Después de cuatro días de formalización, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, decretó arraigo nacional para los ocho imputados en el caso que investiga las responsabilidades de la fallida alerta de maremoto de febrero de 2010.
De esta manera, el magistrado desestimó las medidas cautelares de firma mensual, solicitada por la Fiscalía y de prisión preventiva, que había requerido el abogado querellante, Raúl Meza.
Con esta resolución se acreditan los antecedentes presentados por el Ministerio Público, que luego de la formalización, permiten suponer el cuasidelito de homicidio en este caso.
Para Luciano Foullioux, abogado de la ex directora de la ONEMI Carmen Fernández, ahora resta resolver el tema de fondo.
“Vamos a estudiar en su mérito la resolución. Se abre un camino largo de investigación que está dentro de las posibilidades. El tribunal desestimó otras dos cautelares y ahora vamos a lo de fondo. Tenemos que ver el alcance de la carpeta completa y queda mucho para el juicio oral todavía”, precisó el jurista.
Por su parte Samuel Donoso, defensor del ex subsecretario de Interior Patricio Rosende insistió en que las decisiones que tomó su defendido aquella madrugada, fue sobre la base de las recomendaciones del SHOA y la ONEMI.
“Vamos a insistir en lo que ha sido nuestra línea argumental en estos días, que básicamente apunta a que Patricio Rosende ejerció aquella triste madrugada en nuestro país el rol de autoridad y, en consecuencia, no era especialista ni técnico. Por lo mismo, no tenía otra opción de hacer algo distinto a lo que hizo, que fue atenerse a lo que los organismos técnicos –el SHOA y la Onemi – le indicaban”, afirmó Donoso.
Uno de los que no se fue muy satisfecho de la audiencia fue el abogado querellante Raúl Meza, quien no descarta apelar a la resolución.
“Vamos a estudiar la resolución judicial con mucha profundidad. Nos vamos a hacer cargo de cada uno de los argumentos que planteó en su contenido la sentencia del juez de garantía y evidentemente que no descartamos presentar una apelación para que sea la Corte de Apelaciones la que evalúe si es procedente en este caso la medida más gravosa que es la prisión preventiva. Un tribunal superior de justicia debe considerar el tremendo dolor causado a estas familias”, sostuvo Meza.
La fiscalía, por su parte, valoró que el juez haya acreditado la presunción de delito como afirma el fiscal adjunto de este caso Andrés Castellanos.
“Eso está en proceso de evaluación y se comunicará más adelante si van a haber nuevas formalizaciones. El magistrado fue bastante claro en señalar que se cumplían los estándares para estimar que el delito y la participación de los acusados existen”, dijo.
El séptimo juzgado de garantía fijó en siete meses el plazo de investigación para este caso, aunque algunos abogados defensores anunciaron que solicitarán postergar el inicio del juicio oral
Después de cuatro días de formalización, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, decretó arraigo nacional para los ocho imputados en el caso que investiga las responsabilidades de la fallida alerta de maremoto de febrero de 2010.
De esta manera, el magistrado desestimó las medidas cautelares de firma mensual, solicitada por la Fiscalía y de prisión preventiva, que había requerido el abogado querellante, Raúl Meza.
Con esta resolución se acreditan los antecedentes presentados por el Ministerio Público, que luego de la formalización, permiten suponer el cuasidelito de homicidio en este caso.
Para Luciano Foullioux, abogado de la ex directora de la ONEMI Carmen Fernández, ahora resta resolver el tema de fondo.
“Vamos a estudiar en su mérito la resolución. Se abre un camino largo de investigación que está dentro de las posibilidades. El tribunal desestimó otras dos cautelares y ahora vamos a lo de fondo. Tenemos que ver el alcance de la carpeta completa y queda mucho para el juicio oral todavía”, precisó el jurista.
Por su parte Samuel Donoso, defensor del ex subsecretario de Interior Patricio Rosende insistió en que las decisiones que tomó su defendido aquella madrugada, fue sobre la base de las recomendaciones del SHOA y la ONEMI.
“Vamos a insistir en lo que ha sido nuestra línea argumental en estos días, que básicamente apunta a que Patricio Rosende ejerció aquella triste madrugada en nuestro país el rol de autoridad y, en consecuencia, no era especialista ni técnico. Por lo mismo, no tenía otra opción de hacer algo distinto a lo que hizo, que fue atenerse a lo que los organismos técnicos –el SHOA y la Onemi – le indicaban”, afirmó Donoso.
Uno de los que no se fue muy satisfecho de la audiencia fue el abogado querellante Raúl Meza, quien no descarta apelar a la resolución.
“Vamos a estudiar la resolución judicial con mucha profundidad. Nos vamos a hacer cargo de cada uno de los argumentos que planteó en su contenido la sentencia del juez de garantía y evidentemente que no descartamos presentar una apelación para que sea la Corte de Apelaciones la que evalúe si es procedente en este caso la medida más gravosa que es la prisión preventiva. Un tribunal superior de justicia debe considerar el tremendo dolor causado a estas familias”, sostuvo Meza.
La fiscalía, por su parte, valoró que el juez haya acreditado la presunción de delito como afirma el fiscal adjunto de este caso Andrés Castellanos.
“Eso está en proceso de evaluación y se comunicará más adelante si van a haber nuevas formalizaciones. El magistrado fue bastante claro en señalar que se cumplían los estándares para estimar que el delito y la participación de los acusados existen”, dijo.
El séptimo juzgado de garantía fijó en siete meses el plazo de investigación para este caso, aunque algunos abogados defensores anunciaron que solicitarán postergar el inicio del juicio oral
Después de cuatro días de formalización, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, decretó arraigo nacional para los ocho imputados en el caso que investiga las responsabilidades de la fallida alerta de maremoto de febrero de 2010.
De esta manera, el magistrado desestimó las medidas cautelares de firma mensual, solicitada por la Fiscalía y de prisión preventiva, que había requerido el abogado querellante, Raúl Meza.
Con esta resolución se acreditan los antecedentes presentados por el Ministerio Público, que luego de la formalización, permiten suponer el cuasidelito de homicidio en este caso.
Para Luciano Foullioux, abogado de la ex directora de la ONEMI Carmen Fernández, ahora resta resolver el tema de fondo.
“Vamos a estudiar en su mérito la resolución. Se abre un camino largo de investigación que está dentro de las posibilidades. El tribunal desestimó otras dos cautelares y ahora vamos a lo de fondo. Tenemos que ver el alcance de la carpeta completa y queda mucho para el juicio oral todavía”, precisó el jurista.
Por su parte Samuel Donoso, defensor del ex subsecretario de Interior Patricio Rosende insistió en que las decisiones que tomó su defendido aquella madrugada, fue sobre la base de las recomendaciones del SHOA y la ONEMI.
“Vamos a insistir en lo que ha sido nuestra línea argumental en estos días, que básicamente apunta a que Patricio Rosende ejerció aquella triste madrugada en nuestro país el rol de autoridad y, en consecuencia, no era especialista ni técnico. Por lo mismo, no tenía otra opción de hacer algo distinto a lo que hizo, que fue atenerse a lo que los organismos técnicos –el SHOA y la Onemi – le indicaban”, afirmó Donoso.
Uno de los que no se fue muy satisfecho de la audiencia fue el abogado querellante Raúl Meza, quien no descarta apelar a la resolución.
“Vamos a estudiar la resolución judicial con mucha profundidad. Nos vamos a hacer cargo de cada uno de los argumentos que planteó en su contenido la sentencia del juez de garantía y evidentemente que no descartamos presentar una apelación para que sea la Corte de Apelaciones la que evalúe si es procedente en este caso la medida más gravosa que es la prisión preventiva. Un tribunal superior de justicia debe considerar el tremendo dolor causado a estas familias”, sostuvo Meza.
La fiscalía, por su parte, valoró que el juez haya acreditado la presunción de delito como afirma el fiscal adjunto de este caso Andrés Castellanos.
“Eso está en proceso de evaluación y se comunicará más adelante si van a haber nuevas formalizaciones. El magistrado fue bastante claro en señalar que se cumplían los estándares para estimar que el delito y la participación de los acusados existen”, dijo.
El séptimo juzgado de garantía fijó en siete meses el plazo de investigación para este caso, aunque algunos abogados defensores anunciaron que solicitarán postergar el inicio del juicio oral
