn, arquitecto y activista comunal, cree que esto sólo pudo haber pasado por alto, debido a irregularidades al interior del municipio.
“Eso tiene que ver con la municipalidad, aunque las cartas del SHOA existan y siempre han existido, eso no significa que estén incluidas en el Plan Regulador y al no estar icluidas en el Plan, la Dirección de Obras se desentiende y señala que no hay ninguna restricción porque tampoco está incluido en el Plan que diga, que el SHOA tiene que revisar también los proyectos. Esa parte no existe”, afirmó la arquitecta.
El estudio de evaluación ambiental podría durar entre 3 a 6 meses y de encontrar irregularidades, el municipio se vería obligado a negar los permisos de construcción de las obras.